Este martes se inició en Bolivia el juicio oral por la desaparición de Odalys Vaquiata, un caso que ha captado la atención pública durante más de cuatro años. La audiencia cuenta con la presencia de cinco acusados, incluyendo a Joel P., expareja de la víctima y principal sospechoso de feminicidio, a sus padres, acusados de complicidad, y a otras dos personas señaladas por presunto encubrimiento. La información fue proporcionada por Jhovanny Gonzales, abogado de la familia de la víctima, a medios locales.
Odalys desapareció el 30 de marzo de 2022, a los 28 años de edad, durante un viaje a la región de los Yungas, en el departamento de La Paz, junto a su entonces pareja. Los últimos avistamientos confirmados de la joven y su novio fueron en una fiesta en la localidad de Tocaña, donde ambos habrían consumido bebidas alcohólicas.
La versión presentada por Joel P. indica que, durante el trayecto de regreso a La Paz, ambos protagonizaron una discusión que culminó con Odalys bajando del vehículo y alejándose. El acusado afirma haberla buscado sin éxito. Al día siguiente, 31 de marzo, se reportó oficialmente la desaparición de Odalys, dando inicio a una intensa operación de búsqueda que involucró a personal de Bomberos, la Patrulla Caminera y la Policía.
A medida que avanzaba la investigación y se realizaban los rastrillajes, las autoridades policiales detectaron inconsistencias en las declaraciones de Joel P., lo que llevó a su detención preventiva el 2 de abril en una cárcel de La Paz.
En aquel momento, el entonces viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, expresó su total certeza de que las versiones ofrecidas por la pareja de Odalys eran mentirosas . Aguilera llegó a afirmar que Joel P. planificó el hecho con la intención de enlutar a la familia de Odalys .
El inicio del juicio se ha visto demorado por múltiples aplazamientos y observaciones procesales. Estas dilaciones se atribuyen a recursos legales interpuestos por las partes, ajustes en la acusación y la necesidad de completar procesos dentro de la investigación.
Mabel Quispe, la madre de Odalys, ha manifestado su deseo de que se imponga la pena máxima de 30 años de cárcel sin derecho a indulto para todos los acusados. En una entrevista con el canal Bolivisión, Quispe expresó su profundo dolor y frustración: Quiero que les den la pena máxima, porque ellos saben muy bien qué hicieron con mi hija y no me la han querido devolver. Quisiera tener, por lo menos, el consuelo de decirle algún día a mi nieto: Aquí está tu mamá, te la encontré, acá descansa ella , pero ni eso me dieron .
Se estima que el juicio oral se extenderá por varias semanas, dependiendo de la cantidad de pruebas y testigos que sean convocados a declarar. Este proceso judicial es considerado crucial para esclarecer un caso que ha puesto en evidencia las deficiencias en la capacidad del Estado para resolver este tipo de situaciones y podría sentar un precedente en la lucha contra la violencia de género en Bolivia.
La falta de registros públicos consolidados sobre desapariciones en Bolivia contrasta con la persistencia de los feminicidios. Desde que esta figura fue incluida en la legislación boliviana en 2013, se ha registrado un promedio anual de entre 80 y 110 feminicidios, lo que equivale a un caso cada tres o cuatro días. Además, las más de 300.000 denuncias por violencia previas registradas en la última década revelan que estos crímenes suelen estar precedidos por contextos de violencia doméstica.
El caso de Odalys Vaquiata ha generado una amplia movilización social y ha puesto de relieve la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres en Bolivia. La sociedad boliviana espera que el juicio oral conduzca a la verdad y a la justicia, y que sirva como un mensaje contundente contra la impunidad en casos de violencia de género. La familia de Odalys, y la sociedad en general, aguardan con esperanza el resultado de este proceso judicial, buscando un cierre a esta dolorosa historia y un futuro donde la violencia contra las mujeres sea erradicada. La atención mediática y el seguimiento ciudadano del caso son elementos clave para garantizar la transparencia y la imparcialidad del proceso, y para asegurar que se haga justicia por Odalys y por todas las víctimas de violencia de género en Bolivia.
