Un juez colombiano condenó a siete años de prisión a Danilo José Núñez Zabaleta, miembro del escuadrón antidisturbios de la Policía, por causar una lesión ocular a una universitaria que resultó en la pérdida de visión en un ojo durante las protestas de 2021. La sentencia, dictada en primera instancia este lunes 6 de abril, representa un hito en la búsqueda de responsabilidades por la actuación de la fuerza pública durante el denominado estallido social .
Según un comunicado de la Fiscalía, el agente de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), anteriormente conocida como Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios), fue identificado a través de su placa y los registros del arma que se le había asignado. La investigación determinó que Núñez Zabaleta disparó un proyectil de goma contra la joven mientras esta regresaba a su casa después de participar en una manifestación en el centro de Bogotá el 28 de abril de 2021.
El impacto del proyectil causó una lesión grave en el ojo derecho de la estudiante, resultando en la pérdida permanente de su visión. La juez, al dictar la sentencia, calificó la conducta del agente como desproporcionada, innecesaria y contraria a los protocolos institucionales establecidos para el control de manifestaciones. Esta calificación es crucial, ya que implica un reconocimiento de que la fuerza utilizada por el agente excedió los límites permitidos y causó un daño irreversible.
Además de la pena de prisión de siete años, el uniformado fue condenado a una inhabilitación de 84 meses para ejercer funciones públicas. Esto significa que, una vez cumplida su condena, no podrá ocupar cargos en la administración pública ni participar en actividades relacionadas con el servicio estatal. Asimismo, se le impuso una multa millonaria, cuyo monto exacto no fue especificado en el comunicado de la Fiscalía.
Las protestas de 2021 en Colombia, conocidas como estallido social , se originaron a raíz del anuncio de un proyecto de reforma tributaria propuesto por el gobierno del entonces presidente Iván Duque (2018-2022). Sin embargo, las manifestaciones rápidamente se extendieron y adquirieron un carácter más amplio, reflejando el descontento social acumulado por diversos factores, como la desigualdad económica, la falta de oportunidades y la percepción de corrupción en el gobierno.
Durante los meses que duraron las protestas, se registraron numerosos enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública. Organizaciones sociales denuncian que más de 80 personas murieron de forma violenta durante este período, la mayoría presuntamente a causa de abusos policiales. Estas denuncias generaron una fuerte controversia y exigencias de investigación y justicia por parte de la sociedad civil y organismos internacionales de derechos humanos.
La condena a Danilo José Núñez Zabaleta se enmarca en un contexto de creciente presión para que se investiguen y sancionen los abusos cometidos por la fuerza pública durante las protestas de 2021. Si bien esta es la primera condena de un miembro del Esmad por lesiones causadas durante las manifestaciones, existen otras investigaciones en curso que podrían resultar en nuevas condenas en el futuro.
Este caso también plantea interrogantes sobre la formación y los protocolos de actuación de los agentes antidisturbios en Colombia. La juez, al calificar la conducta del agente como contraria a los protocolos institucionales, sugiere que existe una necesidad de revisar y fortalecer estos protocolos para garantizar que la fuerza pública actúe de manera proporcional y respetuosa de los derechos humanos durante las manifestaciones.
La decisión judicial ha sido recibida con satisfacción por organizaciones de derechos humanos y defensores de los derechos de las víctimas de la violencia policial. Consideran que esta condena es un paso importante para romper la impunidad que ha caracterizado históricamente la actuación de la fuerza pública en Colombia y para garantizar que las víctimas de abusos policiales tengan acceso a la justicia y la reparación.
Sin embargo, también advierten que aún queda mucho por hacer para lograr una verdadera justicia para las víctimas de las protestas de 2021. Exigen que se investiguen a fondo todas las denuncias de abusos policiales y que se sancione a todos los responsables, independientemente de su rango o posición. Asimismo, instan al gobierno colombiano a implementar políticas públicas que promuevan el respeto de los derechos humanos y la prevención de la violencia policial.
La condena a Núñez Zabaleta podría sentar un precedente importante para futuros casos de abusos policiales en Colombia. Demuestra que los agentes del Estado no están por encima de la ley y que pueden ser responsabilizados por sus acciones. Esta decisión judicial también envía un mensaje claro a la fuerza pública: el uso excesivo de la fuerza y la violación de los derechos humanos no serán tolerados.
