La Función Judicial ha fijado el 5 de junio de 2026, a las 09:00, como la fecha para la audiencia oral, pública y contradictoria de evaluación y preparatoria de juicio en el caso del asesinato de Fernando Villavicencio. El juez Giovanny Freire Coloma emitió la providencia tras la conclusión de la etapa de instrucción fiscal, cumpliendo con lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La audiencia se llevará a cabo en una de las salas del Complejo Judicial Norte, en Quito. El magistrado ha convocado a los siete procesados: Ángel Aguilar, Luis Arboleda, Wilmer Chavarría, alias Pipo, Xavier Jordán, Daniel Salcedo, Ronny Aleaga y José Ricardo Serrano. La autoridad judicial ha advertido a los implicados sobre la importancia de tomar las medidas necesarias para evitar solicitudes de diferimiento, buscando así evitar dilaciones en un proceso que ya ha sido convocado con antelación.
Ante la situación de reclusión de varios de los procesados, el juez ha dispuesto que el Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) garantice el acceso efectivo de los acusados a sus abogados. Se han ordenado la habilitación de espacios adecuados para reuniones presenciales o el uso de medios telemáticos, asegurando que estas comunicaciones se desarrollen bajo condiciones de confidencialidad y sin restricciones indebidas, con el fin de evitar cualquier posible estado de indefensión durante esta etapa crucial del proceso.
La Fiscalía basa su tesis en una autoría mediata, argumentando que los acusados no habrían ejecutado directamente el disparo, sino que habrían tenido el control de la planificación y el mando del crimen. La instrucción fiscal vincula a figuras políticas de la Revolución Ciudadana con cabecillas del grupo de delincuencia organizada Los Lobos. Las investigaciones sugieren que esta estructura habría coordinado el atentado del 9 de agosto de 2023 con el objetivo de eliminar al candidato presidencial, quien, según las autoridades, representaba una amenaza directa a sus intereses debido a sus denuncias de corrupción y sus presuntos nexos con el narcotráfico.
Sin embargo, las defensas de varios de los procesados presentan una contra-tesis, vinculando el crimen con las investigaciones que Villavicencio estaba llevando a cabo en torno al entorno del expresidente Guillermo Lasso. Estas teorías apuntan a las revelaciones contenidas en los archivos conocidos como el León de Troya , que exponían los presuntos nexos de la mafia albanesa con el círculo cercano al anterior Gobierno.
El proceso ha adquirido una mayor tensión política a raíz de las recientes declaraciones de alias 'Pipo' desde España, quien acusó directamente al actual presidente, Daniel Noboa, de haber ordenado el asesinato. El Ejecutivo ha calificado estas acusaciones como una estrategia desesperada por parte del procesado para evitar su extradición a Ecuador.
La complejidad del caso se ve incrementada por las múltiples líneas de investigación y las acusaciones cruzadas entre los diferentes actores involucrados. La Fiscalía busca demostrar la existencia de un plan preestablecido para eliminar a Villavicencio, mientras que las defensas intentan desviar la atención hacia otras posibles motivaciones y responsables.
La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del 5 de junio de 2026 será un momento clave en el proceso, ya que se determinará si existen suficientes elementos para llevar a los acusados a juicio. El juez Freire Coloma deberá evaluar las pruebas presentadas por la Fiscalía y las defensas, así como escuchar los argumentos de todas las partes involucradas.
El caso Villavicencio ha generado una gran conmoción en Ecuador y ha puesto de manifiesto la creciente violencia política y la presencia del crimen organizado en el país. La resolución de este caso es considerada fundamental para fortalecer el estado de derecho y garantizar la seguridad de los ciudadanos.
La Función Judicial ha reiterado su compromiso de llevar a cabo un proceso transparente y justo, garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa de todos los implicados. Se espera que la audiencia de junio de 2026 marque un hito en la búsqueda de la verdad y la justicia en este caso de gran relevancia nacional. La sociedad ecuatoriana observa con atención el desarrollo de este proceso judicial, esperando que se esclarezcan las circunstancias del asesinato de Fernando Villavicencio y se castigue a los responsables.
