El abogado constitucionalista Natale Amprimo considera insostenible la permanencia de Piero Corvetto al frente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ante las investigaciones que pesan sobre él y la posibilidad de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) emita una medida cautelar para suspenderlo del cargo. Amprimo señaló que la situación actual de Corvetto exige elegancia republicana y una posible renuncia voluntaria.
Las declaraciones de Amprimo se producen en un contexto de creciente controversia en torno a la gestión de Corvetto, especialmente tras las demoras en el traslado del material electoral durante las recientes elecciones, y la posterior denuncia presentada ante la Fiscalía por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) contra Corvetto y otros tres funcionarios de la ONPE.
El constitucionalista argumentó que, si bien la Ley Orgánica de la ONPE establece que el jefe de la institución no debe abandonar el proceso electoral, esta premisa no aplica en la situación actual, ya que no se encuentra en pleno desarrollo de una elección. Además, Amprimo advirtió que la investigación fiscal podría llevar a la emisión de una medida limitativa de la libertad de Corvetto, lo que, según la ley, justificaría su apartamiento del cargo.
Yo digo que eso es una posibilidad. Podría darse, por supuesto que podría darse. Hoy día hay una investigación en curso, que puede ser formalizada, y dentro de ello podría haber un pedido. Esa es otra posibilidad. La ley cuando dice que no se puede apartar al jefe de la ONPE, no se pone en un supuesto de la emisión de una medida restrictiva a la libertad , enfatizó Amprimo en declaraciones a RPP.
Corvetto compareció el pasado martes 14 de abril ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder a las preguntas sobre las demoras en el traslado del material electoral en el distrito de Lima. En su defensa, Corvetto negó la existencia de graves irregularidades y atribuyó lo sucedido a un error puntual extraordinario , responsabilizando a la Gerencia de Gestión Electoral y, específicamente, a la Subgerencia de Producción Electoral.
Sin embargo, Amprimo calificó estas declaraciones como cobardes , argumentando que Corvetto, como responsable constitucional de la organización de los procesos electorales y la elaboración de la cédula de sufragio, no puede eludir su responsabilidad.
Esa declaración del señor Corvetto es totalmente, para mí, cobarde. El artículo 182 de la Constitución dice que le corresponde al jefe de la ONPE organizar todos los procesos electorales, así como la elaboración y el diseño de la cédula de sufragio [...] Dice, además, literalmente, que al jefe de la ONPE le corresponde la entrega de actas y demás material necesario para los escrutinios. Él es el responsable constitucional , declaró Amprimo.
La controversia se agudiza en un momento en que la ONPE ha publicado recientemente los resultados del sorteo de miembros de mesa para las elecciones generales de 2026, un proceso crucial para garantizar la transparencia y la legitimidad de los comicios futuros. La posible suspensión o renuncia de Corvetto podría generar incertidumbre en la organización de estos procesos y afectar la confianza pública en la ONPE.
La JNJ, que ya ha iniciado un proceso contra Corvetto, deberá evaluar la posibilidad de emitir una medida cautelar para suspenderlo del cargo, considerando la gravedad de las acusaciones y la necesidad de garantizar la imparcialidad y la transparencia en la gestión de la ONPE. La decisión de la JNJ podría tener un impacto significativo en el futuro de la institución y en la organización de las próximas elecciones.
La Fiscalía, por su parte, continuará con la investigación para determinar si existen indicios de delito en las acciones de Corvetto y otros funcionarios de la ONPE. Si se encuentran pruebas suficientes, se podría solicitar una medida de restricción de la libertad de Corvetto, lo que aceleraría su apartamiento del cargo.
La situación de Piero Corvetto se presenta como un desafío para la estabilidad de la ONPE y para la confianza en el sistema electoral peruano. La resolución de este caso dependerá de las decisiones de la JNJ y de la Fiscalía, así como de la propia voluntad de Corvetto de asumir su responsabilidad y preservar la integridad de la institución que dirige. La comunidad política y la ciudadanía observan con atención el desarrollo de estos acontecimientos, esperando una solución que garantice la transparencia y la legitimidad de los procesos electorales en el país.
