El exoficial del equipo de inteligencia Dincote, Félix Murazzo Carrillo, reveló que la captura de Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, pudo haberse concretado casi dos años antes de su arresto real, en diciembre de 1990. Según Murazzo, una operación planeada para el 6 de diciembre de ese año fue inexplicablemente cancelada por órdenes superiores, lo que, en su opinión, permitió que el grupo terrorista continuara con sus actos violentos y causara miles de muertes adicionales.
Murazzo detalló que, a principios de 1988, se formó el Equipo de Investigaciones Encubiertas e Inteligencia dentro de la Dincote, operando bajo la fachada de la Oficina de Asesoría Legal (OAL) con apoyo de la Embajada de Estados Unidos. El equipo, inicialmente pequeño, estaba compuesto por oficiales y subalternos de la Policía de Investigaciones del Perú (PIP), liderados por el comandante Clodomiro Díaz Marín. Entre los miembros clave se encontraban los capitanes Carlos Morán Soto y Carlos Carrillo Cubas, junto con el propio Murazzo, además de los mayores Benedicto Jiménez Bacca y Marco Miyashiro Arashiro, bajo la dirección del comandante Luis Elías Cuenca.
A finales de la década de 1980, Sendero Luminoso intensificó sus ataques en Lima, y el equipo de investigaciones logró rastrear a Guzmán hasta una vivienda en la calle Buenavista 265, en Santiago de Surco, ubicada a pocos metros de la Comandancia General del Ejército. El 27 de noviembre de 1990, una operación de inteligencia reveló evidencia crucial: fragmentos de documentos mecanografiados y medicamentos para la psoriasis encontrados entre la basura de la casa. Un análisis grafotécnico confirmó que la escritura pertenecía a Guzmán, y los medicamentos coincidían con su historial médico.
Además, interceptaciones telefónicas de Nelly Evans Risco, una colaboradora de Sendero Luminoso que había alquilado la residencia, confirmaron la presencia de Guzmán en el lugar. Nosotros estábamos seguros al cien por ciento que Abimael Guzmán estaba en la casa de Buenavista, porque teníamos evidencias que así lo acreditaban , enfatizó Murazzo.
El martes 4 de diciembre de 1990, el comandante Díaz Marín convocó una reunión de Comando Operativo donde se decidió ejecutar la captura de Guzmán el jueves 6 de diciembre. Sin embargo, los mayores Jiménez y Miyashiro expresaron objeciones, argumentando la falta de pruebas suficientes.
Un día después, el miércoles 5 de diciembre, el jefe de la Dircote, general Juan Oblitas Jaén, recibió una llamada del general Pablo Rivera Portal, quien le advirtió sobre posibles consecuencias si intervenía la casa de Buenavista. Poco después, el director de la Policía Nacional, general Adolfo Cubas Escobedo, vinculado a Vladimiro Montesinos, le comunicó a Oblitas que la operación estaba cancelada por orden de Palacio de Gobierno.
Como resultado, el jueves 6 de diciembre, el general Oblitas fue relevado de su cargo y reemplazado por el general Héctor Jhon Caro, quien recibió la orden de abortar el plan de captura. Murazzo afirma que Cubas Escobedo simplemente obedecía las instrucciones del presidente Alberto Fujimori y su asesor de inteligencia, Montesinos.
Según Murazzo, el gobierno de Fujimori planeaba un golpe de Estado utilizando la lucha contra el terrorismo como justificación. La captura de Guzmán en 1990 habría eliminado ese pretexto, por lo que Fujimori y Montesinos bloquearon la operación. El comandante (r) Clodomiro Díaz Marín, ex jefe del Grupo OAL, confirmó la versión de Murazzo, recordando haber presenciado la llamada que recibió el general Oblitas para suspender la captura.
Murazzo lamenta que la demora en la captura de Guzmán permitió la comisión de numerosos crímenes, incluyendo el asesinato de María Elena Moyano, el atentado de Tarata, la masacre de La Cantuta, la explosión de decenas de coches bomba y la muerte de miles de peruanos inocentes. De haber sido capturado Guzmán el 6 de diciembre de 1990, se pudo haber evitado el asesinato de María Elena Moyano, el brutal atentado de Tarata, en Miraflores, la matanza de La Cantuta, así como la explosión de más de 50 coches bomba y la muerte de 2.000 peruanos inocentes , concluyó. La revelación de Murazzo plantea serias interrogantes sobre las motivaciones políticas detrás de la prolongada captura del líder senderista y el costo humano que ello implicó para el país.
