El Gobierno nacional publicó este lunes un decreto presidencial que autoriza el adelanto de fondos de coparticipación para doce provincias, por un monto total de hasta $400.000 millones. La medida busca brindar liquidez a las jurisdicciones que enfrentan dificultades financieras, permitiéndoles cubrir gastos urgentes, aunque deberán reintegrar esos montos dentro del mismo ejercicio fiscal.
La decisión responde a un contexto de deterioro en los ingresos provinciales. Según estimaciones de la consultora Politikon Chaco, las transferencias automáticas registraron una caída real del 6,4% en el primer trimestre del año. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) complementa esta información, indicando que la coparticipación retrocedió un 7% interanual en marzo, mientras que los recursos propios de las provincias también muestran una contracción.
El esquema de adelanto de coparticipación establece una tasa de interés del 15% para los fondos anticipados, una cifra significativamente menor que las tasas del mercado, que oscilan entre el 30% y el 45%. El objetivo del Gobierno, según fuentes oficiales, es mantener un margen de negociación con los gobernadores aliados, evitando que se vean obligados a recurrir a endeudamientos más costosos para hacer frente a sus obligaciones financieras.
Esta nueva modalidad reemplaza el sistema tradicional de solicitudes mensuales de adelantos extraordinarios. Bajo el esquema anterior, las provincias debían informar previamente sus necesidades y el Gobierno decidía los montos a otorgar en función de su participación en la masa coparticipable y su capacidad de pago.
El adelanto de coparticipación no es una herramienta inédita en la historia financiera argentina. Las provincias han recurrido históricamente a este tipo de asistencia para equilibrar sus cuentas en momentos de tensión económica. La diferencia clave en esta ocasión radica en la intención del Gobierno de sistematizar el mecanismo y establecer un límite global para los adelantos.
El decreto presidencial fija un tope de $400.000 millones para el conjunto de las provincias beneficiadas. No obstante, el monto específico asignado a cada jurisdicción no está detallado en la norma. La Secretaría de Hacienda será la encargada de determinar la asignación, considerando la capacidad de pago de cada provincia, evaluada en función de su participación en la recaudación de impuestos nacionales.
Los considerandos del decreto justifican la medida argumentando que varias provincias han manifestado su incapacidad temporal para atender financieramente compromisos urgentes, lo que motivó la intervención del Gobierno nacional.
Es importante destacar que los fondos anticipados corresponden a recursos que las provincias ya reciben por ley a través de la coparticipación federal. Al adelantar estos fondos, el Estado nacional proporciona liquidez inmediata, pero a su vez reduce los envíos futuros, lo que exige a las administraciones provinciales ordenar sus finanzas dentro del mismo año fiscal.
Las provincias incluidas en el esquema de adelanto de coparticipación son Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Entre Ríos ya había sido incorporada a este mecanismo en enero de 2026.
La mayoría de las provincias beneficiadas se caracterizan por una alta dependencia de los recursos de origen nacional. Además, la disminución de la recaudación impacta negativamente en su capacidad para cubrir gastos esenciales como salarios en sectores clave como educación, salud y seguridad, que representan entre el 70% y el 80% del gasto provincial.
En marzo, las transferencias de origen nacional experimentaron una baja real del 3,8%, mientras que la coparticipación cayó un 7% interanual en términos reales, acumulando tres meses consecutivos de descenso.
En este contexto, el adelanto de coparticipación se presenta como una herramienta para sostener la liquidez de las provincias en el corto plazo, en medio de una caída persistente de sus ingresos. La medida busca evitar una mayor crisis financiera en las provincias y garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales. El Gobierno espera que este mecanismo contribuya a estabilizar las finanzas provinciales y a facilitar la negociación con los gobernadores en el marco de las políticas económicas nacionales.
