La reelección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) ha desencadenado una intensa batalla legal y un creciente rechazo por parte de estudiantes, egresados, el sector empresarial y otras universidades del país. El proceso, calificado por múltiples sectores como un fraude , se basa en la exclusión de cuerpos electorales de oposición durante la sesión a puerta cerrada celebrada el 8 de abril en Antigua Guatemala, donde Mazariegos obtuvo su reelección para el periodo 2026-2030.
La oposición argumenta que la exclusión de votantes clave, que sumarían una cantidad suficiente para dar la victoria a Rodolfo Chang, invalida los resultados de las elecciones primarias en facultades y colegios profesionales. El Consejo Superior Universitario (CSU) justificó la exclusión alegando errores en documentos relacionados con las votaciones , una explicación que la oposición considera un pretexto para mantener a Mazariegos en el poder.
La situación se complica aún más con las denuncias presentadas contra Mazariegos ante la Contraloría General de Cuentas (CGC) en marzo. Aunque los detalles de estas denuncias permanecen en fase de investigación, fueron asignadas a la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP), lo que ha generado un clima de incertidumbre en torno a la legitimidad del nuevo periodo de Mazariegos.
La CGC ha señalado que Mazariegos no contaba con un finiquito vigente al momento de la elección, un requisito indispensable según la Ley de Probidad para postularse y tomar posesión del cargo. La falta de este documento podría acarrear una cuarta denuncia por parte de la CGC, la cual está evaluando la legalidad del proceso de elección. La CGC enfatizó que para cumplir con la ley de probidad, es necesario verificar el cumplimiento de los requisitos durante la postulación y posesión del cargo, y que la falta de cumplimiento conlleva a la presentación de denuncias.
Ante este escenario, diversos actores han recurrido a la Corte de Constitucionalidad (CC) para anular la reelección de Mazariegos y exigir la repetición de las votaciones con la participación de todos los cuerpos electorales. La Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales ya presentó un amparo ante la CC, buscando dejar sin efecto la elección y garantizar una votación inclusiva.
Estudiantes de distintas unidades académicas de la Usac también han presentado recursos legales en la CC y en otros juzgados, buscando legitimar el proceso de elección del rector. El respaldo a la lucha de los estudiantes san carlistas se ha extendido a universidades privadas como la Universidad del Valle, la Universidad Rafael Landívar y la Universidad Da Vinci, quienes han emitido comunicados condenando la forma en que fue electo Mazariegos y advirtiendo sobre el riesgo que esto representa para los principios democráticos.
El Consejo Nacional Empresarial (CNE) también se ha pronunciado, calificando la reelección de Mazariegos como un fraude y exigiendo a las Cortes una resolución pronta a las acciones legales presentadas. El CNE enfatizó que el sector privado no puede permanecer indiferente a lo que ocurre en la Usac, dada su importancia para el desarrollo del país.
La controversia se centra en la validez de la elección y la transparencia del proceso. La oposición denuncia la manipulación de los resultados y la violación de los principios democráticos, mientras que el equipo de Mazariegos defiende la legalidad de la elección y la legitimidad de su mandato.
El futuro de la Usac pende de la decisión de la Corte de Constitucionalidad y de la investigación de la Fiscalía contra la Corrupción. La comunidad universitaria y la sociedad en general esperan una resolución que garantice la transparencia, la legalidad y la participación democrática en la elección del rector, asegurando así la estabilidad y el buen funcionamiento de la universidad más grande de Guatemala.
La tensión en la Usac es palpable, con movilizaciones estudiantiles y debates acalorados en las facultades y colegios profesionales. La incertidumbre sobre el futuro de la universidad ha generado preocupación entre estudiantes, docentes y personal administrativo, quienes temen que la crisis política y legal afecte la calidad de la educación y la investigación.
La situación también ha puesto en evidencia las divisiones internas dentro de la Usac, con facciones enfrentadas que luchan por el control de la institución. La polarización política y la falta de diálogo han dificultado la búsqueda de soluciones consensuadas, exacerbando la crisis y prolongando la incertidumbre.
El caso de la Usac ha trascendido las fronteras universitarias y ha generado un debate nacional sobre la importancia de la autonomía universitaria, la transparencia en la gestión pública y el respeto a los principios democráticos. La resolución de esta crisis podría sentar un precedente importante para el futuro de la educación superior en Guatemala y para la defensa de las instituciones democráticas.
