La administradora de fondos del Banco de Costa Rica (BCR), BCR SAFI, alertó sobre la posibilidad de enfrentar una quiebra técnica si se ve obligada a cumplir con una resolución de los reguladores relacionada con el Parque Empresarial del Pacífico (PEP). La advertencia se realizó ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en el marco de una solicitud de medida cautelar contra el Banco Central, Conassif y Sugeval.
Según la SAFI, la orden de retirar el PEP de los activos del Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado (FIIND) implicaría asumir un monto cercano a $84,4 millones, cifra que supera ampliamente su patrimonio actual, estimado en 27.957 millones. Cumplir con esta obligación, argumenta la entidad, provocaría la pérdida total de sus recursos y su disolución inmediata, conforme al Código de Comercio.
La SAFI cuestiona la resolución de Sugeval, alegando falta de análisis detallado sobre la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de las medidas impuestas. Considera la decisión desproporcionada y poco razonable . Un informe interno de la SAFI, citado en la gestión judicial, advierte sobre una potencial crisis de confianza, inestabilidad en el mercado y daños a la reputación del BCR, un banco sistémico del país.
Sin embargo, el tribunal rechazó la medida cautelar, argumentando que los argumentos financieros de la SAFI carecían de respaldo técnico suficiente y que el BCR, como entidad controladora, podría aportar capital para evitar la disolución. También se consideró el impacto en los inversionistas del fondo inmobiliario.
El conflicto se originó a raíz de la compra del PEP en 2020 por aproximadamente $70 millones, seguida de avalúos posteriores que indicaron un valor considerablemente menor. La Fiscalía investiga posibles irregularidades en la adquisición, incluyendo la manipulación de informes técnicos y avalúos para inflar los precios de las propiedades. Se han imputado al menos a 14 personas en el caso.
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