La Cámara de Diputados vivió una jornada de movimientos tácticos y debates intensos en torno a los dos proyectos de seguridad escolar presentados por el gobierno del Presidente José Antonio Kast. Si bien los ajustes al itinerario de tramitación fueron aceptados por el Ejecutivo, quedó en evidencia la falta de una estrategia unificada entre oficialismo y oposición para abordar estas iniciativas, generando controversia y fuertes críticas.
Uno de los proyectos, que busca modificar el Código Penal para elevar las sanciones por violencia escolar, fue derivado a la Comisión de Constitución tras una votación dividida en la oposición. El otro mensaje presidencial, que incluye medidas de control más directas en los establecimientos, como la revisión de mochilas y la restricción de acceso a la gratuidad universitaria para alumnos condenados por actos violentos, se quedó en manos de la Comisión de Educación, rechazándose su envío a otras instancias.
Este segundo proyecto ha sido el foco principal de la polémica. La medida que limita la gratuidad universitaria a estudiantes condenados por violencia escolar es una iniciativa que la UDI ha intentado implementar en varias ocasiones, sin éxito, durante la tramitación de las leyes de Presupuesto. En 2019, la entonces diputada María José Hoffmann, junto a otros legisladores, presentó una moción similar que tampoco prosperó en la Comisión de Educación.
Fuentes del gobierno confirmaron que la derivación del proyecto a la Comisión de Educación representa un gesto hacia los diputados gremialistas. Sin embargo, esta decisión ha permitido a la oposición articular un fuerte rechazo a la agenda de seguridad escolar del Presidente Kast.
La jefa de bancada del Partido Comunista (PC) e integrante de la Comisión de Educación, Daniela Serrano, cuestionó duramente la iniciativa, argumentando que busca eliminar beneficios sociales. Uno de los aspectos más preocupantes de este proyecto es que delimita que cualquier paralización de clase atenta contra la convivencia educativa, es decir, aquellos estudiantes que legítimamente se pongan a servicio de una movilización estudiantil, ya le estaríamos restringiendo el derecho a la gratuidad , declaró en una conferencia de prensa en el Congreso.
Serrano añadió que la derecha ha intentado imponer estas restricciones en múltiples ocasiones, incluso a través de la ley de Presupuestos, pero sin éxito. Lo hicieron en reiteradas ocasiones, intentaron hacerlo en la ley de Presupuestos, muchas veces pusieron restricciones que son inconstitucionales, que las llevamos al Tribunal Constitucional y hoy día quieren pasarlo bajo una ley de la República que es permanente , enfatizó.
La diputada Lorena Pizarro (PC) fue aún más contundente, afirmando que la propuesta busca el fin de la gratuidad. Vamos a terminar en un país cavernario. Esta propuesta lo que busca es el término de la gratuidad. La gratuidad no es algo que acomode al gobierno porque no le parece que sea un derecho a la educación y se van a buscar pretextos para terminar con ello , advirtió.
Por su parte, la diputada Emilia Schneider (Frente Amplio) argumentó que, en lugar de castigar a los estudiantes, el Estado debería invertir en su trayectoria educativa. Cuando un estudiante recae en una de estas conductas (de violencia), es cuando más necesita que el Estado invierta en su trayectoria educativa. Si dejamos solos a los niños, niñas y jóvenes que han cometido un delito o un error grave, por cierto, lo que vamos a estar generando es que se profundice esa conducta, en vez de llegar con apoyo del Estado La política educativa chilena y la violencia en las escuelas requiere soluciones concretas, no gestos simbólicos ni sensacionalismo , señaló.
El diputado Juan Santana (PS) criticó la falta de comprensión de las autoridades sobre la realidad de la educación pública. Las medidas que propone el gobierno dan cuenta de algo preocupante: nuestras autoridades son estudiantes de colegio privado que no tienen idea de cómo enfrentar la realidad de la educación pública... Se optó por el camino de las propuestas que no resultaron. Ya lo intentaron una vez con el proyecto aula insegura y fue una fórmula fracasada: los niveles de violencia escolar están en su peak , expresó.
Su compañero de bancada, César Valenzuela (PS), lamentó que se estén buscando soluciones fáciles para problemas complejos. Lamentablemente, lo que nosotros estamos viendo es que nuevamente llegamos a soluciones fáciles frente a problemas que son difíciles y cuestionó que un estudiante que hace un desorden termine perdiendo la gratuidad .
A pesar de las críticas, el Ejecutivo ha otorgado carácter de suma urgencia a ambos proyectos, lo que obliga a la Cámara de Diputados a despachar las propuestas en un plazo máximo de 15 días.
En contraste con la oposición, la mayoría de los legisladores de derecha han manifestado su apoyo a las medidas gubernamentales. La diputada Paulina Muñoz (libertaria) calificó los proyectos como acertados y urgentes para abordar la crisis de autoridad en los establecimientos educacionales. Los hechos de violencia dentro de los establecimientos educacionales ya no los podemos tolerar , afirmó.
La diputada Sara Concha (socialcristiana) añadió que es necesario avanzar en sanciones claras, incluyendo la evaluación de la posibilidad de que quienes cometan actos violentos pierdan el acceso a beneficios estatales. Es una señal concreta de que no estamos disponibles para tolerar la violencia , agregó.
El diputado Ricardo Neumann (UDI) defendió la idea de que la gratuidad debe ser un derecho reservado para aquellos que respetan las normas. La gratuidad debe estar al servicio de quienes respetan las normas, no de quienes las vulneran , declaró.
El diputado Diego Schalper (RN) expresó su apoyo al proyecto, pero también manifestó la necesidad de revisarlo en detalle para asegurar que se contemplen perspectivas de reinserción y rehabilitación para los estudiantes que hayan cometido errores. Nosotros vamos a apoyar el proyecto presentado por el gobierno... (Sin embargo), queremos revisar el contenido en detalle, porque nuestra convicción es que poner orden también tiene que ver con pensar en que esa persona, que puede haber cometido un delito, puede haber cometido una falta, puede haber cometido un error, tiene que tener perspectivas de reinserción y de rehabilitación. Y, por lo tanto, veamos cómo está redactado eso , concluyó.
