El presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció un endurecimiento de la política migratoria que contempla la expulsión gradual de migrantes en situación irregular, priorizando a ciudadanos de Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador. El anuncio se realizó tras una reunión con el presidente argentino, Javier Milei, en Buenos Aires, en el marco de su primer viaje oficial al exterior.
Kast instó a aquellos que ingresaron al país sin cumplir con los requisitos legales a abandonar el territorio de forma voluntaria, advirtiendo que de no hacerlo, se cerrará definitivamente esa posibilidad. Hemos convocado a las personas que entraron por la ventana a Chile a salir voluntariamente... si no lo hacen voluntariamente, esa posibilidad (de vivir en Chile) se va a cerrar definitivamente , declaró el mandatario.
La estrategia del gobierno chileno busca aplicar la ley sin generar alteraciones sociales, pero con firmeza frente a las conductas fuera del marco legal, incluyendo la migración irregular. El objetivo es que las personas sin documentos abandonen el país y, en caso de desear regresar, inicien un proceso formal de solicitud de residencia.
Expertos advierten que esta medida podría dejar en una situación de vulnerabilidad a miles de personas, sin garantías de poder retornar a Chile. Ante esta situación, el presidente Kast mencionó la posibilidad de establecer un corredor humanitario terrestre para facilitar la salida hacia países vecinos como Perú, Ecuador o Colombia. En cuanto a Venezuela, expresó su esperanza de que se restablezcan los vuelos hacia ese país, evitando así la necesidad del corredor terrestre.
Como primera acción en su agenda migratoria, Kast ordenó la suspensión del proceso de regularización de 182.000 migrantes que había sido iniciado por el gobierno anterior de Gabriel Boric. Esta decisión cumplía una de sus principales promesas de campaña.
Además, el gobierno chileno presentará al Congreso dos proyectos de ley: uno para sancionar a quienes faciliten el ingreso irregular al país y otro para tipificar como delito la entrada ilegal a Chile. Estas iniciativas buscan reforzar el control fronterizo y disuadir la migración irregular.
Organizaciones chilenas han expresado su preocupación por el impacto de estas decisiones. Según estimaciones, cerca de 338.000 personas se encuentran en situación irregular en Chile, de las cuales 182.000 habían entregado sus datos en el proceso de registro anterior.
Estas organizaciones señalan que los migrantes contribuyen con aproximadamente el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) chileno y que la falta de regularización podría privar a miles de trabajadores del acceso a derechos básicos. La medida podría afectar significativamente la economía del país, especialmente en sectores donde la mano de obra migrante es fundamental.
La decisión de Kast se enmarca en un contexto de creciente preocupación por el flujo migratorio en la región y en un discurso político que enfatiza la necesidad de controlar las fronteras y proteger los empleos nacionales. Sin embargo, la implementación de esta política migratoria más restrictiva plantea desafíos humanitarios y económicos que deberán ser abordados por el gobierno chileno.
La situación de los migrantes venezolanos, colombianos, peruanos y ecuatorianos en Chile se ha vuelto particularmente delicada. Muchos de ellos han huido de crisis económicas, políticas o sociales en sus países de origen y buscan en Chile una oportunidad para reconstruir sus vidas. La posibilidad de ser expulsados o de enfrentar dificultades para regularizar su situación genera incertidumbre y temor en estas comunidades.
El gobierno chileno argumenta que la medida es necesaria para garantizar el orden público y proteger los derechos de los ciudadanos chilenos. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos advierten que la expulsión masiva de migrantes podría violar los principios de no devolución y de respeto a la dignidad humana.
La creación de un corredor humanitario podría ser una solución temporal para facilitar la salida de los migrantes en situación irregular, pero no aborda las causas de fondo de la migración ni garantiza la protección de sus derechos. Además, la viabilidad de este corredor dependerá de la cooperación de los países vecinos y de la disponibilidad de recursos para brindar asistencia a los migrantes en tránsito.
El futuro de los migrantes en Chile es incierto. La implementación de la nueva política migratoria de Kast podría generar un éxodo masivo de personas que se vean obligadas a abandonar el país. La situación plantea desafíos importantes para el gobierno chileno y para la comunidad internacional, que deberán trabajar juntos para encontrar soluciones justas y sostenibles.
