La investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tomó un nuevo giro tras las declaraciones de la escribana Adriana Nechevenko, quien admitió no haber indagado sobre el origen de los fondos utilizados en tres operaciones inmobiliarias del funcionario. El fiscal Gerardo Pollicita interrogó a Nechevenko sobre si había consultado a los prestamistas sobre la licitud de los fondos, a lo que ella respondió negativamente, argumentando que los conocía .
Esta respuesta generó preocupación en Comodoro Py, donde se considera que la escribana podría haber incumplido con los deberes exigidos a un escribano público. Nechevenko certificó la compra de una propiedad en Exaltación de la Cruz, financiada con un préstamo de 100.000 dólares, y dos departamentos en la Capital Federal. En el caso del departamento de Caballito, Adorni obtuvo una hipoteca privada garantizada por dos jubiladas, cuyos vínculos con el funcionario están siendo investigados.
La escribana defendió su accionar, afirmando que no está obligada a solicitar el origen del dinero, sino que basta con una declaración jurada de legalidad. Sin embargo, fuentes judiciales señalan que, como funcionario público, la escribana debía haber realizado una debida diligencia reforzada, especialmente considerando que Adorni es una persona políticamente expuesta . Expertos en lavado de activos, como María Eugenia Talerico, ex integrante de la UIF, sostienen que Nechevenko debió haber realizado un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la UIF.
La fiscalía ya firmó más de 30 oficios y citó a cinco nuevos testigos, además de las cuatro prestamistas que deberán declarar esta semana. El Colegio de Escribanos podría iniciar una investigación sobre la conducta de Nechevenko. La abogada Jimena de la Torre, ex jefa de Gabinete de la UIF, enfatizó que los escribanos son sujetos obligados por la Ley 25.246 y deben verificar el origen de los fondos, especialmente en operaciones de alto riesgo.
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