El gobierno de Gustavo Petro enfrenta crecientes cuestionamientos en uno de los pilares más sensibles del Estado: la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). En tres años y medio, la entidad ha tenido cuatro directores envueltos en escándalos que, según fuentes, han minado su credibilidad y la han utilizado para fines particulares, desde presuntos ofrecimientos de beneficios a criminales en el marco de la paz total hasta la utilización de informes anónimos para justificar la salida de altos mandos militares y policiales.
El caso más reciente involucra a Jorge Lemus, actual director, cuestionado por sus reuniones con el abogado de alias Papá Pitufo , a quien, presuntamente, ofreció beneficios que excedían sus competencias, siendo esta facultad exclusiva de la Fiscalía. A esto se suma el nombramiento de Wilmar de Jesús Mejía, quien, tras ser señalado en los archivos de Calarcá durante su paso por la Dirección de Inteligencia Estratégica, ahora ocupa la dirección de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), un organismo clave en la lucha contra el lavado de activos. Este movimiento genera interrogantes sobre la concentración de poder y los perfiles que están asumiendo funciones estratégicas en el aparato de Inteligencia del país.
Los antecedentes revelan una gestión marcada por la improvisación y el caos. La salida de Manuel Alberto Casanova, exguerrillero del M-19 y procesado por la toma del Palacio de Justicia, en febrero de 2024, se produjo en medio de críticas por la falta de resultados operativos y una administración debilitada. Posteriormente, en julio del mismo año, Carlos Ramón González fue desplazado por el escándalo de la UNGRD, donde se le acusó de direccionamiento de contratos y pagos a congresistas durante su paso por la Presidencia. González, actualmente, se encuentra asilado en Nicaragua, con una circular roja de Interpol previamente cancelada.
El patrón es claro: cambios constantes en la dirección, nombramientos de funcionarios sin experiencia en la rama de inteligencia, cuestionamientos éticos y un sistema que, lejos de fortalecerse, parece cada vez más vulnerable al escrutinio público y político en un momento crucial para la seguridad nacional.
Wilmar Mejía, el nuevo director de la UIAF, asumió el cargo a pesar de las investigaciones en su contra por su presunta vinculación con alias Calarcá y su suspensión provisional por la Procuraduría. En declaraciones a EL COLOMBIANO, Mejía afirmó que su único jefe político es el presidente de la República, desvinculándose de cualquier influencia de congresistas, ministros o grupos económicos. Yo no le respondo a nadie, solo al presidente de la República , enfatizó, subrayando una relación de dependencia directa con el jefe de Estado.
Mejía relató que fue notificado de su nombramiento a través de canales oficiales del Ministerio de Hacienda, sin la intervención de intermediarios políticos. Aseguró haber anticipado esta posibilidad y haber aceptado el cargo con tranquilidad, asumiendo la responsabilidad que conlleva. Sin embargo, su falta de conocimiento técnico en el área ha generado preocupación.
Frente a las acusaciones de ser un protegido del presidente Petro, Mejía rechazó el calificativo, afirmando que el mandatario conoce su trayectoria y cualidades. No obstante, esta cercanía es precisamente lo que genera suspicacias.
Respecto a su presunta relación con alias Calarcá, Mejía negó cualquier vínculo, calificando las versiones como inventivas basadas en asociaciones derivadas de operativos de inteligencia. Explicó que las interpretaciones erróneas podrían surgir de la incautación de dispositivos en un operativo contra el cabecilla en Antioquia en 2024, sugiriendo que los equipos podrían pertenecer a otros actores presentes en el lugar. Incluso, según su versión, el propio alias Calarcá habría desmentido su participación.
La Fiscalía me tendrá que investigar. Me tiene que garantizar las condiciones para que yo me pueda defender. Ya tengo mi abogado y estamos en trámite. Me puse a disposición de la Fiscalía. También puse a disposición mi pasaporte y mis equipos técnicos, para que, cuando lo considere necesario, los utilice y los examine , declaró Mejía a EL COLOMBIANO.
Sin embargo, fuentes cercanas a la Fiscalía revelaron que la fiscal Luz Adriana Camargo informó a la Presidencia sobre la existencia de pruebas graves contra Mejía, a pesar de lo cual fue nombrado director de la UIAF.
En este contexto, expertos en seguridad como Yefrin Garavito advierten sobre la pérdida de credibilidad de una de las entidades más estratégicas para la protección del Estado colombiano. La exposición mediática y las filtraciones de documentos están golpeando directamente la confianza institucional , señaló Garavito.
Según Garavito, la Inteligencia en Colombia siempre ha estado ligada al Ejecutivo, pero el problema surge cuando esa relación se ve comprometida por intereses políticos. Históricamente depende del presidente de la República, pero cuando se vinculan temas políticos, la situación se vuelve más compleja , afirmó. Este cruce de intereses puede erosionar la percepción de independencia y generar dudas sobre el uso de información estratégica.
La pérdida de confianza en los informes de inteligencia puede tener consecuencias graves, afectando decisiones judiciales y militares, como ocurrió con el general Edwin Urrego, destituido en febrero de 2024 tras ser señalado en un documento anónimo de la DNI de estar involucrado en un supuesto plan para perjudicar al presidente Petro.
Garavito enfatizó la importancia de verificar la información antes de hacerla pública, advirtiendo que la difusión de datos no corroborados puede generar crisis institucionales y afectar a las Fuerzas Armadas. También señaló el riesgo de la llegada de exintegrantes del M-19 a la DNI, que podría percibirse como un estamento político con posibles motivaciones de retaliación.
La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra el exdirector de la DNI, Jorge Arturo Lemus, por presuntamente ofrecer beneficios judiciales a través de contactos con el abogado de Diego Marín Buitrago (Papá Pitufo). El caso se originó por audios y reuniones reportadas a inicios de 2025, en las que se habría discutido posibles beneficios para el señalado contrabandista. El Ministerio Público también ordenó inspecciones en la DNI y en el Dapre para determinar si hubo autorizaciones oficiales para estos acercamientos. El presidente Petro afirmó que los contactos tenían como objetivo traer a Marín a Colombia para que respondiera ante la justicia, aunque el caso sigue en investigación.
La salida de Mejía de la DNI, inicialmente atribuida a las investigaciones en su contra, fue seguida por su nombramiento como director de la UIAF, respaldado por el Gobierno. Mejía es indagado por la supuesta filtración de información a disidencias de las Farc, tras el hallazgo de información sensible en dispositivos incautados a alias Calarcá en 2024. A pesar de negar los señalamientos, el material, según la Fiscalía, incluye información confidencial.
Luis Eduardo Llinás Chica también enfrentó controversias que culminaron con su salida del Gobierno en octubre de 2025, involucrado en investigaciones por presunto tráfico de influencias en el caso UNGRD y por incumplimiento de tutelas relacionadas con nombramientos en la DIAN.
Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), es considerado un aliado cercano del presidente Petro, con una larga trayectoria política y personal desde su militancia en el M-19. Ha denunciado posibles infiltraciones de estructuras criminales en la campaña de Petro.
La caída de Carlos Ramón González, exmano derecha de Petro, representó un duro golpe para el Gobierno, tras ser señalado por corrupción en la UNGRD y recibir asilo político en Nicaragua.
Manuel Alberto Casanova, el primer civil y exguerrillero del M-19 en dirigir la DNI, fue criticado por la falta de resultados operativos y una gestión administrativa debilitada. Su salida generó inquietudes sobre la desmilitarización de la Inteligencia y la falta de una transición técnica adecuada.
La situación actual plantea serias interrogantes sobre la independencia, la credibilidad y la eficacia de la Inteligencia colombiana, en un momento en que el país enfrenta desafíos complejos en materia de seguridad y orden público.
