Washington anunció este jueves un endurecimiento de su política de visados para ciudadanos de América Latina y el Caribe, afectando inicialmente a 26 personas, cuyas identidades y nacionalidades no fueron reveladas. La medida, comunicada por el Departamento de Estado, busca negar a las potencias adversarias la capacidad de poseer o controlar activos vitales o de amenazar la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos en nuestra región , expandiendo significativamente su política de restricción de visas.
Según el comunicado, esta política ampliada permite restringir las visas estadounidenses de nacionales de países de la región que financien, proporcionen apoyo significativo o lleven a cabo actividades consideradas adversas a los intereses de Estados Unidos en el hemisferio y que los socaven. Las actividades específicas que desencadenan estas restricciones incluyen permitir que potencias adversarias adquieran o controlen activos clave y recursos estratégicos, desestabilizar los esfuerzos de seguridad regional, socavar los intereses económicos estadounidenses y realizar operaciones de influencia diseñadas para socavar la soberanía y la estabilidad de las naciones de la región.
El Departamento de Estado confirmó que ya se han tomado medidas para imponer restricciones de visa a 26 personas en todo el hemisferio que, según su evaluación, han participado en estas actividades. La administración Trump, según el comunicado, utilizará todas las herramientas disponibles para proteger nuestros intereses de seguridad nacional .
Esta no es la primera vez que el gobierno estadounidense utiliza la prerrogativa de otorgar o revocar visados como herramienta de política exterior. Uno de los casos más notorios involucró al presidente colombiano Gustavo Petro. Tras su participación en una manifestación en Nueva York en septiembre, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se manifestó en contra de la guerra en Gaza y posó junto a una bandera palestina, Petro enfrentó una creciente tensión con la administración Trump.
La relación entre Trump y Petro se había deteriorado desde principios de año, cuando el mandatario colombiano rechazó la llegada de aviones con migrantes deportados desde Estados Unidos, una política que Trump estaba implementando con varios países de la región. En medio de esta disputa verbal, el Departamento de Estado retiró el visado a Petro y anunció sanciones contra él y miembros de su familia, alegando supuestos vínculos con el narcotráfico.
Posteriormente, estas sanciones fueron levantadas como parte de un proceso de normalización de las relaciones entre ambos presidentes, que culminó con una invitación a Petro a la Casa Blanca, donde se buscó un nuevo comienzo en la relación bilateral.
El Departamento de Estado enfatizó que no está obligado a divulgar los nombres de las personas afectadas por estas restricciones de visado, citando motivos de confidencialidad. Otro caso que generó controversia fue el anuncio en febrero pasado de la revocación de los visados de tres funcionarios chilenos no identificados, acusados de autorizar o financiar actividades que comprometieron la infraestructura crítica de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional . Chile negó categóricamente estas acusaciones.
En ese momento, el Departamento de Estado no ofreció detalles adicionales sobre los funcionarios involucrados, pero criticó al gobierno del entonces presidente chileno, Gabriel Boric. El secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que el legado del gobierno de Boric quedará aún más empañado por acciones que socavan la seguridad regional en detrimento último del pueblo chileno . Rubio también insistió en que Estados Unidos continuaría promoviendo la rendición de cuentas de los ciudadanos chilenos que deliberadamente trabajan para desestabilizar nuestro hemisferio .
El comunicado del Departamento de Estado también expresó la expectativa de avanzar en las prioridades compartidas, incluyendo aquellas que fortalecerían la seguridad en el hemisferio, con el gobierno del conservador José Antonio Kast, quien había ganado las elecciones presidenciales chilenas tres semanas antes.
La política de restricción de visados de Estados Unidos, por lo tanto, se presenta como una herramienta para proteger sus intereses de seguridad nacional en la región, aunque su aplicación ha generado tensiones diplomáticas y controversias en el pasado, como se evidencia en los casos de Colombia y Chile. La falta de transparencia en la identificación de los individuos afectados por estas restricciones continúa siendo un punto de debate y preocupación.
