En la recta final hacia las elecciones presidenciales en Colombia, una ola de amenazas ha generado profunda preocupación y ha puesto en riesgo la integridad del proceso democrático. El expresidente Álvaro Uribe, líder del partido Centro Democrático, denunció este domingo la publicación en redes sociales de una corona funeraria y un falso obituario dirigido a la candidata Paloma Valencia, acompañada de un mensaje que exigía protección para ella y otros miembros de su partido.
Uribe manifestó su indignación a través de sus redes sociales, cuestionando la permisividad de las plataformas digitales para este tipo de contenido. Ojo con estos bandidos cobardes, todos tenemos que cuidar a Paloma. ¿Por qué hay redes que se prestan para esto? , escribió el exmandatario. Posteriormente, amplió su denuncia, recordando el asesinato de Miguel Uribe y las amenazas previas contra María Fernanda y otros miembros del partido, incluyendo al candidato Abelardo de la Espriella. Asesinaron a Miguel Uribe, amenazaron a Paloma, a María Fernanda y a otros, ahora amenazan a Paloma y también a Abelardo. Rechazo total. Los ciudadanos no podemos permitir que la delincuencia siga haciendo de las suyas , añadió.
El candidato Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, confirmó haber sido objeto de las mismas amenazas y expresó su solidaridad con Paloma Valencia. En su cuenta de X, De La Espriella denunció: Miserables cobardes: así nos quiere ver el régimen y sus socios del narcoterrorismo a quienes luchamos por la democracia, la institucionalidad y la libertad. Toda mi solidaridad con @PalomaValenciaL .
Ante la gravedad de la situación, el Gobierno colombiano ha reaccionado con firmeza. La Fiscalía General ha sido instruida para investigar el origen de las amenazas en redes sociales, mientras que el ministro de Defensa anunció una recompensa de US$ 277.000 (1.000 millones de pesos colombianos) por información que conduzca a la identificación y captura de los responsables. Garantizaremos un proceso electoral seguro, con plena protección a todos los candidatos presidenciales. Se ofrece hasta $1.000 millones de recompensa por información veraz que permita anticipar y neutralizar riesgos contra la vida y el proceso electoral , declaró el general en retiro Pedro Sánchez.
Esta campaña electoral ha estado marcada por un aumento de la violencia contra actores políticos a nivel regional y nacional. El atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe el 7 de junio de 2025, quien posteriormente falleció el 11 de agosto, encendió las alarmas sobre el peligro real que enfrentan quienes participan en los comicios. Según datos de la Misión de Observación Electoral (MOE), se han registrado más de 100 agresiones de todo tipo contra personas involucradas en procesos políticos en el país durante el año 2025.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el Gobierno ha brindado todas las garantías de seguridad a los candidatos, especialmente a los de la oposición, con medidas anticipadas y sin sesgos políticos. Rechazamos de manera categórica las amenazas de muerte contra la candidata @PalomaValenciaL y la vandalización de una de sus sedes de campaña. Las autoridades están actuando para esclarecer los hechos y reforzar la protección , afirmó Benedetti en su cuenta de X.
La Unidad Nacional de Protección (UNP) ha anunciado que reforzará las medidas de seguridad de los 14 candidatos presidenciales inscritos en estas elecciones y sus fórmulas vicepresidenciales. La candidata amenazada, Paloma Valencia, afirmó que las amenazas y la falta de garantías no detendrán su lucha por un país sin miedo, donde los violentos no impongan sus condiciones.
La situación ha generado una amplia condena en diferentes sectores políticos y de opinión. El expresidente Iván Duque calificó el incidente como un atentado directo contra la democracia colombiana y un retroceso inaceptable a épocas oscuras que enlutaron a la nación. Esto no es un hecho aislado: es un atentado directo contra la democracia colombiana y un retroceso inaceptable a épocas oscuras que enlutaron a nuestra Nación. El Estado tiene la obligación indelegable de proteger la vida de quienes aspiran a representar a los colombianos y de quienes ejercen oposición política , manifestó Duque.
Diversos sectores han instado al Gobierno del presidente Gustavo Petro a garantizar el ejercicio democrático en la primera vuelta presidencial, programada para el 31 de mayo, y a tomar medidas contundentes para proteger la integridad de los candidatos y asegurar la transparencia del proceso electoral. La sombra de la violencia y las amenazas se cierne sobre las elecciones, poniendo a prueba la fortaleza de las instituciones democráticas colombianas y la capacidad del Estado para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.
