El Senado de la República aprobó por unanimidad reformas al artículo 73 constitucional, facultando al Congreso para expedir una ley general en materia de feminicidio. Esta legislación busca establecer un tipo penal y sanciones homogéneas a nivel nacional, así como estandarizar los procesos de investigación y fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno: Federación, estados y municipios.
La propuesta, presentada por el Poder Ejecutivo, fue avalada con 109 votos a favor y ahora será turnada a la Cámara de Diputados para su análisis y votación. Durante el debate, la oposición solicitó que la reforma vaya acompañada de la asignación de recursos suficientes, advirtiendo que, de lo contrario, podría convertirse en una medida meramente formal sin impacto real.
En la presentación del dictamen, Enrique Inzunza, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, enfatizó que esta reforma representa una decisión de Estado para enfrentar el feminicidio, un delito que exige una respuesta contundente y coordinada. Subrayó que la situación actual se caracteriza por una dispersión normativa y criterios heterogéneos que dificultan una actuación uniforme frente a este tipo de crímenes.
Inzunza explicó que México cuenta con 33 códigos penales diferentes uno por cada entidad federativa y uno federal , lo que genera disparidades en los criterios y agravantes aplicados en cada estado. Esta falta de homologación resulta en procesos judiciales expeditos en algunas regiones y lentos o inciertos en otras. Esta fragmentación normativa no sólo conlleva desigualdad, sino también impunidad y en este tema, la impunidad genera dolor , afirmó.
La modificación legislativa propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum tiene como objetivo sentar las bases para una legislación general que unifique criterios, homologue tipos penales y las sanciones correspondientes, defina estándares de investigación con perspectiva de género y promueva la coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno. El propósito fundamental es garantizar que todas las mujeres en México tengan el mismo acceso a la justicia, independientemente del lugar donde se cometa el delito. Se busca que la calidad de la investigación y la posibilidad de sancionar a los responsables no dependan de la ubicación geográfica del crimen, sino que el Estado mexicano responda con la misma firmeza a la violencia feminicida en todo el país.
Oscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, destacó que esta reforma es un paso firme para que el Estado mexicano actúe como un frente unido en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, construyendo un muro sólido y resistente con el apoyo de la sociedad. Añadió que se busca castigar con todo el rigor de la ley a quienes agredan a mujeres, niñas y adolescentes de manera cobarde.
El senador Juan Carlos Loera de la Rosa, durante su participación en la tribuna, evocó los casos de mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, señalando que esta ciudad es el epicentro de una herida nacional aún abierta. Recordó que en Ciudad Juárez se documentaron los primeros patrones de lo que hoy se reconoce como feminicidio, incluyendo cuerpos abandonados y mutilados, investigaciones negligentes y una justicia tardía. Desde entonces, la tragedia se ha replicado en todo el país, aunque con diferentes matices.
En un emotivo gesto, a propuesta del legislador chihuahuense, los senadores gritaron el nombre de algunas víctimas de feminicidio, como Digna Ochoa y Miroslava Breach, reportera de esta casa editorial, como un recordatorio de la deuda que el Estado tiene con las mujeres, sus familias y la sociedad en general.
Martha Lucía Micher, senadora del partido Morena, señaló que el feminicidio es un problema que trasciende la responsabilidad del gobierno federal y concierne a todos los estados, fiscalías y ministerios públicos. Hizo un llamado a los hombres a replantear su relación con las mujeres y a la sociedad a educar a hombres y mujeres de manera diferente, promoviendo una cultura de respeto e igualdad.
La aprobación de esta reforma constitucional representa un avance significativo en la lucha contra el feminicidio en México, buscando establecer un marco legal más sólido y uniforme para garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las mujeres en todo el país. La expectativa ahora se centra en la discusión y aprobación de la ley general en la Cámara de Diputados, así como en la asignación de los recursos necesarios para su efectiva implementación.
