La Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) continúa con el despacho de componentes para el programa del avión militar C-390 Millennium de Embraer, manteniendo a flote la actividad de la empresa, aunque internamente crece el malestar por la contratación de colaboradores que, según denuncian, no prestan servicios reales en la firma estatal. En medio de una severa crisis operativa, ajustes, desinteligencias en la gestión, la búsqueda de financiamiento y tensiones gremiales, la producción para Embraer se erige como un punto de solidez en la alianza industrial aeronáutica que persiste a pesar de los cambios de gobierno desde 2011.
El último envío, realizado el 31 de marzo desde las instalaciones de Córdoba hacia la planta de Embraer en Gavi o Peixoto, San Pablo, incluyó dos puertas de tren de aterrizaje de nariz (NLGD), dos spoilers, dos carenados móviles y una pieza primaria. Con este cargamento, FAdeA completó un total de 21 envíos relacionados con el programa C-390 durante 2025, consolidando su rol como proveedor clave en la cadena de fabricación de la aeronave. El C-390 Millennium, un desarrollo de avión militar de transporte para la Fuerza Aérea Brasileña, ha logrado expandirse a otros mercados internacionales, incluyendo Portugal, Hungría, Países Bajos, Austria y la República Checa.
Estos pedidos aseguran la estabilidad laboral de los operarios de FAdeA asignados a la línea del C-390, y además, elevan el prestigio de la mano de obra especializada en un contexto de crisis que ha paralizado a gran parte del personal de la compañía en otros sectores de producción. Sin embargo, el descontento interno va más allá de los pagos parciales de sueldos y las suspensiones rotativas por la baja actividad.
Las críticas gremiales se centran en la conducción directiva de la empresa , con denuncias sobre una lista de designación de asesores, auditores, cuadros jerárquicos externos y familiares directos que, en muchos casos, ni siquiera prestan servicios presenciales en la fábrica . El ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, ha sido informado de estas prácticas y ha ordenado su corrección durante una reunión con la cúpula de FAdeA a finales de marzo, responsabilizando directamente al CEO de la empresa, Julio Manco.
La situación refleja una dinámica común en la función pública: el temor a enfrentar consecuencias legales impulsa la búsqueda de chivos expiatorios. Guillermo Ballesteros, capitán (R) de la Fuerza Aérea, presente como oyente en la reunión, figura como beneficiario de una retribución de $5.500.000 hasta diciembre de 2025, desempeñando funciones de asesor, aunque aspira a un puesto de titular respaldado por el Jefe de la Fuerza Aérea, brigadier mayor Gustavo Valverde.
En la misma función de consejero del directorio aparece Miguel Lucifora, gerente de mantenimiento y responsable técnico de Andes Líneas Aéreas. Los trabajadores cuestionan la posible incompatibilidad de intereses, recordando los servicios prestados por FAdeA a aeronaves de Andes a través de la intermediación de Condor Aviation Services, en detrimento del personal de la fábrica. Lucifora percibe un emolumento de $3.200.000 y, según se informa, no asiste a la planta cordobesa, sino que se le ve ocasionalmente en la oficina de Manco en Defensa, compartiendo espacio con Mario Katzenell, secretario de Industria y Producción para la Defensa.
Katzenell no pudo explicar a Presti la pérdida de la ejecución de una partida de casi 30 millones de dólares del contrato con la Fuerza Aérea para el upgrade de Pampa y el mantenimiento de Hércules, fondos que podrían haber aliviado la crisis operativa actual. Katzenell atribuyó la responsabilidad a Luciana Carrasco, ex jefa de gabinete de Luis Petri.
Katzenell también ha mostrado apoyo a Elbit Systems en relación con el reemplazo de la aviónica israelí del Pampa por la de otros proveedores.
La lista de pagos de FAdeA revela la contratación de dos auditoras, enviadas por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas dirigida por Diego Chaher, quien también estaría bajo el influjo de Manco. Vanina Molinari, con un honorario de $3.500.000, es también vicepresidenta de la Casa de Moneda, una situación que, según los gremialistas, podría constituir una incompatibilidad legal.
El caso de Belen Moretti es aún más controvertido. El sindicato STA sostiene que en la cadena de pagos aparece Federico Moretti, presuntamente familiar directo (padre) de Belén, percibiendo los $3.500.000 en lugar de la auditora para evitar la incompatibilidad, ya que ella trabaja para la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.
Otra contratación bajo escrutinio es la de Martina Yacobiti, ex responsable de ceremonial y protocolo de la Presidencia durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando Manco era director de logística de la flota aérea presidencial. Se alega que Manco influyó en su contratación, por un monto de $2.200.000.
El apellido Yacobiti es conocido en el ámbito de los jets privados, vinculado a Unicos Air SA, un broker de vuelos que posee una parte del avión Metroliner 23 matrícula LV-ZXA, cuyo operador es Humming Airways SA, una empresa de aviación ejecutiva que surgió con la desregulación promovida por Federico Sturzenegger.
Durante el macrismo, Sturzenegger y el actual subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Gómez, impulsaron reformas al Código Aeronáutico que facilitan la privatización o apertura al capital privado de empresas estatales como ANAC, EANA y ORSNA, reconfiguradas como sociedades anónimas.
Si bien la planta cordobesa quedó fuera de la agenda de privatizaciones prevista en la Ley Bases, los problemas presupuestarios y de gestión, sumados a las auditorías de la Agencia liderada por Chaher, cuyas políticas se alinean con las del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Sturzenegger, inclinan la balanza hacia una posible apertura al capital privado de la fábrica estatal de aviones.
