Diputados se prepara para votar este miércoles 8 de abril la modificación de la Ley de Glaciares (26.639), una norma que data de 2010 y que ha generado intensos debates entre el oficialismo, la oposición y organizaciones ambientalistas. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado desde el 26 de febrero, busca redefinir los conceptos de glaciar y ambiente periglacial, otorgando a las provincias la facultad de determinar qué áreas incluir o excluir del Inventario Nacional elaborado por el IANIGLA.
El oficialismo, liderado por el bloque de La Libertad Avanza, confía en contar con los 129 votos necesarios para la aprobación en la Cámara baja. El proyecto, impulsado a pedido de gobernadores de provincias cordilleranas, propone modificar los criterios de protección para habilitar actividades económicas en zonas actualmente restringidas, especialmente en áreas periglaciales, y transferir mayores atribuciones a las jurisdicciones provinciales.
Como paso previo a la votación, el martes 7 de abril a las 14 se realizará un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales en el Anexo C de la Cámara de Diputados. En esta reunión informativa participarán expositores invitados y se espera que se avance en la firma del dictamen.
La convocatoria al plenario se da luego de las audiencias públicas realizadas el 25 y 26 de marzo, que contaron con la participación de alrededor de 400 oradores tanto presenciales como virtuales y más de 100 mil inscriptos. Estas audiencias reflejaron la alta sensibilidad que genera la reforma en diversos sectores de la sociedad.
La iniciativa ha sido promovida por gobernadores de provincias con potencial desarrollo minero, como Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (La Rioja), Gustavo Sáenz (Salta) y Alfredo Cornejo (Mendoza), quienes argumentan que la modificación de la ley es necesaria para fomentar las inversiones en el sector y generar empleo en sus provincias.
Sin embargo, la oposición y organizaciones ambientalistas han expresado fuertes críticas al proyecto, cuestionando el proceso de debate y anticipando posibles acciones judiciales en caso de que la reforma sea aprobada. Argumentan que la flexibilización de los criterios de protección podría poner en riesgo los recursos hídricos y los ecosistemas de alta montaña, afectando el abastecimiento de agua para consumo humano, la agricultura y otras actividades económicas.
La principal controversia radica en la redefinición de los conceptos de glaciar y ambiente periglacial. El proyecto propone excluir de la protección aquellos cuerpos de hielo que no tengan una superficie determinada o que no presenten un flujo continuo, lo que podría permitir la explotación de recursos minerales en áreas que actualmente están protegidas.
Además, la transferencia de atribuciones a las provincias ha generado preocupación en algunos sectores, que temen que las jurisdicciones locales prioricen los intereses económicos sobre la protección del medio ambiente.
El oficialismo, por su parte, defiende la reforma argumentando que la Ley de Glaciares actual es demasiado restrictiva y que impide el desarrollo económico de las provincias cordilleranas. Sostienen que la modificación de la ley permitirá equilibrar la protección del medio ambiente con el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
La votación del miércoles 8 de abril se espera que sea un momento clave en el debate sobre la Ley de Glaciares. La oposición ha anunciado que presentará un frente común para intentar frenar la aprobación de la reforma, mientras que el oficialismo confía en contar con el apoyo de legisladores aliados para asegurar el quórum y los votos necesarios.
El resultado de la votación tendrá importantes implicaciones para el futuro de la protección de los glaciares y los ambientes periglaciales en Argentina, así como para el desarrollo económico de las provincias cordilleranas. La sociedad civil y las organizaciones ambientalistas estarán atentas al desarrollo de los acontecimientos y evaluarán la posibilidad de recurrir a la justicia en caso de que la reforma sea aprobada.
La discusión sobre la Ley de Glaciares pone de manifiesto la tensión existente entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente, un debate que se replica en muchos países del mundo. La búsqueda de un equilibrio entre ambos objetivos es un desafío fundamental para garantizar un futuro sostenible para las generaciones venideras.
