El senador Kusanovic advierte sobre una posible superposición de espacios marítimos entre Chile y Argentina, a raíz de la reciente declaración conjunta firmada durante la visita del Presidente José Antonio Kast a Buenos Aires. La inquietud se centra en la reiteración del respaldo chileno a los derechos de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, incluyendo ahora explícitamente los espacios marítimos circundantes .
Si bien el apoyo a las pretensiones argentinas sobre las Malvinas es una postura tradicional de la diplomacia chilena, en concordancia con resoluciones internacionales, la adición de los espacios marítimos ha generado alarma en el senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic. El parlamentario teme que esta inclusión pueda dar lugar a interpretaciones que afecten la delimitación de los límites marítimos en la zona austral.
Kusanovic advirtió que la proyección de los espacios marítimos adyacentes de las islas del mar Austral reclamadas por Argentina podría superponerse con territorio perteneciente a Magallanes y la Antártica Chilena, incluso extendiéndose al sur del Cabo de Hornos. El senador solicitó una aclaración urgente por parte del gobierno chileno respecto al contenido del comunicado firmado con Argentina.
La normativa internacional, específicamente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), establece que los Estados tienen derecho a proyectar diversos espacios marítimos como el mar territorial, la zona económica exclusiva (ZEE) y la plataforma continental desde sus costas e islas. Sin embargo, cuando estas proyecciones se solapan entre países, la UNCLOS exige que la delimitación se resuelva mediante acuerdos bilaterales, respetando el derecho internacional y evitando cualquier afectación a derechos ya establecidos.
Chile y Argentina ya cuentan con tratados vigentes que definen sus límites marítimos, siendo el Tratado de Paz y Amistad de 1984 el más relevante, ya que resolvió el conflicto del Beagle y estableció delimitaciones claras en la región austral.
No obstante, la situación se complica debido a la solicitud presentada por Argentina en 2009 ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) de las Naciones Unidas, con el objetivo de extender la demarcación de su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas.
En marzo de 2016, la CLPC adoptó recomendaciones sobre la presentación argentina, validando el límite en las áreas no sujetas a disputas de soberanía y permitiendo a Argentina ejercer derechos de soberanía sobre el lecho y el subsuelo en una superficie adicional de aproximadamente 1.700.000 km . Esta decisión fue posteriormente incorporada a la legislación argentina a través de la Ley 27.557, aprobada por unanimidad en 2020.
La situación generó una respuesta de Chile en 2021, con la actualización de la Carta Náutica N 8 y la reafirmación de los derechos chilenos sobre la plataforma continental desde Punta Puga hasta las islas Diego Ramírez. Esta medida provocó una dura reacción por parte de Argentina, que acusó a Chile de intentar apropiarse de una parte de su plataforma continental.
En ese momento, el canciller chileno, Andrés Allamand, defendió la postura de su país, afirmando que Chile simplemente estaba ejerciendo sus derechos sobre su propia plataforma continental y que nadie podía apropiarse de lo que ya le pertenece.
El actual debate se inscribe en este contexto de tensiones preexistentes y pone de manifiesto la necesidad de una cuidadosa gestión diplomática para evitar conflictos y garantizar el respeto del derecho internacional en la región austral. La declaración conjunta entre Chile y Argentina ha reabierto viejas heridas y ha generado incertidumbre sobre la estabilidad de los límites marítimos en una zona de gran importancia estratégica y económica. La solicitud de aclaración del senador Kusanovic refleja la preocupación de la región de Magallanes y la necesidad de proteger los intereses nacionales en un escenario geopolítico complejo y cambiante. El gobierno chileno deberá responder con prontitud y claridad para disipar las dudas y reafirmar su compromiso con la defensa de la soberanía nacional y el respeto del derecho internacional.
