El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha sancionado una reforma constitucional que introduce la cadena perpetua como pena para delitos graves, incluyendo homicidio, feminicidio, violación y pertenencia a pandillas. La medida, aprobada por la Asamblea Legislativa en marzo con mayoría oficialista, extiende esta severa sanción a menores de edad a partir de los 12 años, generando controversia y críticas a nivel nacional e internacional.
La reforma establece que la cadena perpetua se aplicará tanto a autores como a cómplices de los delitos mencionados. Si bien la normativa contempla una revisión obligatoria de la pena en ciertos casos, especialmente cuando se trata de menores de edad o delitos con agravantes, la posibilidad de que jóvenes de tan solo 12 años enfrenten una condena de por vida ha suscitado fuertes cuestionamientos sobre el respeto a los derechos humanos y las garantías procesales.
Según la nueva legislación, los jueces deberán realizar un análisis exhaustivo de la pena perpetua en cada caso, evaluando la posibilidad de aplicar un régimen de libertad controlada bajo ciertas reglas . Esta revisión se realizará obligatoriamente cada cinco años, a partir de un período de cumplimiento de la pena que varía según la edad del condenado y la gravedad del delito: 25 años para menores, 30 años para adultos, 35 años para adultos con múltiples condenas y 40 años para delitos con agravantes.
Esta modificación legal representa un cambio significativo en la Ley Penal Juvenil salvadoreña, que anteriormente establecía una pena máxima de hasta 20 años de prisión para menores de 16 años involucrados en actividades de pandillas, y la mitad de esa pena para aquellos menores de 12 años. La administración de Bukele justificó la reforma argumentando la necesidad de combatir la violencia y el crimen organizado en el país, especialmente la amenaza que representan las pandillas.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, declaró al presentar la iniciativa en marzo que se busca traer ese juzgamiento a las penas de cadena perpetua aún en el caso de menores de edad, así como estamos tratando a los menores de edad que pertenecen a organizaciones terroristas que cometan estos delitos. Esta declaración refleja la postura del gobierno de equiparar a los jóvenes involucrados en pandillas con terroristas, lo que ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos.
La sanción de esta reforma constitucional se produce en un contexto de otras modificaciones a la Constitución salvadoreña que han generado preocupación en sectores de la sociedad civil y la comunidad internacional. Entre estas reformas se encuentra un proyecto para eliminar los límites al mandato presidencial, lo que permitiría a Bukele permanecer en el poder indefinidamente. Estas acciones han sido interpretadas como un debilitamiento de la democracia en El Salvador y un intento de consolidar el poder en manos del presidente.
La implementación de estas medidas se enmarca en la guerra contra las pandillas salvadoreñas que Bukele lanzó en marzo de 2022, declarando el estado de emergencia. Durante este período, se han llevado a cabo operativos masivos de detención, con un alto número de arrestos, muchos de los cuales han sido cuestionados por la falta de garantías procesales y la detención arbitraria de personas sin pruebas suficientes.
La reforma constitucional que introduce la cadena perpetua para menores de edad ha generado un debate sobre la proporcionalidad de la pena y el respeto a los derechos de los niños y adolescentes. Organizaciones de derechos humanos han advertido que esta medida podría violar las convenciones internacionales sobre los derechos del niño y que no contribuye a la rehabilitación y reinserción social de los jóvenes infractores.
La comunidad internacional ha expresado su preocupación por la deriva autoritaria del gobierno de Bukele y el impacto de sus políticas en el estado de derecho y los derechos humanos en El Salvador. La imposición de la cadena perpetua a menores de edad representa un paso más en esta dirección, que podría tener consecuencias negativas para la imagen y la credibilidad del país a nivel internacional.
La reforma constitucional ha sido defendida por el gobierno de Bukele como una medida necesaria para garantizar la seguridad ciudadana y combatir la violencia. Sin embargo, sus críticos argumentan que esta medida es desproporcionada, inhumana y que no aborda las causas estructurales de la violencia en El Salvador, como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades para los jóvenes.
El futuro de la justicia penal juvenil en El Salvador es incierto tras la aprobación de esta reforma constitucional. La aplicación de la cadena perpetua a menores de edad podría tener un impacto devastador en sus vidas y en sus familias, y podría perpetuar el ciclo de violencia y criminalidad en el país. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos seguirán de cerca la implementación de esta medida y exigirán al gobierno de Bukele que respete los derechos humanos y las garantías procesales de todos los ciudadanos, incluyendo a los jóvenes infractores.
