El discurso de austeridad proclamado por el presidente Javier Milei al asumir el cargo en diciembre de 2023 parece no aplicarse a todo el entramado político y burocrático del gobierno de La Libertad Avanza (LLA). A pesar de la consigna inicial de no hay plata , altos funcionarios, legisladores y directivos de empresas públicas han engrosado su patrimonio y accedido a créditos millonarios, revelando una notable disparidad entre el ajuste impuesto a la población y los beneficios otorgados a la nueva clase política.
La información, recopilada por el sitio ¿Cuánto deben?, expone que el Banco Nación (BN) ha sido el principal otorgante de créditos hipotecarios, concentrando el 90% del total. Sorprendentemente, 34 de los 50 créditos más importantes del BN fueron destinados a funcionarios y legisladores vinculados a LLA. Esta situación genera interrogantes sobre la coherencia de la política de privatización del BN, defendida por el ministro de Economía, Luis Caputo, mientras la entidad pública se convierte en una fuente de financiamiento privilegiada para el círculo cercano al poder.
Entre los beneficiarios se destacan figuras clave del gobierno. Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor de Caputo, contrajo una deuda inicial de $373.000.000 (unos US$315.000) desde febrero de 2025, monto que continúa actualizándose. Federico Furiase, exdirector del BCRA y actual secretario de Finanzas, acumula un pasivo de $367.059.000 (US$280.787) desde agosto de 2025. Pedro Inchauspe, director del Central, accedió a un crédito por $510.654.000 (US$345.492) desde diciembre del mismo año.
La lista se extiende a otros funcionarios y legisladores libertarios , como Juan Pablo Carreira, director nacional de Comunicación Digital; Emiliano José Mongilardi, director de YPF; Santiago Santurio, Alejandro Bongiovanni, Lorena Villaverde, Mariana Frías y Alejandro Carranco, todos diputados de LLA. Incluso Mariano Campero, un ex radical que se sumó al gobierno, figura entre los beneficiados.
El caso de Federico Sharif Menem, sobrino de Carlos Menem y director general de la Secretaría Privada de la Presidencia de la Cámara de Diputados, es particularmente llamativo. Con un sueldo de $3 millones, recibió un crédito hipotecario por $357 millones, a pesar de no contar con antecedentes laborales previos. Para acceder al crédito, Shariff necesita ingresos adicionales de $7.348.367, que deben sumarse a los de sus codeudores para alcanzar un total de $14.696.734.
El Banco Nación, en un comunicado, defendió la legalidad de los créditos, argumentando que ninguno representó una excepción a la regla y que se ajustaron a los criterios de scoring habituales, basados en los ingresos de los solicitantes y sus codeudores. Sin embargo, la percepción de un trato preferencial persiste, considerando que los funcionarios en cuestión ocupan cargos políticos con menor estabilidad laboral.
La controversia no se limita a los créditos bancarios. Los gastos en la Cancillería también han generado críticas, especialmente la adjudicación directa por más de $114 millones al Ministerio de Relaciones Exteriores a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), dirigida por María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico Sturzenegger.
Los ingresos de los embajadores argentinos en el exterior, en contraste con los salarios mínimos y las jubilaciones del país, también son objeto de cuestionamiento. El caso más emblemático es el de Fernando Iglesias, embajador designado en Bélgica, quien cobra un sueldo de U$S14.000 dólares mensuales, además de disfrutar de vivienda, automóvil, chofer, viáticos y comida. La ironía reside en que Iglesias fue duramente criticado por Milei en el pasado, quien lo tildó de parásito y nazi . El Poder Ejecutivo aún no ha aclarado si Iglesias percibe un doble salario por sus funciones como representante diplomático ante la Unión Europea.
La Superintendencia de Salud de Servicios de Salud (SSS) también ha sido señalada por irregularidades. Mario Gutiérrez, gerente de la Superintendencia, enfrenta denuncias por consumos de su tarjeta de crédito por un monto de 60 millones de pesos, sin la documentación respaldatoria correspondiente. Además, figura como deudor tipo 1 ante el Banco Central. Desde el sindicato ATE denuncian un vaciamiento sistemático del organismo, con amenazas de despidos y recortes presupuestarios.
En definitiva, la situación expone una profunda contradicción en la gestión de LLA. Mientras se impone un ajuste implacable a la mayoría de la población, una selecta minoría de funcionarios, legisladores y allegados al poder se beneficia de créditos millonarios, altos salarios y privilegios que contradicen el discurso de austeridad y la promesa de un gobierno diferente. La plata que no aparece para muchos, parece estar siendo utilizada por unos pocos, perpetuando una dinámica de desigualdad y clientelismo que el propio Milei denunció en su campaña.
