La Abogacía del Estado ha presentado una maniobra estratégica en el juicio del caso Kitchen, buscando evitar que la Administración asuma el pago de posibles indemnizaciones derivadas de las operaciones de espionaje al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, orquestadas en 2013. Durante la primera sesión de la vista oral en la Audiencia Nacional, los representantes legales del Estado se basaron en un argumento técnico para solicitar al tribunal que declare nula la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción de que el Estado responda de forma subsidiaria por las acciones llevadas a cabo en el Ministerio del Interior y la Policía Nacional.
La defensa del Estado argumenta que, al dictarse la resolución que permitió la apertura del juicio oral en 2023 por el magistrado instructor Manuel García-Castellón, no se especificaba la condición del Estado como responsable civil. Esta omisión, según la Abogacía, vulnera el derecho de defensa del Estado y genera una situación de injusticia material , al impedir que presentara alegaciones para contrarrestar las acusaciones en su contra.
Esta acción de la Abogacía del Estado pone de manifiesto su doble papel en el proceso judicial. Por un lado, ejerce la acusación, solicitando penas para los diez altos cargos de Interior y Policía de la época del gobierno de Mariano Rajoy que se sientan en el banquillo, incluyendo al exministro Jorge Fernández Díaz. Por otro lado, simultáneamente, defiende al Estado frente a la reclamación de la Fiscalía de que asuma la responsabilidad subsidiaria en el posible pago de indemnizaciones.
La Fiscalía Anticorrupción, en su escrito de acusación, solicita que los acusados indemnicen a Luis Bárcenas con 6.000 euros y a su esposa, Rosalía Iglesias, con 3.000 euros por los perjuicios causados por las actividades de Kitchen. Además, insiste en que la Administración del Estado debe responder subsidiariamente, dado que la operación irregular fue ejecutada por altos funcionarios de la Policía y del Interior.
Sin embargo, la Fiscalía no es la única parte que plantea esta posibilidad. La abogada de la familia Bárcenas, que representa al extesorero, a su esposa y a su hijo, Guillermo Bárcenas, ha solicitado una indemnización de 1,2 millones de euros para sus clientes. Asimismo, argumenta que el Estado también debería ser considerado responsable civil subsidiario, ya que los delitos fueron cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.
La decisión del tribunal sobre la petición de la Abogacía del Estado será crucial. Los magistrados han reservado la semana actual para la fase de cuestiones previas de la vista oral. El juicio se reanudará este martes con las respuestas de las partes a las primeras reclamaciones de sus adversarios, y la Fiscalía tendrá la oportunidad de responder a los argumentos de los servicios jurídicos de la Administración.
El caso Kitchen se centra en las investigaciones realizadas por la Policía Nacional, bajo las órdenes del Ministerio del Interior, para obtener información comprometedora sobre Luis Bárcenas, en un momento en que el Partido Popular se enfrentaba a graves acusaciones por el caso G rtel y a la publicación de los papeles de Bárcenas, que revelaban cuentas ocultas en Suiza. La operación, que recibió el nombre de Kitchen por el lugar donde se realizaban las reuniones, involucró a altos cargos de la Policía y del Interior, quienes supuestamente utilizaron fondos reservados para llevar a cabo las tareas de espionaje.
La investigación judicial ha revelado que se utilizaron métodos ilegales, como el acceso no autorizado a cuentas bancarias y la interceptación de comunicaciones privadas, para obtener información sobre Bárcenas y su entorno. La Fiscalía Anticorrupción considera que estas acciones constituyen delitos de coacciones, revelación de secretos y prevaricación.
La Abogacía del Estado, al intentar eludir la responsabilidad subsidiaria, argumenta que la falta de notificación formal de su condición de responsable civil en la fase inicial del proceso le ha impedido defenderse adecuadamente. Sostiene que no tuvo la oportunidad de presentar alegaciones para contrarrestar las acusaciones que se le imputan, lo que vulnera su derecho de defensa.
La estrategia de la Abogacía del Estado podría tener importantes implicaciones financieras para la Administración. Si el tribunal acepta la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción y de la familia Bárcenas, el Estado podría verse obligado a pagar indemnizaciones millonarias, además de las posibles sanciones penales que se impongan a los acusados.
El juicio del caso Kitchen se presenta como un momento clave para esclarecer las responsabilidades en las operaciones de espionaje político que se llevaron a cabo durante el gobierno de Mariano Rajoy. La decisión del tribunal sobre la responsabilidad civil del Estado podría marcar un precedente importante en futuros casos de este tipo. La reanudación del juicio este martes se espera con gran interés, ya que se espera que las partes presenten sus argumentos y pruebas para respaldar sus respectivas posiciones. La resolución final del caso podría tener consecuencias significativas tanto para los acusados como para la Administración del Estado.
