El Salvador enfrenta una creciente represión estatal contra defensores de derechos humanos, periodistas y opositores políticos, especialmente desde la implementación del régimen de excepción en marzo de 2022. Esta investigación revela cómo el gobierno del presidente Nayib Bukele ha utilizado diversas tácticas, incluyendo arrestos arbitrarios, hostigamiento judicial, vigilancia y ataques en redes sociales, para silenciar a quienes critican sus políticas y desafían su poder. La situación se ha agravado con la aprobación de reformas electorales que consolidan el control del partido de Bukele en la Asamblea Legislativa y limitan la participación ciudadana.
Ángel Flores, coordinador regional del Movimiento Indígena para la Articulación de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA), se ha convertido en un objetivo por su oposición a la construcción del Aeropuerto del Pacífico en La Unión. Desde 2021, ha enfrentado ataques, seguimientos y restricciones judiciales, culminando con la persecución de otros miembros de MILPA, como José Abel Claro Martínez, Walter Francisco Paz y Óscar René Martínez Iglesias, acusados sin pruebas de pertenecer a pandillas. El régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales y permite detenciones sin orden judicial, ha sido clave en esta represión, generando denuncias de violaciones masivas de derechos humanos, incluyendo capturas arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas.
La represión estatal no opera de forma aislada, sino que se articula con intereses empresariales y estructuras del crimen organizado que buscan controlar el territorio. Un ejemplo de esto es el caso de la empresa Desarrollos Turísticos del Pacífico, S.A. de C.V., que comenzó a cercar zonas de playa en la comunidad de El Icacal, incluyendo áreas protegidas y terrenos habitados por familias locales, con el objetivo de desarrollar un proyecto turístico. Paralelamente, la persecución contra la resistencia comunitaria se intensificó, con el arresto de seis pescadores vinculados a la defensa de la comunidad, cinco de los cuales permanecen en prisión. Además, hombres encapuchados irrumpieron en la vivienda de una familia local, amenazándolos de muerte si no abandonaban la zona.
Nayib Bukele ha negado rotundamente la existencia de represión o persecución a voces críticas, asegurando ante las Naciones Unidas que en El Salvador no se encarcela a la oposición, no se censuran opiniones ni se confiscan bienes. Sin embargo, la realidad contradice sus afirmaciones. Desde 2019, su gobierno ha impulsado ataques y estigmatización contra críticos, ha ahogado legalmente a organizaciones de la sociedad civil y ha arrestado a más de una treintena de defensores de derechos humanos, provocando el exilio de cientos de salvadoreños por motivos políticos.
El modelo de seguridad de El Salvador, basado en arrestos masivos y la concentración de poder, ha sido elogiado por líderes políticos en Latinoamérica, como Javier Milei en Argentina y Daniel Noboa en Ecuador, e incluso por Donald Trump, quien lo ha llamado su persona favorita . En 2025, la administración Trump envió a decenas de migrantes salvadoreños y venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, donde sufrieron torturas, abusos sexuales y desapariciones forzadas, según un informe de Human Rights Watch (HRW) y Cristosal.
La represión no comenzó con el régimen de excepción. Una línea de tiempo reconstruida por FOCOS revela un proceso gradual de cierre del espacio cívico, que comenzó en 2020 con ataques contra periodistas y exfuncionarios, y se intensificó con la llegada del partido de Bukele, Nuevas Ideas, a la Asamblea Legislativa en 2021. Los diputados de Bukele destituyeron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General, y aprobaron reformas judiciales para remover a jueces incómodos y nombrar a abogados afines, consolidando un sistema de justicia sometido al poder ejecutivo.
En mayo de 2025, la situación se agravó con la captura de Ruth López, jefa de la Unidad Anticorrupción de Cristosal, y del abogado constitucionalista Enrique Anaya, lo que provocó un exilio masivo de defensores de derechos humanos, abogados y periodistas. Más de 80 personas se vieron obligadas a abandonar el país tras la captura de López, quien había sido nombrada una de las 100 mujeres más influyentes del mundo por la BBC.
Malcolm Cartagena, exformador electoral, también se vio obligado a exiliarse tras ser objeto de vigilancia y hostigamiento por parte de las autoridades. Cartagena, quien padece insuficiencia renal crónica, temía ser arrestado y morir bajo custodia estatal. Su caso ilustra cómo el gobierno de Bukele ha utilizado tácticas de intimidación y persecución para silenciar a quienes critican sus políticas electorales y denuncian irregularidades.
Vidalina Morales, líder antiminera, ha enfrentado amenazas y hostigamiento por su oposición a la reanudación de la minería metálica en El Salvador. A pesar de las presiones, ha continuado denunciando las violaciones de derechos humanos y defendiendo el medio ambiente. Su caso demuestra la valentía y la determinación de los defensores de derechos humanos en El Salvador, quienes arriesgan sus vidas para proteger los derechos de las comunidades más vulnerables.
La situación en El Salvador es alarmante. La represión estatal, la impunidad y el cierre del espacio cívico amenazan la democracia y el estado de derecho. La comunidad internacional debe prestar atención a lo que está sucediendo en El Salvador y exigir al gobierno de Bukele que respete los derechos humanos, garantice la libertad de expresión y ponga fin a la persecución contra defensores de derechos humanos, periodistas y opositores políticos. La defensa de la democracia y los derechos humanos en El Salvador es una responsabilidad compartida.
