La incertidumbre política amenaza la atención médica en Estados Unidos, poniendo en riesgo el futuro de casi 1.000 pacientes que cada año acuden a la clínica de neumología del Dr. Faysal Al Ghoula en el suroeste de Indiana. Al Ghoula, un médico de 38 años, se enfrenta a la posibilidad de perder su capacidad para atender a sus pacientes debido a cambios en las políticas migratorias implementadas durante la administración Trump, que continúan generando complicaciones bajo la actual administración.
El Dr. Al Ghoula, originario de Libia, un país considerado de alto riesgo por las autoridades estadounidenses, se encuentra entre un número creciente de médicos inmigrantes que enfrentan demoras indefinidas en la resolución de sus solicitudes de visa, permisos de trabajo, residencia permanente y ciudadanía. Esta situación, que afecta a aproximadamente 2 millones de solicitudes de inmigración según el Instituto Cato, pone en peligro la estabilidad de la fuerza laboral médica en el país, especialmente en áreas rurales y con escasos recursos.
La preocupación no es teórica. Algunos hospitales ya han perdido médicos debido a estas políticas, lo que se traduce en una atención médica más limitada para las comunidades a las que sirven. La ausencia de estos profesionales no necesariamente provocará el cierre de hospitales, pero sí afectará la calidad y el acceso a la atención médica, y su reemplazo tomará años, considerando que la formación de un médico, especialmente en especialidades como la neumología y la medicina intensiva, puede durar entre tres y siete años o más.
La Asociación Médica Estadounidense (AMA) ha solicitado a los Departamentos de Seguridad Nacional y de Estado de EE.UU. que eximan a los médicos de la prohibición, argumentando la atención médica indispensable que brindan, especialmente ante la escasez de personal médico prevista para la próxima década. La AMA destaca que los médicos formados en el extranjero desempeñan un papel fundamental para cubrir esta necesidad, especialmente en las zonas de EE.UU. con poblaciones de alta necesidad. Sin embargo, hasta el momento, las respuestas del gobierno han sido evasivas.
Matthew J. Tragesser, portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), afirmó que la administración se enfoca en verificar las identidades y los antecedentes de las personas que ingresan al país, especialmente de aquellos provenientes de países con historiales deficientes en la verificación de sus ciudadanos. Tragesser también indicó que el USCIS ha suspendido todas las resoluciones para extranjeros provenientes de los países de alto riesgo designados por el presidente Trump mientras trabajan para garantizar que sean investigados y examinados con el máximo rigor posible.
Sin embargo, expertos como David J. Bier, del Instituto Cato, critican la falta de transparencia y la lentitud del proceso, acusando al USCIS de fingir que está tomando medidas significativas sin realizar cambios sustanciales en la política. Históricamente, el gobierno federal ha eximido a los médicos de algunas restricciones inmigratorias, y recientemente, el Departamento de Estado ordenó a sus funcionarios priorizar las solicitudes de visa de los médicos. No obstante, no está claro si la administración extenderá exenciones similares a los médicos afectados por la pausa actual.
El Dr. Al Ghoula, quien posee una visa que lo clasifica como persona con habilidades extraordinarias , se encuentra en una situación precaria, ya que su autorización para trabajar expira en septiembre. A pesar de su dedicación a la comunidad de Evansville, Indiana, donde atiende a casi 1.000 pacientes al año, incluyendo aquellos con enfermedades pulmonares crónicas y nuevos diagnósticos de cáncer de pulmón, su futuro en Estados Unidos es incierto.
La situación del Dr. Al Ghoula no es única. CNN habló con ocho médicos afectados por el cambio de política, todos ellos con más de una década de experiencia en Estados Unidos. Iqbal, un médico afgano que trabaja en una zona rural, teme tener que regresar a su país natal, ahora bajo el control de los talibanes, donde sus hijos, que nunca han estado en Afganistán, enfrentarían la privación de sus derechos fundamentales, incluyendo el acceso a la educación.
Otros médicos, como Elisa, una oftalmóloga iraní, y Ezequiel Veliz, un médico venezolano, han perdido sus empleos y enfrentan la posibilidad de abandonar la profesión que aman. Veliz, quien llegó al Valle del Río Grande, en Texas, con la ilusión de ayudar a una comunidad desatendida, se vio obligado a abandonar su trabajo después de que se eliminaran las protecciones contra la deportación para los venezolanos.
La incertidumbre legal y la burocracia han llevado a algunos médicos a presentar demandas contra el Gobierno federal, buscando proteger su derecho a seguir trabajando en Estados Unidos. Curtis Morrison, el abogado que representa a varios de estos médicos, ha presentado más de una docena de demandas y planea liderar un litigio colectivo que podría cuestionar la moratoria en su totalidad.
La situación plantea serias preocupaciones sobre el futuro de la atención médica en Estados Unidos, especialmente en las áreas rurales y con escasos recursos, donde los médicos inmigrantes desempeñan un papel crucial. La pérdida de estos profesionales no solo afectará a los pacientes, sino que también agravará la escasez de médicos prevista para la próxima década, poniendo en riesgo la salud y el bienestar de millones de estadounidenses. La comunidad médica y los defensores de los inmigrantes instan al gobierno a tomar medidas urgentes para resolver esta crisis y garantizar que los médicos inmigrantes puedan seguir brindando atención médica esencial a quienes más la necesitan.
