La relatora especial de la ONU para la libertad de asociación y de asamblea, Gina Romero, advirtió este sábado sobre el avance de una deriva autoritaria en Ecuador, instando a detener esta tendencia preocupante. Romero expresó su inquietud por el uso de la Ley Orgánica de Transparencia Social, impulsada por el presidente Daniel Noboa, como herramienta para amedrentar a organizaciones no gubernamentales (ONG) que ejercen crítica hacia el gobierno.
En una publicación en su cuenta de la red social X, la relatora señaló que la ley, aprobada de manera exprés en agosto pasado por la mayoría oficialista en el Parlamento, está siendo utilizada para presionar a las ONG. Esta preocupación se suma a la creciente inquietud por la preocupante persecución que se está llevando a cabo contra la Corte Constitucional, la cual ha actuado como un contrapeso crucial frente a las decisiones del Ejecutivo durante los casi tres años de gobierno de Noboa.
Romero y otros expertos en derechos humanos han enviado múltiples cartas al gobierno ecuatoriano para expresar su preocupación por el deterioro del espacio cívico , la adopción de leyes regresivas y los ataques dirigidos contra los jueces constitucionales. Además, han documentado la falta de protección y los ataques contra defensores de derechos humanos, pueblos indígenas y comunidades rurales. Es muy preocupante el retroceso democrático que vive el país , lamentó la relatora.
Estas declaraciones se producen en un contexto de tensión entre el gobierno ecuatoriano y la ONU, luego de que el presidente Noboa cuestionara los pronunciamientos de comités y expertos de la organización sobre posibles excesos de las fuerzas de seguridad, incluyendo denuncias de desapariciones forzadas, en el marco del conflicto armado interno declarado en 2024 para enfrentar a grupos criminales.
En una entrevista con un medio local, Noboa criticó lo que considera una inclinación ideológica de la ONU, instándola a enfocarse en la vida y la seguridad de las personas. El mandatario también cuestionó la falta de informes especiales sobre los más de 9.000 homicidios registrados en Ecuador en 2023 y los más de 1.800 homicidios que ya se han registrado en lo que va de 2024, así como la falta de preocupación por las víctimas del narcotráfico, el terrorismo, la trata de personas y la minería ilegal.
A pesar de estas críticas, Noboa afirmó haber invitado a Naciones Unidas a elaborar un informe sobre la situación de la violencia en el país y su impacto en las familias de las víctimas. Sin embargo, la relatora Romero insiste en que la respuesta a la crisis de seguridad no puede justificar el deterioro de las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos.
La situación de la Corte Constitucional es particularmente alarmante. La relatora Romero destaca que la Corte ha sido el único poder del Estado que ha actuado como un freno a algunas decisiones del Ejecutivo, y su persecución representa un ataque directo al equilibrio de poderes y al Estado de derecho.
La relatora también se refirió a un caso específico que ha generado preocupación: la situación de la exvicepresidenta María Paula Romo, a quien se le impidió asumir un cargo en una comisión de la ONU. Romero expresó su inquietud por esta situación, considerándola un ejemplo más del deterioro del espacio cívico en Ecuador.
Las advertencias de la relatora de la ONU se suman a las de otros actores nacionales e internacionales que han expresado su preocupación por la situación de los derechos humanos y el Estado de derecho en Ecuador. Abogados y organizaciones de la sociedad civil han identificado banderas rojas que indican un retroceso democrático, incluyendo la aprobación de leyes restrictivas, los ataques contra la prensa y la judicialización de la protesta social.
El gobierno de Noboa, por su parte, defiende sus acciones argumentando que son necesarias para enfrentar la crisis de seguridad que vive el país. Sin embargo, la relatora Romero advierte que la respuesta a la crisis no puede ser a costa de los derechos humanos y las libertades fundamentales. La comunidad internacional observa con preocupación la evolución de la situación en Ecuador, y la relatora insta al gobierno a detener la deriva autoritaria y a respetar los principios democráticos y el Estado de derecho. La protección del espacio cívico, la independencia judicial y el respeto a los derechos humanos son pilares fundamentales de una sociedad democrática, y su deterioro representa una amenaza para la estabilidad y el progreso del país.
