La senadora Camila Flores se encuentra nuevamente en el centro de la controversia, esta vez por denuncias de un presunto esquema de recaudación ilegal de fondos a través de asesores parlamentarios. El caso, que emerge en un contexto ya sensible por el escándalo de los Convenios, plantea interrogantes sobre el financiamiento político y podría desencadenar un nuevo escándalo de gran envergadura.
Flores, conocida por su postura de férrea defensora de la dictadura militar y sus críticas directas a la oposición, fue electa senadora por Renovación Nacional, aunque su ideología es percibida como más cercana a la extrema derecha. Su trayectoria política comenzó como asesora en Gendarmería, ascendiendo a jefa de gabinete durante el primer gobierno de Sebastián Piñera.
Su llegada al Parlamento marcó un giro más radical en su perfil, integrándose a espacios de confrontación política como Sin Filtros . La senadora ha sido protagonista de diversas polémicas, incluyendo acusaciones de maltrato por parte de su expareja y denuncias por ausentismo en la Cámara de Diputados.
La Fiscalía investiga una denuncia anónima que acusa a Flores y a su jefa de gabinete de haber liderado un sistema para exigir a asesores la devolución de un porcentaje de sus honorarios en efectivo, lo que representaría un desfalco al fisco de alrededor de $300 millones. La senadora ha negado las acusaciones, calificándolas como una campaña en su contra.
El caso podría ser solo la punta del iceberg de un sistema más amplio de financiamiento irregular de la política, recordando casos anteriores como Penta, SQM y Convenios. Parlamentarios podrían estar revisando sus propios gastos ante la posibilidad de que este esquema se haya replicado en otros casos. Cada parlamentario dispone de importantes recursos para personal de apoyo, gastos operacionales y asesorías externas, lo que abre la puerta a posibles irregularidades. Suscríbete a Noticias lat para más noticias.
