Guido Egas asume dirección con críticas a la Comisión de Selección
Quito, Ecuador El 13 de abril de 2026, la Veeduría Ciudadana encargada de supervisar el concurso para la elección del Fiscal General del Estado eligió a Guido Egas Tello como su nuevo coordinador, en una jornada marcada por la baja participación y acusaciones internas. La elección se llevó a cabo con la presencia o conexión de apenas 23 ciudadanos, de un total de 350 veedores supuestamente inscritos, lo que generó cuestionamientos sobre la representatividad del proceso.
A pesar de la escasa asistencia, el delegado del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) aseguró que se cumplió con el quórum necesario para continuar con la elección. En una primera votación, Egas fue elegido coordinador, mientras que Marlene Tituaña Luje fue designada subcoordinadora. Sin embargo, Tituaña rechazó el cargo, argumentando que no podía colaborar con personas que, según ella, han incurrido en violencia verbal.
Esta negativa obligó a una nueva votación, en la que Yolanda Silva fue nombrada subcoordinadora y Édison Cando, secretario de la Veeduría. La elección se produce tras la renuncia de Hugo Arteaga y Marlene Espinosa, quienes dirigían y subcoordinaban la instancia, respectivamente. Junto a ellos, cerca de 20 veedores presentaron su dimisión, acusando a la Comisión Ciudadana de Selección de obstaculizar su labor de vigilancia.
La restructuración de la Veeduría Ciudadana adquiere relevancia en un momento crucial del concurso, ya que se avecina la fase de méritos y oposición, una vez que se ha definido el número de participantes. Guido Egas, al asumir su cargo, no tardó en expresar sus críticas a las recientes acciones de la Comisión Ciudadana de Selección.
Egas cuestionó la decisión de la Comisión de aceptar, de manera sorpresiva y en horario nocturno, una reconsideración que amplió el número de aspirantes a Fiscal General de 27 a 28. El nuevo coordinador denunció que a ninguno de los integrantes de la Veeduría se le extendió invitación para presenciar esa sesión, lo que genera dudas sobre la transparencia del proceso. Aunque Egas admitió no tener pruebas concretas de irregularidades, enfatizó que la falta de acceso a la información impide que la Veeduría pueda certificar la legitimidad de la inclusión de nuevos aspirantes.
Además, Egas expresó su preocupación por la idoneidad de algunos de los candidatos que han avanzado a la fase de méritos y oposición. Señaló que el expediente número 168 no cumple con el requisito de experiencia mínima legal, exigiendo al menos 10 años de ejercicio profesional, y que tampoco se ha adjuntado el certificado que acredite la no pertenencia a organizaciones políticas como directivo.
El coordinador de la Veeduría insistió en que uno de los requisitos fundamentales para los aspirantes a Fiscal General es la ausencia de vínculos o afinidades con cualquiera de los poderes del Estado. En este sentido, cuestionó la participación de candidatos que han ocupado cargos como embajadores o ministros, argumentando que, por ética, deberían apartarse del concurso y permitir que profesionales que no se vieron afectados por las irregularidades del proceso tengan la oportunidad de competir.
"¿Alguien que es embajador, que fue ministro es totalmente transparente, el Ecuador necesita esto? ellos deberían por ética dar un paso al costado y dejar que profesionales que dejaron de participar por las anomalías de este proceso se una a este compromiso por el país", declaró Egas.
La elección de Egas y su equipo se produce en un contexto de creciente tensión y desconfianza en el proceso de selección del Fiscal General. Las acusaciones de falta de transparencia y las dudas sobre la idoneidad de algunos candidatos plantean serias interrogantes sobre la imparcialidad del concurso y la legitimidad del futuro Fiscal General. La Veeduría Ciudadana, bajo la nueva dirección de Guido Egas, se enfrenta al desafío de garantizar una vigilancia efectiva y transparente del proceso, en un momento en que la credibilidad de las instituciones está en juego. La ciudadanía espera que la Veeduría pueda esclarecer las dudas existentes y asegurar que el Fiscal General sea elegido con base en criterios de mérito, imparcialidad y transparencia.
