El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) solicitó a la Asamblea General de la ONU discutir con urgencia la alarmante situación de las desapariciones en México, una petición que ha sido rechazada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, acusando al comité de parcialidad y sesgo. La decisión del CED, comunicada este jueves, insta al secretario general de la ONU, António Guterres, a remitir el caso a la Asamblea General para que se pronuncie y considere medidas de apoyo a México en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen.
El CED fundamenta su solicitud en la evaluación de que la información recibida contiene indicios fundados de que en México se han cometido y continúan cometiéndose desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad. Esta conclusión se basa en la existencia de múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diversos momentos y lugares del país. El comité enfatiza que la intención de llevar el tema a la Asamblea General es preventiva, buscando movilizar la atención y el apoyo internacionales, y no señalar responsabilidades penales individuales.
Según el CED, la situación de violencia en México se ha intensificado desde el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico en 2006. Si bien el comité reconoce no tener pruebas de que las desapariciones forzadas sean resultado de una política de Estado, subraya que esto no disminuye la urgencia del problema ni excluye la posibilidad de que algunos casos puedan ser considerados crímenes de lesa humanidad. Juan Albán-Alencastro, presidente del CED, explicó que el derecho internacional no exige que estos crímenes se produzcan a escala nacional o sean orquestados desde las más altas esferas del gobierno. Lo crucial, según el CED, es la magnitud, el patrón de los ataques y su dirección contra la población civil.
El gobierno mexicano respondió rápidamente a la petición del CED, rechazándola rotundamente y acusando al organismo de actuar con parcialidad. Las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores emitieron un comunicado conjunto en el que lamentaron que el CED no haya considerado los esfuerzos institucionales presentados el pasado 27 de marzo, ni haya evaluado información actualizada proporcionada por el Estado mexicano antes de publicar su resolución.
Este rechazo se produce en el contexto de la presentación, la semana pasada, de un nuevo informe sobre personas desaparecidas por parte del gobierno de la presidenta Sheinbaum. Según este informe, tras una revisión del Registro Nacional de personas desaparecidas, se concluyó que solo en aproximadamente 43,000 de los 132,000 casos registrados hasta la fecha podría presumirse que la desaparición se debió a un delito.
Las dependencias gubernamentales reafirmaron su compromiso absoluto con la erradicación de las desapariciones forzadas, el fortalecimiento de la búsqueda e identificación, y la garantía de verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familias, como parte central de la transformación nacional .
Esta no es la primera vez que México rechaza las declaraciones del CED sobre la situación de las desapariciones forzadas. En abril del año pasado, el gobierno mexicano negó que el problema fuera generalizado o sistemático, tal como lo había señalado el organismo internacional.
Las autoridades mexicanas han insistido repetidamente en que están trabajando para prevenir estos casos y que algunos sectores utilizan el tema con fines políticos. Sin embargo, diversas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos señalan que el gobierno busca minimizar la crisis que enfrenta el país en este ámbito. La discrepancia entre la visión del gobierno y la de las organizaciones de la sociedad civil plantea serias dudas sobre la transparencia y la efectividad de las políticas implementadas para abordar el problema de las desapariciones forzadas en México.
CNN ha contactado a la vocería del secretario general de la ONU en busca de comentarios, pero aún no ha recibido respuesta. La situación sigue siendo crítica, con miles de familias viviendo en la incertidumbre y la angustia de no saber el paradero de sus seres queridos. La presión internacional, como la ejercida por el CED, busca visibilizar esta crisis humanitaria y obligar al gobierno mexicano a tomar medidas más contundentes para investigar, sancionar y prevenir las desapariciones forzadas, garantizando así el respeto a los derechos humanos y el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias. La controversia entre el gobierno mexicano y el CED pone de manifiesto la complejidad del problema y la necesidad de un diálogo constructivo y transparente para encontrar soluciones efectivas y duraderas.
