Un informe reciente de WOLA y centros académicos hondureños revela que las decisiones tomadas entre 2014 y 2017 siguen marcando profundamente la crisis de seguridad que enfrenta Honduras. El estudio, titulado Criminalidad e inseguridad en Honduras: evaluando la capacidad estatal de reducir la violencia y combatir la criminalidad organizada , expone cómo la respuesta estatal a la violencia fue, en gran medida, reactiva y militarista, sin abordar las causas estructurales del problema.
Durante ese período, Honduras registró más de 20,000 homicidios, con tasas que superaban en cinco veces el umbral considerado una epidemia de violencia por la comunidad internacional. Paradójicamente, el país aprobó más leyes relacionadas con la seguridad en esos cuatro años que en las dos décadas anteriores. Sin embargo, el informe argumenta que estas leyes, aunque parecían un avance en el papel, no lograron traducirse en mejoras tangibles en la seguridad ciudadana.
El análisis, basado en más de 100 indicadores, legislación, estadísticas oficiales y entrevistas, concluye que las reformas de seguridad respondieron a una lógica reactiva y militarista, descuidando las raíces profundas de la violencia. El problema no radicaba en la falta de leyes, sino en su aplicación, diseño y, fundamentalmente, en la priorización de recursos.
Un elemento central de la estrategia de seguridad implementada fue la Tasa de Seguridad, a través de la cual el Estado recaudó más de 10,500 millones de lempiras entre 2014 y 2017 para combatir la criminalidad. No obstante, la distribución de estos fondos revela el verdadero enfoque de la política de seguridad. Casi la mitad de los recursos se destinaron a la Secretaría de Seguridad, mientras que más del 40% fue asignado a Defensa. En contraste, el Ministerio Público recibió apenas el 6% y el Poder Judicial solo el 3%.
Esta asignación desigual de recursos tuvo consecuencias directas en la capacidad del sistema de justicia para responder al volumen de violencia. De más de 21,000 denuncias por delitos contra la vida, solo el 5.54% se tradujo en requerimientos fiscales. Los datos, provenientes de instituciones como el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Observatorio Nacional de la Violencia, evidencian una brecha crítica entre la comisión de delitos y la aplicación de la justicia.
El informe subraya que, en ese contexto, delinquir en Honduras tenía pocas consecuencias reales. Esta impunidad generalizada contribuyó a la perpetuación de la violencia y al fortalecimiento de las estructuras criminales.
A pesar de que ha transcurrido casi una década desde el período analizado, muchas de las decisiones tomadas en aquel entonces siguen teniendo un impacto significativo en la situación actual. El informe fue concebido como la línea base del Monitor Centroamericano, una herramienta diseñada para evaluar los avances o retrocesos en la región en materia de seguridad, justicia y Estado de derecho.
Sin embargo, el estudio terminó siendo más que un simple punto de partida. Se convirtió en un retrato de un modelo de seguridad que aún no ha sido corregido. Honduras no solo enfrenta la violencia, sino que, en muchos sentidos, sigue lidiando con las consecuencias del modelo que ayudó a construir.
Ante esta realidad, el informe plantea una pregunta fundamental: ¿qué se hizo mal? Revisar el pasado no es un ejercicio nostálgico, sino una necesidad imperiosa. En un país que aún lucha por doblegar la criminalidad, analizar los errores del pasado con datos, evidencia y transparencia puede ser el primer paso para evitar repetirlos.
La violencia que hoy desborda no surgió de la nada; fue el resultado de decisiones deliberadas, de omisiones y de una falta de visión estratégica. Hasta que no se aborden las causas estructurales de la violencia y se fortalezca el sistema de justicia, Honduras seguirá atrapada en un ciclo de inseguridad y criminalidad. El informe de WOLA y sus colaboradores es un llamado urgente a la reflexión y a la acción, para construir un futuro más seguro y justo para todos los hondureños. La corrección del rumbo exige un cambio profundo en la forma en que el Estado aborda la seguridad, priorizando la prevención, la justicia y el respeto a los derechos humanos.
