Padres de familia en Puebla exhibieron un video que muestra un cuarto acondicionado como vivienda dentro del colegio privado Carrusel Magone, ubicado en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas. Los menores y sus padres denuncian que este espacio, conocido como el cuarto oscuro , era utilizado para castigar y presuntamente abusar sexualmente de los alumnos, generando una ola de indignación y exigencias de investigación.
El colegio Carrusel Magone, que atiende a estudiantes de preescolar y primaria, se encuentra en la calle Camino Nacional 8511. La denuncia coincide con un aumento reportado de casos de abuso sexual infantil durante las vacaciones de fin de año, lo que agrava la preocupación de las autoridades y la sociedad civil.
El video, de poco más de dos minutos de duración, revela un cuarto completamente habilitado para ser habitado, lo que ha encendido las alarmas entre la comunidad educativa. El espacio, señalado por los niños como un lugar de castigo y posibles abusos, no es un aula ni un área administrativa, sino una casa-habitación adyacente a las instalaciones escolares.
Dentro del cuarto se observan dos camas, una matrimonial y otra individual con cobijas de caricaturas. Alrededor de ellas, anaqueles con ropa, sillas de plástico, una grabadora y un mueble multifuncional que sirve como librero, escritorio, tocador y almacenamiento de artículos de higiene personal. Las paredes están pintadas de azul por un lado y crema por el otro.
Sin embargo, el cuarto no solo funcionaba como dormitorio. También cuenta con un sillón rojo, un refrigerador, una estufa, un comedor de madera, una barra con utensilios, despensa y garrafones de agua, asemejándose a una vivienda improvisada dentro del plantel educativo.
El acceso al cuarto oscuro se realiza a través de una puerta conectada directamente al patio escolar, donde los alumnos de preescolar juegan y realizan actividades. El video muestra a madres de familia ingresando al lugar y recorriéndolo con visible consternación.
A pocos pasos, el cuarto se conecta mediante un pasillo completamente oscuro con otra puerta que conduce al salón de música, lo que aumenta la preocupación por la cercanía del espacio con áreas de uso común de los estudiantes. La iluminación del cuarto se limita a un solo foco, mientras que el pasillo que conduce a él permanece en completa oscuridad, lo que, según testimonios, generaba temor a los niños que eran encerrados allí.
De acuerdo con los relatos de padres y madres de familia, una maestra habría solicitado permiso para habitar temporalmente el cuarto, argumentando que su casa se había incendiado. No obstante, esta situación se habría prolongado por al menos cuatro años, sin que se informara a los padres de familia.
La molestia creció cuando los menores comenzaron a hablar de la existencia de un cuarto secreto dentro de la escuela. Al preguntar a la dirección del plantel, aseguran que siempre negaron la existencia de dicho espacio, lo que ahora incrementa la desconfianza e indignación.
¿Cómo es posible que nuestros hijos nos advirtieran y nadie hiciera nada? , cuestionan algunos padres, quienes ahora temen por la integridad de los menores. Exigen una investigación exhaustiva, sanciones para los responsables y garantías de seguridad para los estudiantes. También demandan transparencia por parte de la institución educativa y acompañamiento de las autoridades para esclarecer lo ocurrido.
Ante la gravedad de la denuncia, la Secretaría de Educación Pública (SEP) del estado de Puebla informó que ya inició una investigación, reconociendo la preocupación de las familias por la seguridad de sus hijos. La dependencia aseguró que el proceso se realizará conforme al marco legal, priorizando los derechos de la niñez. Mientras tanto, las clases para los estudiantes se han suspendido temporalmente y se impartirán en línea.
La SEP no ha emitido declaraciones adicionales sobre los hallazgos preliminares de la investigación ni sobre las posibles medidas disciplinarias que se tomarán en caso de confirmarse las acusaciones. La comunidad educativa y la sociedad en general esperan que se haga justicia y que se proteja a los menores de cualquier forma de abuso y maltrato. El caso ha generado un debate sobre la necesidad de fortalecer los protocolos de seguridad en las escuelas privadas y públicas, así como la importancia de la comunicación abierta entre padres, maestros y autoridades educativas.
