El asesor jurídico de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), José Antonio Bosch, ha advertido que la propuesta de reforma del artículo 43 de la Constitución española, impulsada por el Gobierno para reforzar el derecho al aborto, podría, paradójicamente, disminuir la protección legal que las mujeres disfrutan actualmente.
Bosch, en declaraciones a Europa Press tras la aprobación en segunda vuelta del proyecto por el Consejo de Ministros este martes, argumenta que la modificación constitucional propuesta no mejorará la protección del derecho al aborto, sino que podría situarlo en una posición legal más vulnerable.
El experto jurídico explica que la decisión de una mujer de interrumpir su embarazo ya cuenta con amparo constitucional sólido, basándose en el artículo 10.1 de la Constitución, que reconoce la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad, y en el artículo 15, que garantiza el derecho fundamental a la integridad física y moral.
Según Bosch, el Tribunal Constitucional ha establecido que, con la legislación vigente, el derecho al aborto está incluido o amparado por estos dos artículos fundamentales. Esto le otorga una garantía constitucional de máxima protección, al estar dentro del catálogo de derechos fundamentales.
La clave de la preocupación reside en la ubicación de los artículos constitucionales. Los pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre el aborto se fundamentan en los artículos 15 a 29 de la Constitución Española, pertenecientes a la Sección Primera del Capítulo Segundo del Título I, que engloba los derechos y libertades fundamentales. Sin embargo, la reforma propuesta por el Gobierno busca modificar el artículo 43, que se encuentra en la Sección Segunda de la Constitución.
Bosch subraya que este cambio de ubicación tendrá un impacto significativo en la interpretación del Tribunal Constitucional. Al trasladar el derecho al aborto a la Sección Segunda, ya no podrá considerarse un derecho fundamental con la protección y las garantías asociadas, incluyendo el acceso al registro de garantías constitucionales. En esencia, el derecho al aborto "perderá protección", según el asesor jurídico de ACAI.
Con la modificación propuesta, el derecho al aborto podría quedar desprotegido ante posibles recursos o impugnaciones ante el Tribunal Constitucional. Bosch señala que modificar la Sección Primera de la Constitución requeriría una mayoría de dos tercios en cada cámara legislativa y la disolución inmediata de las Cortes Generales, un proceso mucho más complejo y exigente. En contraste, la reforma del artículo 43 podría aprobarse con una mayoría de tres quintos en ambas cámaras, lo que facilita su aprobación.
El proyecto de ley del Gobierno incorpora las mejoras sugeridas por el Consejo de Estado y añade un nuevo apartado, el número 4, al artículo 43 de la Constitución, con la siguiente redacción: "Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para dicho ejercicio".
A pesar de esta adición, Bosch insiste en que la ubicación del derecho en la Sección Segunda de la Constitución es lo que genera la preocupación.
El proceso legislativo continuará siguiendo los pasos establecidos en el artículo 167 de la Constitución. El proyecto deberá ser aprobado por mayoría de tres quintos tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. En caso de desacuerdo entre las cámaras, se creará una Comisión Mixta Congreso-Senado para proponer un nuevo texto, que se someterá nuevamente a votación. Si persiste el desacuerdo, el texto podría ser aprobado por mayoría de dos tercios en el Congreso y mayoría absoluta en el Senado.
La advertencia de ACAI plantea un debate sobre la estrategia legal más efectiva para garantizar la protección del derecho al aborto en España, y pone de manifiesto la complejidad de las reformas constitucionales y sus posibles consecuencias no deseadas. La asociación insta a una reflexión profunda sobre los riesgos que implica la modificación propuesta, a pesar de sus buenas intenciones declaradas. La discusión sobre la mejor manera de blindar este derecho fundamental está, por tanto, lejos de haber concluido.
