El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto que permitirá la regularización extraordinaria de alrededor de medio millón de migrantes que cumplen con una serie de requisitos, marcando lo que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha calificado como un acto de coherencia ética y de justicia social . La medida, que entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), busca integrar a personas que ya residen en España, contribuyendo a la economía y a la sociedad española.
El proceso de solicitud se abrirá el 16 de abril, con la posibilidad de realizarlo tanto de forma telemática, las 24 horas del día, como presencialmente, previa cita, a partir del 20 de abril. La ministra Saiz ha insistido en la importancia de informarse adecuadamente sobre los lugares y horarios de atención presencial para evitar frustraciones, ya que no todas las oficinas estarán habilitadas ni atenderán en cualquier horario. Se habilitarán unas 450 oficinas en todo el territorio nacional, con más de 550 profesionales adicionales para atender la demanda. El plazo límite para presentar las solicitudes será el 30 de junio.
Los requisitos para acceder a esta regularización son claros: encontrarse en España antes del 1 de enero de 2026, haber permanecido en el país durante al menos cinco meses de forma ininterrumpida en el momento de la solicitud, carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden o la seguridad pública. Se aceptará cualquier documentación pública o privada que acredite la estancia en España, incluyendo el certificado de empadronamiento, aunque este último no es obligatorio. Todos los documentos deberán ser nominativos y especificar una fecha para ser considerados válidos.
La ministra Saiz ha destacado la triple legitimidad de esta regularización: social, política y económica. La iniciativa legislativa popular que la impulsó fue avalada por más de 700.000 firmas y el apoyo de más de 900 asociaciones. En el Congreso de los Diputados, su toma en consideración contó con el respaldo de 310 diputados. Además, la medida ha recibido el apoyo de sindicatos, empresarios y sectores clave como la agricultura, la construcción y el transporte, que demandan mano de obra y ven en esta regularización una solución a sus necesidades.
El Consejo de Estado ha avalado la vía del reglamento para llevar a cabo este proceso, valorando positivamente los objetivos generales de la regularización: integración social, seguridad jurídica y reducción de la irregularidad administrativa. Asimismo, un estudio de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia advierte sobre las consecuencias negativas de una reducción significativa de la migración en España, con una posible caída del PIB del 22%, el cierre de más de 90.000 bares, la desaparición de escuelas, el aumento de las listas de espera y la pérdida de 15 millones de habitantes en 2075.
Los solicitantes que cumplan los requisitos obtendrán una autorización de residencia y trabajo en España, así como un número de afiliación a la Seguridad Social y acceso a la tarjeta sanitaria de su territorio de residencia. Este permiso tendrá una vigencia inicial de un año, tras el cual podrán incorporarse a las figuras previstas en el Reglamento de Extranjería para una integración plena y progresiva en el sistema.
El Gobierno ha puesto a disposición de los interesados una plataforma en la página web del Ministerio de Inclusión y Migraciones para facilitar el proceso de solicitud. Se ofrecen cuatro formas de acceso: certificado electrónico con NIE, a través de personas inscritas en el registro electrónico de apoderamientos, con la ayuda de representantes legales (abogados, graduados sociales o gestores administrativos) y a través de las más de 150 entidades sociales inscritas en el registro de colaboradores.
La ministra Saiz ha subrayado el muchísimo trabajo y cariño que se ha puesto en esta iniciativa, con el objetivo de que todas las personas que tengan derecho a ello puedan acceder a la regularización sin que se resienta la atención habitual de los servicios públicos. Ha instado a los solicitantes a informarse adecuadamente y a utilizar los canales habilitados para evitar problemas y garantizar el éxito del proceso. El Gobierno confía en que esta medida contribuirá a una sociedad más justa, inclusiva y próspera para todos.
