La Confederación General del Trabajo (CGT) obtuvo un revés judicial para el Gobierno en la disputa por la reforma laboral, preparándose para una prolongada batalla legal mientras el sindicalismo se reacomoda ante los recientes éxitos legislativos del presidente Javier Milei, que se ven ahora empañados por indicadores socioeconómicos negativos y el escándalo en torno a Manuel Adorni.
El fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N 63, que suspendió provisionalmente 83 de los 218 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, y una posterior sentencia del Juzgado Nacional del Trabajo N 74 que frenó el artículo 101 (declarando a la educación como servicio esencial), marcan un punto de inflexión. Tanto el oficialismo como los sindicatos anticipan nuevos fallos similares, lo que ha provocado la programación de debates urgentes en la CGT, el ala dura sindical y diversos gremios para definir estrategias en un escenario actualmente desfavorable para el Gobierno.
Los líderes de la CGT celebran la suspensión judicial, aunque reconocen que la batalla está lejos de terminar. El Gobierno apelará el fallo del juez Raúl Horacio Ojeda, y no hay garantías sobre la decisión final de la Cámara de Apelaciones del Trabajo. El equipo legal de la CGT, liderado por Marta Pujadas, Hugo Antonio Moyano, Federico West Ocampo y Pablo Topet, está preparando diversas opciones jurídicas para contrarrestar la ofensiva oficial.
Paralelamente, la CGT se prepara para cuestionar los datos económicos que respaldan el discurso de Milei. Se anticipa la firma de un convenio con la Universidad de Buenos Aires (UBA) para crear un observatorio de estadísticas socioeconómicas y laborales, una suerte de INDEC propio que proporcionará índices confiables de inflación, empleo y canasta familiar para confrontar con las cifras oficiales.
El triunvirato de la CGT, compuesto por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arg ello, enfrenta el desafío de mantener la batalla judicial por la Ley 27.802 y, al mismo tiempo, buscar soluciones ante un panorama socioeconómico crítico, con previsiones de cierres de empresas y despidos.
La CGT no ha logrado trascender lo discursivo en su respuesta al cierre de FATE, obstaculizada, según fuentes internas, por la postura ultra del Sindicato del Neumático (SUTNA), dominado por el trotskismo y el peronismo combativo.
Debemos evitar el impacto en las empresas de las medidas gubernamentales y, por lo tanto, no podemos limitarnos a un plan de lucha; también debemos dialogar para encontrar soluciones , declaró a Infobae un referente dialoguista de la CGT.
En la central obrera, esta visión pragmática prevalece sobre la de aquellos que abogan por la movilización, como los gremios del ala dura, que se han agrupado en el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU) para implementar una estrategia propia contra la reforma laboral.
El FRESU, que incluye a la UOM, los Aceiteros, los pilotos, ATE y las dos CTA, planea producir sus propios índices socioeconómicos y realizar un plenario de delegados el 1 de mayo para consolidarse como un espacio ultraopositor y dar el primer paso en la elaboración del programa del movimiento obrero para el país , según Rodolfo Aguiar, titular de ATE.
Sin embargo, más allá de estas confrontaciones, varios sindicatos han optado por un enfoque realista, buscando acuerdos sectoriales para superar las crisis de sus actividades o las limitaciones impuestas por la reforma laboral.
El acuerdo firmado entre el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) y Mondelez es un ejemplo destacado. La empresa garantizó los puestos de trabajo en su planta de General Pacheco por al menos un año, reafirmó su compromiso con la producción nacional (incluyendo productos previamente importados), y acordó recategorizaciones para 230 empleados, una suma fija de $920.000 en dos cuotas y condiciones laborales mejoradas, como la creación de espacios de esparcimiento y bonificaciones.
Este logro representa un punto a favor para Sergio Escalante, líder del STIA, siguiendo la línea iniciada por su predecesor, Rodolfo Daer, y distanciándose de la intransigencia del trotskismo, presente en la planta de Mondelez (antes Kraft), donde en 2009 se vivió un grave conflicto con 37 días de huelga, tomas, cortes en la Panamericana y represión policial.
Alcanzamos este convenio con mucha organización, compromiso y diálogo, en el que participaron los trabajadores y delegados de la planta junto al Consejo Directivo del sindicato, que sostiene y recibe importantes beneficios para nuestros representados y en el que la empresa garantiza su producción y funcionamiento en un difícil contexto por las políticas del Gobierno, lo que valoriza aún más este logro , señaló Escalante.
En la misma línea, el Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, liderado por Jorge Loma Ávila, firmó el martes pasado el primer acuerdo sectorial post-reforma laboral, estableciendo las bases para las negociaciones paritarias en la industria hidrocarburífera, en un contexto de preocupación por la situación actual del sector.
El acuerdo, rubricado por Ávila, el Sindicato Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral, la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y la Cámara de Servicios Petroleros (CASEPE), reafirmó la voluntad de mantener el diálogo y el compromiso de asegurar la continuidad de las operaciones del sector.
Ávila, diputado nacional de Provincias Unidas, insistió en la necesidad de sostener los mecanismos vigentes para proteger los ingresos de los trabajadores en un contexto de transformación productiva, marcado por la incorporación de técnicas de recuperación secundaria y terciaria .
Reafirmó el compromiso del sindicato con la defensa de los derechos laborales, incluyendo aspectos centrales como las horas extras y los viáticos, pilares fundamentales de la estructura salarial del sector , y destacó que el principal desafío radica en adaptar el convenio colectivo a un escenario que demuestra notables cambios dentro de la industria energética .
La pregunta ahora es si otros sindicatos seguirán este camino pragmático, firmando acuerdos que se ajusten a la realidad de sus sectores y protejan las fuentes de trabajo, más allá de las batallas judiciales por la reforma laboral. Este es el dilema que enfrentan muchos dirigentes en el contexto actual, que condiciona la agenda de la CGT y del ala dura.
