Desde el pasado 23 de marzo, la localidad de Cumbitara, en el departamento de Nariño, se ha convertido en escenario de intensos enfrentamientos armados. Los combates, presuntamente protagonizados por el Frente Franco Benavides de las disidencias al mando de alias Iván Mordisco , los Comuneros del Sur y el grupo autodenominado (AUN), han desencadenado una crisis humanitaria con el desplazamiento forzado de más de 200 familias.
Las comunidades de las veredas de Santa Elena, El Desplayado, La Florida, San José del Bijao, Boca de Mares y San Agustín se han visto obligadas a abandonar sus hogares en busca de seguridad. El flujo de personas desplazadas se dirige principalmente hacia la cabecera del corregimiento de Sidón, donde se han habilitado una residencia estudiantil y viviendas particulares para brindarles atención y refugio. Las autoridades prevén que el número de desplazados podría aumentar en las próximas horas y días, a medida que la situación de seguridad se deteriore.
El desplazamiento forzado representa una grave violación del derecho internacional humanitario (DIH), específicamente del artículo 17 del Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra. Esta práctica genera vulneraciones complejas y múltiples a los derechos fundamentales de las víctimas, afectando su integridad física, psicológica, económica y social. La pérdida de sus hogares, medios de subsistencia y redes de apoyo social deja a las familias desplazadas en una situación de extrema vulnerabilidad.
La Defensoría del Pueblo ha emitido un llamado urgente a las autoridades competentes para que tomen medidas inmediatas para proteger a la población civil y garantizar el respeto de los derechos humanos en la zona de conflicto. Se exige una respuesta integral que incluya la provisión de asistencia humanitaria a los desplazados, la investigación de los hechos y la judicialización de los responsables de las violaciones al DIH.
La situación en Cumbitara pone de manifiesto la persistencia de la violencia armada en el departamento de Nariño, una región estratégica para el cultivo y tráfico de cocaína. La presencia de múltiples grupos armados ilegales y la disputa por el control del territorio generan un clima de inseguridad y temor que afecta a la población civil. Los enfrentamientos entre estos grupos no solo causan desplazamientos forzados, sino que también generan restricciones a la movilidad, interrupción de los servicios básicos y un impacto negativo en la economía local.
La comunidad internacional ha expresado su preocupación por la situación en Cumbitara y ha instado al gobierno colombiano a fortalecer sus esfuerzos para proteger a la población civil y promover una solución pacífica al conflicto. La implementación integral del Acuerdo Final de Paz, firmado en 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, es fundamental para abordar las causas estructurales de la violencia y construir una paz duradera en la región.
La Defensoría del Pueblo ha reiterado su compromiso de acompañar a las víctimas del conflicto armado y de promover el respeto de los derechos humanos en Cumbitara y en todo el país. Se han desplegado equipos de atención psicosocial y jurídica para brindar apoyo a las familias desplazadas y se están realizando gestiones ante las autoridades para garantizar su protección y acceso a los servicios básicos.
La crisis humanitaria en Cumbitara exige una respuesta coordinada y efectiva por parte del gobierno colombiano, la comunidad internacional y las organizaciones humanitarias. Es fundamental garantizar la seguridad y la protección de la población civil, brindar asistencia humanitaria a los desplazados y promover una solución pacífica al conflicto que permita la reconstrucción del tejido social y el desarrollo económico de la región. La impunidad no puede ser una opción, y los responsables de las violaciones al DIH deben ser llevados ante la justicia. La paz y la reconciliación son posibles, pero requieren un compromiso firme y sostenido por parte de todos los actores involucrados.
