El presidente Daniel Noboa entregó al Consejo Nacional Electoral (CNE) un proyecto de enmienda constitucional que propone devolver a la Asamblea Nacional la facultad de designar a las autoridades de control del país. Actualmente, esta responsabilidad recae en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). La iniciativa, presentada el 15 de mayo de 2025, busca que los ciudadanos decidan, a través de un referéndum, si el Legislativo debe recuperar el nombramiento del Procurador General, del Contralor y de los superintendentes, entre otros cargos clave.
Esta propuesta se fundamenta en un dictamen favorable emitido por la Corte Constitucional el pasado 21 de marzo. El organismo judicial determinó que la modificación planteada no altera la estructura fundamental del Estado ni restringe los derechos de los ciudadanos, allanando así el camino para la convocatoria de un referéndum.
Según el Gobierno, la medida tiene como objetivo fortalecer la democracia y garantizar una mayor transparencia en el proceso de selección de los altos funcionarios del país. La administración de Daniel Noboa argumenta que la participación ciudadana directa en esta decisión es crucial para asegurar la independencia y la eficiencia de las instituciones encargadas de la fiscalización y el control.
Tras recibir el proyecto de enmienda, el CNE iniciará los procedimientos administrativos correspondientes para que el Pleno del Consejo evalúe la propuesta y determine los pasos a seguir. La intención del Ejecutivo es que el referéndum se realice en conjunto con las próximas elecciones seccionales, programadas para el 29 de noviembre de 2026. Esto permitiría optimizar los recursos y facilitar la participación de los electores.
La entrega del proyecto al CNE representa un paso importante en la estrategia del Gobierno para modificar el sistema de control en Ecuador. Desde su llegada al poder, el presidente Noboa ha manifestado su preocupación por la politización de las autoridades de control y la necesidad de garantizar su independencia y profesionalismo.
La propuesta de referéndum ha generado debate entre diferentes sectores políticos y sociales. Algunos analistas consideran que la medida podría fortalecer la institucionalidad y mejorar la rendición de cuentas, mientras que otros advierten sobre el riesgo de que la Asamblea Nacional, controlada por ciertos partidos políticos, utilice su poder de nombramiento para favorecer a sus intereses.
El CPCCS, por su parte, ha expresado su desacuerdo con la iniciativa, argumentando que la participación ciudadana en el control del Estado es un avance democrático que no debe ser revertido. El Consejo ha defendido su papel en la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia, y ha advertido sobre los posibles efectos negativos de devolver el control a la Asamblea Nacional.
La Corte Constitucional, en su dictamen, reconoció la importancia de la participación ciudadana en el control del Estado, pero también señaló que la Asamblea Nacional tiene la facultad constitucional de designar a las autoridades de control. El organismo judicial consideró que la propuesta de enmienda no vulnera los principios democráticos ni los derechos fundamentales de los ciudadanos, por lo que no obsta para la realización del referéndum.
El CNE deberá ahora analizar el proyecto de enmienda y determinar si cumple con los requisitos legales para ser sometido a referéndum. En caso afirmativo, el Consejo deberá fijar la fecha de la consulta popular y diseñar la papeleta de votación. También deberá llevar a cabo una campaña de información para que los ciudadanos estén debidamente informados sobre la propuesta y puedan ejercer su derecho al voto de manera consciente y responsable.
La decisión final sobre si la Asamblea Nacional recupera la facultad de designar a las autoridades de control quedará en manos de los ciudadanos ecuatorianos. El referéndum representa una oportunidad para que la población participe directamente en la definición de las reglas del juego político y contribuya a fortalecer la democracia y la transparencia en el país.
El Gobierno espera que el referéndum se convierta en un ejercicio de participación ciudadana masivo y que el resultado refleje la voluntad popular. La administración de Daniel Noboa confía en que los ecuatorianos apoyarán la propuesta de enmienda, convencidos de que devolver el control a la Asamblea Nacional es el camino para garantizar la independencia y la eficiencia de las instituciones encargadas de la fiscalización y el control.
La iniciativa del Ejecutivo se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la corrupción y la falta de transparencia en la gestión pública. El presidente Noboa ha prometido combatir la corrupción con mano dura y ha anunciado una serie de medidas para fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas. El referéndum sobre la designación de las autoridades de control es una de las principales apuestas del Gobierno en este sentido.
El debate sobre el control de las autoridades de control en Ecuador ha sido constante en los últimos años. La creación del CPCCS en 2017, a través de un referéndum, generó controversia y críticas por parte de algunos sectores que consideraban que el Consejo era un órgano politizado y carente de independencia. La propuesta de devolver el control a la Asamblea Nacional busca revertir esta situación y restablecer el equilibrio de poderes.
