El Centro Democrático denuncia que más de la mitad de los votos del Pacto Histórico en el Senado provienen de municipios con fuerte presencia de grupos armados ilegales, generando interrogantes sobre la libertad y autonomía del voto en esas regiones. La denuncia será presentada formalmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 21 de abril de 2026, por los congresistas José Jaime Uscátegui, Marelen Castillo y María Angélica Guerra.
El informe, elaborado por Víctor Mosquera Marín Abogados y al que tuvo acceso la revista Semana, revela que el 55% de los 4.413.636 votos que obtuvo el Pacto Histórico para el Senado provinieron de 126 municipios identificados como zonas bajo el control o la disputa de organizaciones armadas ilegales, incluyendo disidencias de las Farc. La sistematización de datos oficiales indica que en estos municipios, la coalición oficialista recibió 2.423.844 votos.
El documento detalla que en 65 de estos 126 municipios, el Pacto Histórico se ubicó en el primer lugar, en 19 en el segundo y en 42 en el tercero. En muchos de estos territorios, la fuerza gubernamental alcanzó porcentajes de votación superiores al 20%, 30%, 40% e incluso superó el 50% en al menos 15 municipios. Las regiones más afectadas, según el informe, son Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Meta, Norte de Santander y sectores de Antioquia.
El Centro Democrático argumenta que el conflicto armado en estas zonas incide directamente en la vida civil, la movilidad y el ejercicio efectivo de los derechos políticos. Si bien el informe no acusa de órdenes explícitas para inducir el voto ni de prohibición de campañas, sí describe la existencia de mecanismos complejos de control social, restricciones a la movilidad, vetos a candidaturas y un ambiente general de intimidación que podría limitar la deliberación política y la autonomía del elector.
Los autores del informe enfatizan que la denuncia no busca deslegitimar el voto de los ciudadanos ni establecer una relación causal directa entre el control armado y los resultados electorales. El riesgo, según el documento, es de orden estructural: Allí donde el control armado condiciona la deliberación pública, restringe la circulación de opciones políticas y debilita la autonomía del elector, se compromete directamente el principio democrático .
El análisis metodológico presentado subraya que el problema trasciende circunstancias coyunturales o partidistas, siendo más grave en contextos donde actores armados y economías ilícitas refuerzan dinámicas que reproducen prácticas clientelistas o coaccionan a las comunidades, reduciendo la posibilidad de una deliberación electoral genuina. Los firmantes insisten en que el informe no acusa fraude ni responsabiliza a los ciudadanos, sino que alerta sobre la debilidad de la autonomía electoral en estos entornos, lo que afecta la pluralidad y legitimidad del proceso democrático colombiano.
El informe también destaca amenazas directas a la oposición, citando como ejemplo el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Se señala que estas agresiones no son hechos aislados, sino que configuran un patrón estructural que compromete la seguridad para hacer campaña. Además, se mencionan las amenazas recibidas por la candidata presidencial Paloma Valencia, incluyendo la difusión de imágenes de coronas fúnebres en redes sociales y ataques contra sus sedes de campaña, evidenciando, según los congresistas, un resurgimiento de la violencia política en el país y obstaculizando la participación en condiciones de igualdad para los líderes opositores.
El análisis concluye que estos episodios dificultan que las propuestas de la oposición compitan sin temor a represalias o atentados en el actual proceso electoral.
Adicionalmente, el Centro Democrático denuncia un posible uso de la infraestructura estatal para favorecer a candidatos del Gobierno. El informe plantea preocupaciones sobre el uso indebido de recursos oficiales, lo que alimenta la suspicacia y los cuestionamientos respecto a la legitimidad de las elecciones. Se denuncia una campaña permanente por parte del Estado colombiano, lo que comprometería la neutralidad e imparcialidad de los funcionarios públicos.
También se expone la existencia de un discurso oficial que pone en duda los resultados electorales adversos, fenómeno denominado como negacionismo electoral , atribuido al presidente Gustavo Petro y a grupos de parlamentarios oficialistas. Este entorno, según el informe, erosiona la confianza pública en entidades como la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral (CNE), incrementando la percepción de fraude sistémico y abriendo la puerta a posibles crisis de gobernabilidad tras la elección.
Los autores concluyen que la convergencia del uso institucional, los discursos de sospecha y la persistencia de la violencia política representan una amenaza directa para la fortaleza democrática de Colombia. La presentación del informe ante la CIDH busca generar un debate internacional sobre la situación y fortalecer las garantías para la participación política en Colombia, especialmente en las zonas afectadas por el conflicto armado.
