La Contraloría General de la República ha detectado serias irregularidades en el servicio prestado por la empresa Galaga a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para la distribución del material electoral de las Elecciones Generales 2026. Un informe al que accedió El Comercio evidencia que la empresa no cumplió con lo estipulado en el contrato, lo que provocó retrasos significativos en la entrega del material a varios locales de votación en Lima Sur, poniendo en riesgo la apertura oportuna de las mesas electorales.
El equipo de la Contraloría, tras visitar dos locales de la Gerencia de Gestión Electoral de la ONPE en Lurín, identificó al menos tres situaciones adversas que pudieron afectar la continuidad del proceso de distribución. El informe, elaborado entre el 8 y 13 de abril, detalla que el cronograma de salida de las unidades vehiculares no se respetó. Según información proporcionada por la Gerencia de Gestión Electoral al Órgano de Control Institucional de la ONPE, 168 rutas debían partir el viernes 10 de abril a las 22:00 horas, y 49 rutas el sábado 11 de abril a las 07:00 horas. Sin embargo, el personal de seguridad del local Lurín Live informó que la última unidad vehicular no salió hasta las 5:51 am del 12 de abril, lo que constituye un claro incumplimiento del cronograma establecido.
Las demoras, según la ONPE, se originaron en problemas de organización de paquetes y embalajes para el despacho de equipos por parte del área de Gestión de Material Electoral. Lo preocupante es que, al momento de levantar el acta, los responsables de estas áreas no se encontraban laborando. Además, la ONPE reconoció haber utilizado más unidades vehiculares de las 217 inicialmente programadas para el traslado del material electoral y 217 para el despliegue de equipos informáticos, sin ofrecer una justificación o sustento adecuado para este incremento.
La Contraloría también constató que los conductores y vehículos propuestos inicialmente por Galaga no fueron los que finalmente se utilizaron en el despliegue. Una inspección realizada el 10 de abril en los locales de la ONPE en Lurín reveló que, de una muestra de 15 conductores, cinco conductores y tres vehículos no correspondían a los ofrecidos por Servicios Generales Galaga. Esta discrepancia, según el órgano de control, implica un incumplimiento de las condiciones estipuladas en el contrato.
Otro punto crítico señalado por la Contraloría es que cuatro de los 60 conductores de Galaga examinados contaban con papeletas de tránsito calificadas como muy graves, lo que contraviene los términos de referencia del contrato, que exigen que los choferes no tengan este tipo de infracciones en los últimos 12 meses.
Luis Castillo Torrealva, vocero de la Contraloría, informó a El Comercio que se remitieron a la ONPE un total de 274 informes, pero que más del 83% de las situaciones de riesgo o adversas alertadas no fueron implementadas por la entidad electoral. Castillo recordó que, el 24 de marzo, ya se había advertido a la ONPE sobre el incumplimiento de algunos requisitos técnicos por parte de los conductores presentados por Galaga, lo que ponía en riesgo la gestión y conducción de los vehículos.
Un equipo de la Contraloría visitó el local de la ONPE el viernes 10 de abril para evaluar el estado de los vehículos y la cantidad que se emplearía para cubrir las 217 rutas definidas para la distribución del material electoral en Lima Metropolitana. En ese momento, ya se evidenció un retraso en la salida de las unidades. Entre la ONPE y la empresa no había coordinación logística, lo que generó retrasos, salidas a destiempo y un impacto directo en el cronograma , explicó Castillo. A pesar de la alerta, la ONPE no tomó medidas correctivas.
La Contraloría volvió a inspeccionar el local de la ONPE el mediodía del domingo 12 de abril, con la expectativa de que todo el material ya estuviera fuera del almacén. Sin embargo, se constató que vehículos seguían saliendo y que se había aplicado una restructuración de las rutas de entrega, lo que provocó que algunos vehículos realizaran recorridos de hasta 20 horas entre el sábado y el domingo. Las furgonetas estaban entregando material, pero las rutas habían sido modificadas. El plan inicial de 217 rutas se redistribuyó, lo que generó que material destinado a Surco se transportara en el mismo vehículo que material para Lurín , detalló Castillo.
Además, la Contraloría detectó que no se realizó un monitoreo en tiempo real de los GPS de los vehículos, a pesar de que esta función estaba contemplada en el contrato entre Galaga y la ONPE. Era importante monitorear las rutas, ya que se estaba transportando material electoral , enfatizó Castillo. El material electoral debía estar en los locales de votación a más tardar a la medianoche del sábado para garantizar la apertura oportuna de las mesas el domingo.
La Contraloría finalizará la recopilación de información sobre el traslado y repliegue del material electoral para determinar las presuntas irregularidades y, de ser el caso, iniciar los servicios de control posterior. Castillo precisó que las responsabilidades identificadas involucrarán solo a los servidores y funcionarios de la ONPE. Las sanciones a la empresa Galaga serán comunicadas por la entidad electoral al Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE).
La Contraloría ha anunciado un mayor escrutinio en la segunda vuelta de los comicios para asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera adecuada. Mónica Yaya, especialista en contrataciones del Estado, señaló que los términos de referencia del contrato ganado por Galaga fueron deficientes, ya que no se exigió a la empresa que acreditara de manera fehaciente la disponibilidad de los vehículos necesarios para el transporte del material electoral. No se exigió que el ofertante acreditara la disponibilidad de todos los vehículos necesarios, identificados con sus placas. Si se hubiera hecho, Galaga no habría estado buscando vehículos después de ganar la buena pro , concluyó Yaya.
