Legisladores presentan reforma integral para el desarrollo de la Amazonía con énfasis en empleo preferente y fondo de emergencias.
Quito, Ecuador Un grupo de seis legisladores provenientes de las provincias amazónicas presentó el 10 de abril de 2026 un proyecto de ley que busca reformar la legislación actual relacionada con la planificación y el desarrollo integral de la Amazonía. La propuesta, impulsada por miembros de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), establece un régimen sancionatorio para las autoridades que no prioricen la contratación de residentes de las seis provincias amazónicas en el sector público y privado.
El proyecto de ley se fundamenta en cinco líneas estratégicas principales: el fortalecimiento de la institucionalidad y la gobernanza en la región; la garantía del cumplimiento y la evaluación efectiva de las políticas implementadas; la consolidación de fondos estratégicos con un enfoque territorial; el control riguroso de la minería ilegal; y el establecimiento de un régimen sancionatorio robusto, complementado con un control político efectivo.
La iniciativa, liderada por las asambleístas Ana Belén Tapia, Steven Villacrés, Nuvia Vega, María Cristina Acuña, Esperanza Rogel y Edwin Jarrín, busca garantizar el acceso preferente a oportunidades laborales para los habitantes de la Amazonía. Este derecho se extenderá a aquellos residentes que hayan nacido en las provincias amazónicas, que hayan mantenido un domicilio habitual en la región por al menos cinco años, o que figuren en el padrón electoral del Consejo Nacional Electoral con un domicilio en la Amazonía de al menos diez años.
Este acceso preferente no se limitará únicamente a la contratación y concursos públicos de méritos y oposición en entidades públicas y privadas. La reforma también contempla el derecho preferente de los residentes amazónicos al acceso a los recursos naturales, a la participación en actividades ambientalmente sostenibles desarrolladas en la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, y a la provisión de servicios. Para asegurar la equidad, la propuesta incluye la implementación de acciones afirmativas.
Un aspecto crucial de la reforma es la incorporación de la juventud amazónica como un grupo prioritario dentro del régimen de empleo preferente y de la planificación territorial. Además, se establece un régimen sancionatorio para aquellas autoridades que incumplan con la disposición de priorizar la contratación de residentes amazónicos.
La propuesta también se enfoca en fortalecer la atención de emergencias en la región y en incorporar el componente cultural amazónico dentro del régimen especial. En este sentido, se incluye a los cuerpos de bomberos como entidades adscritas a los gobiernos autónomos descentralizados, designándolos como ejecutores operativos dentro del Fondo Permanente de Emergencias.
Uno de los pilares fundamentales de la reforma es la creación del Fondo Permanente de Emergencias para la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. Este fondo se financiará con el uno punto cinco por ciento (1.5%) de los recursos del Fondo para el Desarrollo Sostenible Amazónico. Los recursos estarán destinados exclusivamente a la atención y solución de emergencias que se produzcan en la región, incluyendo desastres naturales, emergencias sanitarias que requieran intervención inmediata, emergencias viales causadas por el colapso de infraestructura crítica de conectividad, y emergencias ambientales derivadas de la contaminación o degradación ecosistémica.
La distribución de los recursos del Fondo Permanente de Emergencias se realizará de manera equitativa entre las seis provincias amazónicas, a través de la contratación de bienes y servicios necesarios para atender las emergencias.
El proyecto de ley ya fue presentado y ahora pasará a conocimiento de la Comisión de Ambiente, Agua y Desarrollo Rural (CAL) para su calificación. Se espera que la CAL realice un análisis exhaustivo de la propuesta y emita un informe antes de que se inicie el debate en el pleno de la Asamblea Nacional.
La iniciativa ha generado expectativas entre las comunidades amazónicas, que ven en esta reforma una oportunidad para impulsar el desarrollo económico y social de la región, al tiempo que se protege su patrimonio natural y cultural. Los legisladores promotores de la reforma han manifestado su compromiso de trabajar en conjunto con las autoridades locales, las organizaciones indígenas y la sociedad civil para garantizar que la propuesta se ajuste a las necesidades y aspiraciones de la población amazónica.
El debate sobre esta reforma se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la deforestación, la minería ilegal y la vulnerabilidad de las comunidades amazónicas ante los efectos del cambio climático. La propuesta busca fortalecer la capacidad de la región para enfrentar estos desafíos y promover un desarrollo sostenible que beneficie a todos sus habitantes.
