El Gobierno de México enfrenta una nueva escalada de tensión con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tras la publicación de un informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) que califica las desapariciones de personas en el país como un crimen de lesa humanidad, cometido de manera generalizada y sistemática. La recomendación del CED de elevar la crisis mexicana a la Asamblea General de la ONU ha provocado una fuerte reacción de rechazo por parte de la administración de Claudia Sheinbaum, que insiste en atribuir la responsabilidad exclusiva al crimen organizado y en resaltar los esfuerzos institucionales para abordar el problema.
Este lunes, la presidenta Sheinbaum enfatizó que el estudio del CED se basó en un análisis limitado de casos, circunscrito a ciertos estados y a periodos anteriores a la llegada de su partido, Morena, al poder en 2018. Sin embargo, el informe también documenta ejemplos recientes y subraya la persistencia de condiciones estructurales que facilitan la comisión de este delito, que acumula más de 133.000 casos, a veces con la participación o aquiescencia de autoridades locales, estatales y federales.
El informe del CED se centra en casos documentados en Coahuila (2009-2016), Nayarit (2011-2017) y Veracruz (2010-2016), periodos correspondientes a gobiernos de partidos distintos a Morena, principalmente del PAN y el PRI. Sheinbaum argumenta que estos hechos no son representativos de la actual administración. No obstante, el informe también menciona las 28.880 desapariciones reportadas entre enero de 2023 y abril de 2025 en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, un periodo que abarca el final del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el inicio del mandato de Sheinbaum.
La gravedad de la situación se evidencia en estados como Jalisco, donde la Fiscalía ha procesado, entre 2018 y 2025, 205 fosas clandestinas en 19 municipios, con el hallazgo de los cuerpos de 1.959 personas. En Guanajuato, el número de desaparecidos se ha multiplicado por ocho entre 2017 y 2025, mientras que en Tabasco las desapariciones han experimentado un incremento exponencial en 2024 y 2025, afectando principalmente a niñas y jóvenes.
El informe llega en un momento en que México está revisando sus cifras oficiales de desaparecidos. La nueva metodología de conteo indica que solo una tercera parte del total (43.128 registros) corresponde a personas de las que no se tiene rastro y que no han mostrado actividad alguna desde su desaparición. El resto se refiere a personas que han registrado alguna actividad (uso de sistemas bancarios, atención médica) o de las que no se cuenta con información suficiente para iniciar su búsqueda.
La crisis de desapariciones en México se agudizó con el inicio de la guerra contra el narcotráfico en 2006, durante la presidencia de Felipe Calderón, y se ha convertido en una de las mayores problemáticas del país. Ante la incapacidad de los gobiernos para resolver la situación, los colectivos de búsqueda, integrados por familiares de víctimas, han asumido un papel protagónico.
El Gobierno mexicano rechaza la conclusión del CED de que las desapariciones forzadas son una práctica sistemática, argumentando que no se trata de una política estatal, como ocurrió durante la Guerra Sucia . La ONU, si bien reconoce que no existen indicios bien fundados de que esto constituya en sí misma una política federal , destaca las omisiones del Estado en la prevención, investigación y castigo del delito. Además, señala casos documentados de participación de funcionarios gubernamentales corruptos, incluyendo detenciones ilegales para entregar a las víctimas a grupos criminales o simplemente para hacerlas desaparecer, así como el uso de recursos públicos para la comisión de estos crímenes.
El Comité de la ONU observa que las condiciones institucionales no han mejorado significativamente en comparación con visitas anteriores y recomendaciones emitidas. A pesar de la creación de fiscalías especializadas y la aprobación de leyes en la materia, el número de personas desaparecidas sigue aumentando y la crisis forense y la impunidad continúan prevaleciendo . Se critica la falta de rendición de cuentas de los responsables de alto nivel y la incapacidad de las autoridades para hacer frente a la magnitud del problema. El informe describe una situación generalizada de desapariciones en gran parte del territorio nacional, frente a la cual impera una impunidad casi absoluta y la revictimización .
La impunidad se atribuye en gran medida a la corrupción, especialmente en la judicatura local y los gobiernos estatales, lo que obstaculiza las investigaciones genuinas. En 2025, tres estados Sonora, Veracruz y Tamaulipas concentraban el 37% del total de fosas clandestinas reportadas a nivel nacional. El caso del Rancho Izaguirre en Jalisco, utilizado como centro de adiestramiento del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), es citado como ejemplo de la posible participación de funcionarios públicos, ya que el reclutamiento por parte del cartel incluía a expolicías, lo que sugiere el posible apoyo o aquiescencia de ciertas autoridades estatales .
El CED señala fallos estructurales persistentes, como la tendencia de las autoridades a investigar las desapariciones bajo otras figuras delictivas (homicidio, secuestro, delincuencia organizada), la falta de recursos humanos y financieros en las comisiones de búsqueda, y las precarias condiciones laborales de su personal. Además, critica la narrativa oficial que atribuye la responsabilidad exclusiva al narcotráfico, señalando que esta simplificación del fenómeno de desapariciones en el país ignora que en muchos de estos casos el crimen organizado opera con la autorización, apoyo o aquiescencia de las autoridades .
La abogada Melissa Ayala enfatiza que el informe y la decisión de presentar el caso a la Asamblea General de la ONU no son una condena a México, sino un diagnóstico que podría permitirle recibir apoyo institucional del sistema internacional para abordar la crisis. No dice que es el Estado el que está cometiendo las desapariciones, sino que la falta de políticas, la impunidad y la existencia de ciertos funcionarios públicos permite que esto se esté dando de manera generalizada en todo el país , explica. Considera que la respuesta de rechazo del gobierno mexicano es una oportunidad perdida para reconocer el problema y buscar soluciones. Debemos ver esta decisión como un diagnóstico de algo que vemos todos los días, independientemente de la postura ideológica que tengamos , concluye.
