Una tarde de tensión se vivió en la Universidad Austral de Chile (UACh) en Valdivia, tras la agresión sufrida por la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, durante su asistencia a la inauguración del año universitario.
Los incidentes se originaron a raíz de una manifestación estudiantil en el campus, en la que los estudiantes expresaron su oposición a la presencia de la autoridad gubernamental. Según información proporcionada por el Ministerio de Ciencias, la ministra Lincolao debió ser resguardada dentro del recinto durante un período de tres horas hasta que pudo ser rescatada.
Fuentes policiales consultadas por La Tercera revelaron que Carabineros solicitó verbalmente a las autoridades universitarias el acceso al campus para evacuar a la ministra y restablecer el orden. Sin embargo, la UACh negó inicialmente el ingreso solicitado.
Posteriormente, la UACh desmintió haber negado el acceso a Carabineros, afirmando que la institución mantiene sus puertas abiertas al público y una comunicación constante con la policía uniformada.
Conocedores de la situación explican que la negativa inicial impidió que Carabineros pudiera ingresar con personal del Control de Orden Público (COP), ya que la normativa vigente prohíbe el ingreso de la policía a una casa de estudios sin la autorización expresa de la institución académica.
La situación se complicó aún más debido a que la ministra de Ciencias no cuenta con un esquema de protección permanente por parte de Carabineros, dado el bajo perfil de riesgo que, hasta el momento, mantenía Lincolao. En consecuencia, la autoridad no dispone de funcionarios del departamento de Protección de Personas Importantes (PPI) para su resguardo.
Esta falta de protección específica explicaría, según fuentes consultadas por este medio, que la ministra Lincolao haya tenido que ser resguardada por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y transportada en un vehículo perteneciente a la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemart), una dependencia de la Armada.
El incidente ha generado debate sobre los protocolos de seguridad para autoridades gubernamentales en eventos públicos, especialmente en recintos universitarios. La normativa que regula el acceso de fuerzas policiales a las casas de estudio, así como la evaluación del nivel de riesgo de las autoridades, son aspectos que podrían ser revisados a raíz de lo ocurrido.
La Universidad Austral de Chile no ha emitido una declaración detallada sobre los hechos, más allá de desmentir la supuesta negativa al ingreso de Carabineros. Se espera que en los próximos días se realice una investigación interna para determinar las circunstancias exactas de lo sucedido y evaluar las medidas a tomar para evitar incidentes similares en el futuro.
El Ministerio de Ciencias, por su parte, ha condenado la agresión sufrida por la ministra Lincolao y ha reafirmado su compromiso con el diálogo y el respeto a la libertad de expresión. Sin embargo, también ha enfatizado la importancia de garantizar la seguridad de las autoridades y de los participantes en eventos públicos.
El incidente ha generado reacciones diversas en el ámbito político. Algunos sectores han criticado la actitud de los estudiantes manifestantes, mientras que otros han cuestionado la falta de previsión en materia de seguridad. Se espera que el tema sea abordado en el Congreso Nacional, donde se podrían discutir modificaciones a la normativa vigente.
La situación en la UACh ha puesto de manifiesto la complejidad de gestionar la seguridad en recintos universitarios, donde confluyen diferentes actores y se expresan diversas opiniones. La necesidad de encontrar un equilibrio entre el respeto a la autonomía universitaria y la protección de las personas es un desafío constante para las autoridades y las instituciones académicas.
El rescate de la ministra Lincolao, aunque exitoso, ha dejado una sensación de incertidumbre y ha planteado interrogantes sobre la efectividad de los protocolos de seguridad existentes. Es probable que este incidente sirva como punto de partida para una revisión exhaustiva de las medidas de protección de las autoridades gubernamentales y para un debate más amplio sobre el rol de la policía en los recintos universitarios.
