El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador devolvió al Tribunal Constitucional la propuesta del Ejecutivo para un referéndum que busca modificar la forma en que se designan las autoridades clave del Estado. La iniciativa, que actualmente recae en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), podría pasar a la Asamblea Nacional (Parlamento) si la ciudadanía así lo decide.
El CNE recibió el lunes el documento reformulado por el Gobierno, tras las indicaciones previas del Tribunal Constitucional. Sin embargo, determinó que el texto debe regresar al tribunal para una nueva revisión antes de que se pueda emitir el decreto de convocatoria al referéndum. Este proceso se da en un contexto de controversia, ya que el Gobierno también ha adelantado las elecciones seccionales para el 29 de noviembre de 2026, argumentando la probabilidad de fuertes lluvias debido al fenómeno de El Niño. Esta decisión del CNE ha generado cuestionamientos y demandas legales por parte de organizaciones políticas que buscan revertirla.
El Cpccs, creado con la Constitución de 2008, es actualmente una de las cinco funciones o poderes del Estado en Ecuador. Posee la facultad de designar a funcionarios de gran relevancia para el funcionamiento del país. La propuesta del Gobierno busca transferir esa facultad al Legislativo, permitiendo que la ciudadanía decida, a través del referéndum, si la Asamblea Nacional debe ser la encargada de designar a figuras como el procurador general, el fiscal, el contralor, los superintendentes, los miembros del CNE y otras autoridades.
El objetivo del Ejecutivo es que el referéndum se realice simultáneamente con las elecciones seccionales, que han sido adelantadas al 29 de noviembre de 2026. La decisión de adelantar las elecciones seccionales ha sido objeto de debate y controversia. El Gobierno justifica esta medida argumentando la necesidad de evitar posibles inconvenientes derivados de las intensas lluvias que se prevén debido al fenómeno de El Niño. Sin embargo, organizaciones políticas y otros actores han cuestionado esta decisión, presentando demandas legales para intentar revertirla.
El proceso para la realización del referéndum implica varios pasos. Primero, el Ejecutivo debe presentar la propuesta al CNE. Luego, el CNE debe revisar el texto y determinar si cumple con los requisitos legales. En caso de que el CNE considere que el texto necesita ser modificado, lo devuelve al Ejecutivo para que lo reformule. Una vez que el CNE aprueba el texto, lo envía al Tribunal Constitucional para que verifique su constitucionalidad. Si el Tribunal Constitucional considera que el texto es constitucional, lo devuelve al CNE, que finalmente emite el decreto de convocatoria al referéndum.
La devolución del texto al Tribunal Constitucional por parte del CNE indica que aún existen aspectos que deben ser revisados y aclarados antes de que se pueda avanzar con la convocatoria al referéndum. El Tribunal Constitucional deberá analizar cuidadosamente la propuesta del Ejecutivo para determinar si se ajusta a la Constitución y a las leyes ecuatorianas.
La decisión final sobre si se realizará o no el referéndum y sobre el contenido de las preguntas que se plantearán a la ciudadanía dependerá de los resultados de la revisión del Tribunal Constitucional y de la posterior decisión del CNE. Este proceso es crucial para el futuro del sistema de designación de autoridades en Ecuador, ya que podría significar un cambio significativo en la distribución de poderes y en la forma en que se toman las decisiones en el país.
La iniciativa del Gobierno ha generado un debate público sobre la conveniencia de modificar el sistema actual de designación de autoridades. Algunos sectores argumentan que la concentración de poder en el Cpccs ha sido excesiva y que es necesario devolver la facultad de designación al Legislativo, que es el órgano encargado de representar a la ciudadanía. Otros sectores, por el contrario, defienden el papel del Cpccs como garante de la transparencia y la independencia en la designación de autoridades.
El resultado del referéndum tendrá un impacto significativo en la política ecuatoriana. Si la ciudadanía aprueba la propuesta del Gobierno, la Asamblea Nacional asumirá la facultad de designar a las autoridades clave del Estado, lo que podría generar un cambio en la dinámica de poder y en la forma en que se toman las decisiones en el país. Si la ciudadanía rechaza la propuesta, el Cpccs mantendrá su actual facultad de designación, lo que significaría la continuidad del sistema actual.
La situación actual se encuentra en una etapa de incertidumbre, a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional y del CNE. El proceso para la realización del referéndum es complejo y requiere de la colaboración de diferentes instituciones del Estado. La transparencia y la participación ciudadana son fundamentales para garantizar la legitimidad del proceso y el resultado final.
