La reciente designación y rápida renuncia de Nataly Cruz Plaza como secretaria regional ministerial del Trabajo y Previsión Social en Arica y Parinacota ha reabierto el debate sobre los criterios utilizados para los nombramientos regionales. Cruz, con tan solo 26 años y recién egresada de la Universidad de Tarapacá (UTA), ocupó el cargo por apenas 8 días antes de presentar su dimisión debido a la imposibilidad de acreditar la experiencia laboral mínima requerida.
El delegado presidencial regional, Cristian Sayes, confirmó a El Mostrador que Cruz lo contactó para informarle de su decisión, explicando que, si bien cumplía con los requisitos académicos (8 semestres de estudios), no podía demostrar los dos años de experiencia laboral post-título exigidos para el puesto. Según Sayes, se le solicitó la acreditación de experiencia en múltiples ocasiones, pero sin éxito.
Lo que se entrega en el currículum efectivamente es estudios y se valida con los certificados y como faltaba esa acreditación de experiencia, se le pidió una, dos o tres veces, y al no poder entregarla, se le pidió la renuncia. El cargo pedía, al menos, dos años de experiencia laboral , explicó la autoridad.
La situación ha generado controversia, especialmente considerando que el nombramiento de Cruz ya había sido resistido por sectores del Partido Republicano, quienes consideraban que Yasmín Zamora, trabajadora social y funcionaria del Gobierno Regional, era la candidata más adecuada, ya que cumplía con los requisitos de experiencia. Sin embargo, la propuesta de Zamora no recibió el apoyo de la diputada republicana Stephanie Jéldrez ni del gobernador regional, Diego Paco (RN).
Según fuentes internas, el nombramiento de Cruz fue parte de un acuerdo político para otorgar un cupo al Partido Social Cristiano (PSC) en la región, en reconocimiento al apoyo temprano que este partido brindó a la candidatura presidencial de José Kast. La joven seremi, quien se había trasladado a Concepción tras una fallida candidatura a consejera regional hace dos años, fue importada para ocupar el cargo.
Este movimiento también habría afectado las aspiraciones de José Lee, excandidato a diputado, quien había sido propuesto para el cargo de seremi del Medioambiente, pero finalmente fue reemplazado por Raúl Gil, abogado y presidente regional de la UDI, quien previamente había ocupado el cargo de seremi de Justicia y Derechos Humanos durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera.
La renuncia de Cruz pone de manifiesto la importancia de verificar rigurosamente los antecedentes de los candidatos a cargos públicos, asegurando que cumplan con los requisitos legales y técnicos necesarios para desempeñar sus funciones de manera efectiva. El episodio también plantea interrogantes sobre la influencia de consideraciones políticas en los procesos de nombramiento, y la necesidad de priorizar la experiencia y la capacidad de los candidatos por sobre otros factores.
Tras la renuncia de Cruz, la Delegación Presidencial Regional ha iniciado la búsqueda de un nuevo seremi del Trabajo y Previsión Social. En principio, se considerará una terna de candidatos propuesta por el PSC. No obstante, Sayes advirtió que, en caso de no encontrar un candidato que cumpla con los requisitos en dicho partido, se ampliará la búsqueda a otros sectores políticos y profesionales con los méritos necesarios.
El caso de Nataly Cruz ha generado un debate público sobre la idoneidad de los nombramientos en el gobierno regional y la necesidad de establecer criterios más transparentes y objetivos para la selección de autoridades. La situación subraya la importancia de garantizar que los cargos públicos sean ocupados por personas calificadas y con la experiencia necesaria para cumplir con las responsabilidades inherentes a sus funciones, en beneficio de la comunidad y del buen funcionamiento del Estado. La búsqueda de un reemplazo adecuado se presenta como una oportunidad para fortalecer la confianza en la gestión pública y asegurar que los nombramientos se basen en el mérito y la capacidad, más allá de consideraciones políticas.
