La muerte del niño Ángel Nicolás López, de cuatro años, en Comodoro Rivadavia, Chubut, ha desatado una profunda conmoción y un intenso debate sobre los procesos de protección infantil en Argentina. En el centro de la controversia se encuentra Jennifer Grisel Leiva, psicóloga del Colegio Profesional de Psicólogos de Chubut, quien participó en la evaluación familiar y el proceso de revinculación del menor con su madre biológica. Los informes elaborados por la profesional, que influyeron en la decisión judicial de devolver a Ángel a la custodia materna, son ahora objeto de fuertes cuestionamientos por parte de la familia paterna.
Según la información disponible, Leiva intervino activamente en la evaluación del entorno familiar y en la preparación para la reintegración de Ángel a la vida con su madre. Su trabajo incluyó la elaboración de informes técnicos que detallaban su análisis de la situación y las recomendaciones correspondientes. Estos informes fueron considerados por el juez a cargo del caso, quien finalmente determinó que el niño podía regresar al hogar materno.
Sin embargo, tras el trágico fallecimiento de Ángel, la familia paterna ha expresado serias dudas sobre la validez y la objetividad de las evaluaciones realizadas por la psicóloga. Alegan que los informes no reflejaron adecuadamente el estado emocional del niño, quien, según su testimonio, manifestaba rechazo y temor hacia su madre.
El padre y la madrastra de Ángel afirman que existían registros audiovisuales que evidenciaban el miedo del niño, los cuales fueron presentados durante el proceso judicial. A pesar de ello, sostienen que estas señales de alerta no fueron tomadas en cuenta por la psicóloga, quien, en una de las instancias, habría minimizado sus preocupaciones. Esta actitud, según denuncian, contribuyó a la decisión de devolver a Ángel a un entorno que consideraban peligroso.
El niño falleció el domingo 5 de abril de 2026, después de ser encontrado sin signos vitales en la vivienda de su madre. Aunque los médicos lograron reanimarlo parcialmente, su estado era crítico y finalmente sucumbió a las lesiones al día siguiente en la unidad de terapia intensiva del Hospital Regional.
La autopsia inicial reveló la presencia de lesiones internas en la cabeza del menor, lo que ha abierto la posibilidad de que su muerte no haya sido natural, sino producto de un trauma o de un acto de violencia. Este hallazgo ha reforzado las sospechas sobre las circunstancias en las que se encontraba Ángel antes de su fallecimiento y ha llevado a las autoridades a investigar el caso como un posible homicidio o un cuadro derivado de abuso.
Las investigaciones también han revelado la existencia de denuncias previas por presunto maltrato contra la madre biológica. Estas denuncias, aunque no han sido confirmadas oficialmente, añaden una capa adicional de complejidad al caso y han intensificado la presión sobre las autoridades para esclarecer lo sucedido.
Jennifer Grisel Leiva, como profesional que participó en el proceso de evaluación y revinculación, se encuentra ahora en el centro de la atención pública. Su rol en el caso ha sido cuestionado por la familia paterna, quien exige una investigación exhaustiva para determinar si sus informes fueron objetivos y si se tomaron en cuenta todas las señales de alerta que el niño manifestaba.
La psicóloga, por su parte, no ha realizado declaraciones públicas sobre el caso. Se espera que preste su testimonio ante la justicia en los próximos días, donde deberá responder a las preguntas de los fiscales y de los abogados de la familia paterna.
El caso de Ángel López ha puesto de manifiesto las dificultades y los desafíos que implica la protección de los derechos de los niños en situaciones de riesgo. También ha generado un debate sobre la necesidad de mejorar los protocolos de evaluación y de intervención en casos de protección infantil, para garantizar que se tomen decisiones informadas y que se proteja el bienestar de los menores.
La comunidad de Comodoro Rivadavia se encuentra consternada por la muerte de Ángel y exige justicia. Se han organizado marchas y manifestaciones para exigir que se investigue a fondo el caso y que se castigue a los responsables, si los hubiera.
El Colegio Profesional de Psicólogos de Chubut ha emitido un comunicado en el que expresa sus condolencias a la familia de Ángel y se pone a disposición de la justicia para colaborar con la investigación. La institución ha anunciado que realizará una revisión interna de los protocolos de actuación en casos de protección infantil, para identificar posibles áreas de mejora.
El caso de Ángel López es un recordatorio doloroso de la vulnerabilidad de los niños y de la importancia de proteger sus derechos. La investigación en curso deberá esclarecer las circunstancias de su muerte y determinar si se cometieron errores o negligencias que contribuyeron a la tragedia. La sociedad argentina espera respuestas y justicia para Ángel y su familia.
