Las mesas de diálogo entre autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y estudiantes en paro, que superan los 40 días de protesta, no han logrado avances significativos para garantizar un retorno seguro a clases presenciales. Estudiantes denuncian un doble discurso institucional, hostigamiento y amenazas para forzar la participación en clases virtuales “voluntarias” a partir de este lunes, en un contexto de creciente criminalización de la protesta.
El conflicto se originó tras la desaparición y posterior feminicidio de Kimberly Ramos y Karol Toledo, estudiantes de Contaduría y Derecho, quienes demandaban atención a la crisis de inseguridad en los campus de la UAEM. La Resistencia Estudiantil, surgida a raíz de estos hechos, denuncia que las mesas de diálogo han sido una dilación sin acuerdos concretos, evitando abordar los temas centrales del conflicto.
Hasta la fecha, se han realizado dos mesas de diálogo y al menos dos de trabajo, abordando temas como garantías de no represalias, seguridad universitaria, planes académicos para la recuperación del semestre y representación estudiantil, sin resultados sustanciales. Uno de los puntos más álgidos es el modelo de seguridad propuesto por el Gobierno de Morelos, rechazado por los estudiantes por no haber sido consultado ni diagnosticado con la comunidad, y por la posible intervención de corporaciones externas a la universidad.
Los estudiantes también critican el plan académico presentado por la autoridad, considerándolo un esquema de continuidad y no de recuperación, como ellos exigen. En cuanto a la representación estudiantil, han intentado dejar constancia de su falta de reconocimiento a la dirigencia de la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (FEUM), encabezada por Adriana Guadarrama, pero este punto ha sido ignorado.
Las autoridades, según denuncian los estudiantes, recurren a respuestas evasivas o a la falta de facultades para resolver los planteamientos, limitando los avances en las mesas. El proceso se ha visto interrumpido por incidentes que han tensado la negociación, como el intento de la directora de la Facultad de Nutrición, Jessica López Bucio, de ingresar personal de seguridad y administrativo al plantel durante una mesa de negociación, lo que provocó su suspensión y posterior separación del cargo, además de una investigación.
Paralelamente, los estudiantes denuncian una campaña de desprestigio a través de la difusión de versiones distorsionadas de lo ocurrido en las mesas, buscando influir en la percepción pública del movimiento. También acusan represalias contra participantes del paro, incluyendo advertencias académicas y laborales, así como intentos de identificación de integrantes del movimiento dentro de la universidad.
La difusión de materiales audiovisuales en redes sociales y medios de comunicación vinculados a actores institucionales y políticos, según los estudiantes, contribuye a una narrativa de criminalización y estigmatización, presentándolos como “encapuchados” o “pseudoestudiantes”, especialmente tras la toma de Rectoría y otros momentos del conflicto.
Los estudiantes afirman que continuarán documentando las irregularidades y, aunque mantienen su disposición al diálogo, no perciben una voluntad real por parte de las autoridades para resolver el conflicto.
Durante un intercambio público a las afueras de la Facultad de Farmacia, estudiantes denunciaron presuntos actos de hostigamiento, presión para el regreso a clases, falta de transparencia y posibles represalias académicas. La rectora Viridiana Aydeé León Hernández, la procuradora de Derechos Académicos, Araceli Álvarez Castro, y el área jurídica de la universidad defendieron la continuidad académica, la legalidad de las medidas institucionales y la ruta del diálogo, reiterando el reconocimiento al movimiento estudiantil como interlocutor válido.
Estudiantes de la Facultad de Enfermería acusaron a la directora Beatriz Lisbeth Rodríguez Baena de difundir información a jefes de grupo para presionar el regreso a clases, y de mantener canales de comunicación diferenciados con representantes estudiantiles. También señalaron contradicciones en su actuación, mencionando la cancelación de una mesa de diálogo el 8 de abril por la supuesta ausencia de autoridades externas, a pesar de que ese mismo día fue vista en instalaciones de la Facultad de Nutrición.
Desde la Facultad de Diseño, voceros de la Resistencia Estudiantil denunciaron el uso del discurso de pérdida del semestre como forma de presión, así como llamadas y contactos administrativos fuera de los canales formales. En la Escuela de Técnicos Laboratoristas, estudiantes acusaron presiones para el regreso a clases bajo la amenaza de reprobar el semestre sin posibilidad de recuperación, además de omisiones en denuncias por acoso sexual, incluyendo las relacionadas con el profesor Antonio Ábalos Avizahí.
Los estudiantes reiteran que exigen condiciones mínimas de seguridad para continuar con las actividades académicas. “No podemos estudiar si no estamos vivos”, señalaron. También reprochan que la Procuraduría de los Derechos Académicos (PDA) haya emitido un comunicado promoviendo el regreso a clases virtuales.
La procuradora Araceli Álvarez Castro argumentó que las clases virtuales son una medida “idónea, necesaria y proporcional” para garantizar el derecho a la educación sin afectar el derecho a la protesta, precisando que las sesiones serán grabadas y estarán disponibles para su consulta posterior, y que los estudiantes que opten por no conectarse no serán objeto de sanciones.
El área jurídica, a cargo del abogado Ulises Flores, precisó que el criterio es orientador y no una resolución sobre el movimiento, mientras que la rectoría sostuvo que las decisiones deben atenderse de forma diferenciada en cada unidad académica.
La rectora Viridiana Aydeé León Hernández reiteró el reconocimiento al movimiento Resistencia Estudiantil y la disposición al diálogo, además de señalar que revisará la postura con los directivos para garantizar que no se repitan actos contrarios a los acuerdos.
El intercambio concluyó sin acuerdos, aunque ambas partes insistieron en mantener abierta la mesa de diálogo. Posteriormente, la rectora informó que más de 25 unidades académicas ya habían retomado clases antes del periodo vacacional, principalmente en los campus oriente y sur-poniente, así como siete de las ocho preparatorias, anticipando un regreso gradual.
Afirmó que se han logrado acuerdos entre estudiantes en algunas unidades y que se instruyó a los directores a respetar el acuerdo de no represalias, para evitar hostigamiento o afectaciones académicas. Sostuvo que la universidad ya entregó el plan de retorno, el programa de capacitación y la respuesta al pliego petitorio, y que existe apertura al diálogo, aunque no se está obligando al regreso a clases virtuales.
Sin embargo, para integrantes de la Resistencia Estudiantil, tanto la postura de la PDA como las declaraciones de la rectora ante la prensa son evidencia de un doble discurso, considerando el regreso a clases virtuales como un acto de provocación.
En entrevista, la rectora Viridiana Aydeé León Hernández negó que la institución haya impulsado acciones de criminalización contra estudiantes en paro, y defendió el acuerdo de seguridad firmado con el gobierno estatal, afirmando que busca garantizar condiciones para el ejercicio del derecho a la educación, y que será rediseñado internamente con base en las voces de la comunidad universitaria. Negó haber autorizado la difusión de videos relacionados con la toma de Rectoría y señaló que la participación de personas externas en el conflicto se ha dado en reuniones con acompañamiento de instancias de derechos humanos.
