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El exgerente de Gestión Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), José Samamé Blas, permanece detenido en la sede de la Depincri desde el lunes 13 de abril, acusado de presunta omisión de funciones. Su detención se produce tras las significativas fallas logísticas en la entrega de material electoral que afectaron a miles de ciudadanos durante las elecciones generales de 2026.
Samamé, quien fue aprehendido por agentes de la Policía Anticorrupción, había presentado su renuncia a la ONPE el domingo 12 de abril, un día antes de su detención. En una carta de renuncia, el exgerente reconoció su responsabilidad y lamento profundamente lo sucedido , sin embargo, no detalló las razones específicas que motivaron su decisión.
La Fiscalía está investigando si Samamé incurrió en irregularidades durante el proceso de contratación de la empresa Servicios Generales Galaga SAC, encargada de tareas logísticas para la ONPE. La investigación busca determinar si existió alguna colusión o favoritismo en la adjudicación del contrato a esta empresa.
Durante su traslado a la Depincri, Samamé guardó silencio absoluto, limitándose a solicitar a los medios de comunicación que respetaran a su familia. Respeten a mi familia. Solo a ustedes les digo respeten a mi familia. Yo asumo las responsabilidades , declaró brevemente. Se informó que Samamé fue sometido a exámenes toxicológicos y de medicina legal como parte del proceso de investigación.
Según información obtenida por el diario La República, José Samamé está casado con la abogada Dorcas Sánchez Arce, quien actualmente trabaja en la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). Esta información ha cobrado relevancia debido a que la empresa Servicios Generales Galaga SAC suscribió un contrato con la MML el 22 de noviembre de 2023, por un monto de S/ 686,400. El contrato tenía como objeto el traslado de materiales y equipos de la Subgerencia de Gestión y Fiscalización de la MML.
El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, se refirió al caso en el podcast Siempre a las 8 , conducido por la periodista Milagros Leiva. Gálvez señaló que el Ministerio Público investiga la posible comisión del delito de colusión entre funcionarios de la ONPE y la empresa Galaga. Sin embargo, también reconoció que sí existió una negligencia en la gestión del proceso electoral.
Paralelamente, el procurador público del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Ronald Angulo, presentó una denuncia penal contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, también el lunes 13 de abril. La denuncia acusa a Corvetto de tres delitos: atentado contra el derecho de sufragio, omisión, rehusamiento o demora en el cumplimiento de actos funcionales, y obstrucción del desarrollo regular del proceso electoral. Angulo argumenta que las fallas logísticas registradas durante las elecciones generales constituyen una grave violación de los derechos de los ciudadanos y un obstáculo para la transparencia del proceso electoral.
Las investigaciones apuntan a determinar si las fallas en la entrega del material electoral fueron producto de una negligencia administrativa, una falla en la planificación logística, o si existió una intención deliberada de sabotear el proceso electoral. La detención de Samamé y la denuncia contra Corvetto son parte de una investigación más amplia que busca esclarecer las responsabilidades en las fallas logísticas que afectaron las elecciones generales de 2026.
La situación ha generado una fuerte controversia política en el país, con acusaciones cruzadas entre los diferentes partidos políticos y llamados a una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades correspondientes. La transparencia y la integridad del proceso electoral son fundamentales para garantizar la legitimidad de los resultados y la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha anunciado que colaborará plenamente con las investigaciones y que tomará las medidas necesarias para evitar que se repitan situaciones similares en futuros procesos electorales. Se espera que los resultados de las investigaciones permitan identificar las causas de las fallas logísticas y establecer las responsabilidades correspondientes, con el fin de fortalecer el sistema electoral peruano y garantizar el derecho al sufragio de todos los ciudadanos.
La empresa Servicios Generales Galaga SAC aún no ha emitido una declaración oficial sobre las acusaciones en su contra. Se espera que la empresa se pronuncie en los próximos días para defender su reputación y aclarar su participación en el proceso de contratación con la ONPE y la MML. La investigación fiscal continuará recabando pruebas y testimonios para determinar si existió alguna irregularidad en la adjudicación de los contratos y en la ejecución de los servicios contratados.
