El exembajador Roy Barreras, otrora cercano al gobierno de Gustavo Petro, ha encendido una alarma en el panorama electoral colombiano al sugerir una conexión entre la suspensión de órdenes de captura a líderes criminales y la búsqueda de votos para el candidato del continuismo, Iván Cepeda. Las declaraciones, realizadas al portal noticioso Los Danieles, apuntan a una posible influencia indebida de grupos armados en el proceso democrático, generando preocupación en diversos sectores de la sociedad.
Barreras no se limitó a Antioquia, sino que extendió sus acusaciones a otros departamentos como Caquetá, donde mencionó a alias Calarcá y alias Érika Castro , comandantes de la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), quienes, según el exembajador, ejercen control territorial y podrían estar condicionando el voto de la población. Estoy seguro que sí. Los señores que extorsionan en el Caquetá Si manda Araña , pues decide la votación, porque conmina, porque obliga , afirmó Barreras, refiriéndose también a Geovany Andrés Rojas, alias Araña , jefe de los Comandos de Frontera.
La referencia a alias Araña es particularmente delicada, dado que este delincuente fue capturado en febrero de 2025 con fines de extradición a Estados Unidos por cargos de narcotráfico, pero el gobierno de Petro se opuso a la medida argumentando su rol como vocero de paz. Barreras también mencionó el caso de López de Micay, en Cauca, donde el asesinato del exdiputado de la Fuerza de la Paz, Luis Vallejo Román, se suma a un contexto de posible manipulación electoral. Según el exembajador, en este municipio, la Segunda Marquetalia, liderada por Luciano Marín, alias Iván Márquez , no solo obliga al voto, sino que directamente recolecta las cédulas para garantizar el resultado deseado.
La controversia se centra en la reciente suspensión de órdenes de captura a 23 jefes del crimen organizado en el Valle de Aburrá, una medida tomada a petición del gobierno en el marco de las negociaciones de paz. Barreras considera que esta decisión va a producir resultados electorales , aunque matiza que no necesariamente se haya planeado todo el proceso de paz total con ese objetivo.
Las acusaciones de Barreras se suman a las preocupaciones ya expresadas por la Misión de Observación Electoral (MOE), que ha identificado 19 municipios en riesgo extremo debido a la presencia y el accionar de grupos armados. En estos municipios, el Pacto Histórico ha obtenido resultados electorales que, según la MOE, resultarían difíciles de explicar en cualquier democracia competitiva . El informe de la MOE destaca patrones similares en el Nordeste y Bajo Cauca antioqueños, donde la influencia de las disidencias se traduce en un apoyo abrumador al Pacto Histórico.
El caso de Sucre, Cauca, es particularmente llamativo, donde el Pacto obtuvo el 73% de los votos con apenas el 39% de participación. En Jambaló y Totoró, el porcentaje de votos para el Pacto fue del 68%. Estos datos, según la MOE, sugieren una posible coacción al voto por parte de los grupos armados.
Hasta el momento, ni el presidente Petro ni el candidato Iván Cepeda han respondido a las insinuaciones de Barreras. Sin embargo, la gravedad de las acusaciones exige una investigación exhaustiva y transparente para esclarecer si existe una relación entre las negociaciones de paz y los resultados electorales.
La situación plantea un debate sobre los límites de la paz total y los riesgos de otorgar beneficios judiciales a líderes criminales sin garantizar la protección de la integridad del proceso democrático. La posibilidad de que los capos beneficiarios de la paz total ejerzan presión sobre los votantes en las elecciones es una preocupación creciente en la sociedad colombiana, y las declaraciones de Barreras no hacen más que avivar este temor.
El debate sobre la parapolítica resurge con fuerza, y la sociedad colombiana se pregunta si se está gestando una nueva forma de control territorial y manipulación electoral, esta vez a través de las negociaciones de paz. La transparencia, la rendición de cuentas y la protección de los derechos de los ciudadanos son fundamentales para garantizar que el proceso democrático no se vea comprometido por la acción de grupos armados ilegales. La situación exige una respuesta rápida y contundente por parte de las autoridades competentes para preservar la confianza en las instituciones y garantizar la legitimidad de las elecciones.
