El Gobierno de la Ciudad de México se sumó a las autoridades federales en el rechazo al reciente informe del Comité de Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), argumentando que se basa en datos obsoletos y no reconoce los avances significativos en la política de seguridad y atención a personas desaparecidas implementada desde 2019. La administración local considera que el informe presenta una visión sesgada de la realidad actual de México, extrapolando hechos ocurridos entre 2009 y 2017 sin considerar la enorme transformación en la materia.
La postura de la Ciudad de México se alinea con la expresada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que también descalificó el informe por considerarlo sustentado en visiones sesgadas de organizaciones civiles y carente de sustento suficiente. La CNDH argumentó que el Comité no agotó las instancias nacionales antes de emitir su posicionamiento. Sin embargo, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) se diferenció, señalando que el informe representa una oportunidad para el diálogo constructivo y el fortalecimiento de la cooperación internacional.
El gobierno local enfatizó que el informe del Comité no valoró adecuadamente las medidas adoptadas por el Estado mexicano para enfrentar y erradicar el fenómeno de la desaparición, además de no distinguir claramente entre la desaparición forzada por el Estado y la perpetrada por civiles u organizaciones criminales. En la actualidad, el Gobierno Federal no reprime ni desaparece. Al contrario; se combate este problema con una nueva política pública integral que busca erradicar esta grave vulneración a los derechos humanos , afirmó el gobierno de la Ciudad de México en un comunicado.
El posicionamiento recordó el contexto histórico de la represión sistemática contra la población civil durante los gobiernos autoritarios del antiguo régimen, donde se documentaron miles de casos de desaparición forzada a manos del Estado. Asimismo, reconoció la correlación entre el aumento de las desapariciones y la guerra contra el narcotráfico declarada por el expresidente Felipe Calderón.
El gobierno local destacó que la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en 2018 marcó un cambio significativo en la política de seguridad, derrotando democráticamente una estrategia basada en la violación sistemática de los derechos humanos. En este sentido, resaltó la creación de comisiones de búsqueda en los estados, la construcción del Centro Nacional de Identificación Humana, el incremento del presupuesto destinado a la búsqueda de personas no localizadas, la transparencia en la información y la implementación de protocolos homologados de búsqueda.
En cuanto a las acciones específicas implementadas por el gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, se mencionó la reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada para crear la Base Nacional de Carpetas de Investigación de personas no localizadas, la Plataforma Única de Identidad y el Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización de personas, así como el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
El gobierno de la Ciudad de México subrayó que la atención a las víctimas es una prioridad fundamental, destacando la instalación de un gabinete permanente para abordar la problemática y la creación del Centro de Atención Integral para brindar acompañamiento inmediato a las familias por parte de la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad y la Comisión de Búsqueda. Además, se creó el Centro de Resguardo Temporal para personas fallecidas no identificadas, garantizando la entrega inmediata de los restos a las familias en caso de identificación, y se duplicó el presupuesto destinado a la búsqueda de personas.
El gobierno local expresó su respaldo a la política de atención a personas desaparecidas del Gobierno de México y reafirmó su apoyo a la posición de la presidenta Claudia Sheinbaum ante el informe del Comité de la ONU. Rechazó las narrativas que afirman una supuesta colusión entre el crimen organizado y el Gobierno de México, calificándolas de infundadas y de servir a intereses injerencistas, así como la utilización política del informe para promover una agenda de vulneración de la soberanía de México y del derecho internacional.
Finalmente, el gobierno de la Ciudad de México rechazó el uso político del dolor de las familias de las personas desaparecidas para atacar al Gobierno de México, expresando su solidaridad con las familias y reafirmando su compromiso de caminar junto a las víctimas, escuchar sus voces y construir una política pública más integral, humana y eficaz. Su dolor nos convoca y nos obliga. Es una herida abierta y un dolor compartido que nos atraviesa como sociedad , concluyó el comunicado.
