El informe final del Grupo Interdisciplinario de Personas Expertas Independientes (GIEI) sobre el asesinato de la defensora indígena Lenca Berta Cáceres, ocurrido el 2 de marzo de 2016, representa un paso crucial hacia la justicia y la verdad, afirmó hoy Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de defensores de los derechos humanos de la ONU. Lawlor expresó su profunda preocupación por las continuas amenazas que enfrentan los defensores de derechos humanos en Honduras, destacando que, a diez años del asesinato de Cáceres, las brechas sistémicas en su protección persisten.
Berta Cáceres fue asesinada en su domicilio como represalia por su firme defensa de los derechos del pueblo Lenca en la comunidad de Río Blanco, específicamente en su oposición al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Si bien el sistema judicial hondureño ha condenado a los autores materiales del crimen, la investigación sobre los autores intelectuales y las personas involucradas en el financiamiento del asesinato no ha avanzado de manera adecuada.
El GIEI, creado para investigar a fondo los hechos relacionados con el asesinato de Cáceres y otros casos similares, propuso un plan de reparación integral y garantías de no repetición. Su informe final, publicado el 12 de enero de 2026, concluye que la muerte de Cáceres fue el resultado de una operación criminal meticulosamente planificada y ejecutada por una estructura organizada que involucró a diversos actores, incluyendo sicarios y directivos empresariales.
El informe del GIEI pone de manifiesto un preocupante contexto de encubrimiento y omisión por parte de agentes estatales y financistas internacionales. La Relatora Especial Lawlor enfatizó que el asesinato de Cáceres se produjo en un contexto marcado por la violencia estructural contra los defensores de los derechos indígenas, territoriales y medioambientales, una situación que lamentablemente continúa vigente en Honduras.
El Estado tiene la obligación ineludible de sancionar a los responsables, reparar a las víctimas y asegurar garantías de no repetición, lo que implica incluso la modificación de las estructuras que permiten la continuación de amenazas, hostigamiento y ataques contra las personas defensoras , declaró Lawlor.
La Relatora Especial también señaló un incremento reciente y preocupante de la violencia y las amenazas dirigidas contra los defensores de derechos humanos en Honduras, especialmente contra las defensoras indígenas. En este sentido, instó al gobierno hondureño a garantizar medidas de protección colectiva e integral para estas personas, que evalúen el riesgo desde una perspectiva de género y consideren los factores estructurales de violencia y criminalización, así como las amenazas vinculadas a proyectos extractivos.
Lawlor subrayó la necesidad de que Honduras garantice medidas de protección colectiva e integral a las personas defensoras, que evalúen el riesgo desde una perspectiva de género y contemplen factores estructurales de violencia y criminalización, así como las amenazas vinculadas a proyectos extractivos.
La Relatora Especial instó a la plena implementación de las recomendaciones del Grupo de Expertos y confirmó que mantiene un contacto continuo con el Gobierno de Honduras para abordar este tema. El GIEI fue establecido en febrero de 2025 a través de un acuerdo suscrito por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado de Honduras y la parte representante.
El informe del GIEI no solo arroja luz sobre las circunstancias del asesinato de Berta Cáceres, sino que también expone las profundas deficiencias en el sistema de justicia y protección de los derechos humanos en Honduras. La falta de investigación efectiva sobre los autores intelectuales y los financistas del crimen, junto con el contexto de impunidad y violencia estructural, socavan la confianza en las instituciones y perpetúan la inseguridad de los defensores de derechos humanos en el país.
La Relatora Especial Lawlor enfatizó que la implementación de las recomendaciones del GIEI es fundamental para garantizar que se haga justicia en el caso de Berta Cáceres y para prevenir futuros ataques contra los defensores de derechos humanos en Honduras. Esto requiere un compromiso firme por parte del gobierno hondureño para abordar las causas estructurales de la violencia, fortalecer el sistema de justicia y garantizar la protección efectiva de las personas que defienden los derechos humanos y el medio ambiente.
El caso de Berta Cáceres se ha convertido en un símbolo de la lucha por la justicia y la defensa de los derechos humanos en América Latina. Su asesinato puso de manifiesto los riesgos que enfrentan los defensores de derechos humanos en la región, especialmente aquellos que se oponen a proyectos extractivos que amenazan los derechos de las comunidades indígenas y el medio ambiente. El informe del GIEI representa un paso importante en el camino hacia la verdad y la justicia, pero aún queda mucho por hacer para garantizar que se haga justicia en el caso de Berta Cáceres y para proteger a los defensores de derechos humanos en Honduras y en toda la región.
