El levantamiento de sanciones impuestas por Estados Unidos a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha puesto de manifiesto la extensa lista de funcionarios del gobierno venezolano que aún enfrentan medidas restrictivas del Departamento del Tesoro. A pesar de que algunos de estos funcionarios han sido removidos de sus cargos en las últimas semanas, sus reemplazos también se encuentran sujetos a restricciones impuestas por Washington.
Uno de los casos más destacados en la reconfiguración del círculo cercano a Nicolás Maduro tras su captura es el de Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta y actual titular de la Asamblea Nacional. Sancionado en 2018 cuando era ministro de Comunicación, junto a otras figuras clave del gobierno, Rodríguez calificó las medidas como un chantaje . La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) lo acusó de colaborar para mantener a Maduro en el poder y contribuir a la destrucción de la democracia en Venezuela .
Otro personaje central que permanece sancionado es Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, designado en 2018 por presuntamente estar involucrado en una red de lavado de dinero, corrupción y narcotráfico. Cabello, en aquel momento constituyente, describió las sanciones como inmorales del imperialismo .
A mediados de marzo, Rodríguez reemplazó a Vladimir Padrino López como ministro de Defensa, quien había estado sancionado y ocupaba el cargo por más de una década. La presidenta nombró en su lugar a Gustavo González López, quien también fue designado por el Departamento del Tesoro en 2015, durante la administración de Barack Obama, por violaciones a los derechos humanos mientras dirigía el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). González López no hizo comentarios sobre la medida, pero Maduro lo describió como una condecoración del imperio estadounidense .
Las sanciones implican el congelamiento de activos en Estados Unidos y la prohibición de que ciudadanos estadounidenses realicen transacciones comerciales con los individuos designados.
Benigno Alarcón, exdirector del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello (Caracas), comentó a CNN que la decisión del gobierno estadounidense de eliminar a Rodríguez de la lista de sancionados es importante, pero podría tener varias interpretaciones . Para el investigador, la explicación más plausible es una reducción de costos ante un posible cambio de régimen que conduzca a la salida de Rodríguez. Estados Unidos le dice usted va a estar libre, si mañana decide irse del país, no la vamos a perseguir , afirmó.
Alarcón también señaló que el levantamiento de las sanciones, junto con el reconocimiento formal de Rodríguez como presidenta, disminuye la posibilidad de que un juez invalide contratos firmados por la mandataria con empresas multinacionales. Esa es la razón para reconocerla y levantar ciertas sanciones que le permitan operar en representación del país , sostuvo.
En este escenario, no sería necesario avanzar con el levantamiento de sanciones a otros miembros del gobierno, aunque Alarcón considera que tarde o temprano Jorge Rodríguez también podría ser excluido de la lista, una medida que, en cambio, no considera probable para Cabello, quien sigue siendo buscado por la justicia estadounidense con una recompensa de 25 millones de dólares.
Otros funcionarios del gabinete también figuran en la lista negra del Departamento del Tesoro. Jorge Márquez, actual ministro de Vivienda y colaborador cercano de Maduro, fue designado en 2017 por su gestión al frente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, durante la cual retiró del aire dos canales colombianos y anunció la suspensión de la señal de CNN en Español debido a su cobertura del gobierno. Ernesto Villegas, quien fue ministro de Comunicación y presidente de Venezolana de Televisión, y actualmente dirige la cartera de Cultura, también fue incluido en esa tanda de designaciones. Villegas rechazó la sanción, la consideró irrelevante y agradeció con ironía.
En 2024, tras las elecciones presidenciales en las que Maduro fue declarado ganador sin la divulgación de resultados detallados, un resultado no reconocido por la oposición, Estados Unidos sancionó a una amplia lista de individuos, incluyendo al actual ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, y al entonces titular de Comunicación, Freddy Ñañez quien expresó su orgullo por ser incluido en la lista y recientemente fue nombrado ministro de Ecosocialismo , así como a numerosos funcionarios del sistema y la justicia electoral.
Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, ya estaba sancionado desde 2017 y minimizó la medida. El Tesoro designó semanas después de la votación, en respuesta al fraude electoral , a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Rodríguez, y a numerosos magistrados, fiscales, rectores y varios dirigentes de las fuerzas de seguridad, algunos de los cuales ya no ocupan sus cargos. El TSJ, en un comunicado leído por la jueza Rodríguez, calificó las sanciones como acciones injerencistas y una nueva acción colonialista , mientras que el CNE afirmó que se trata de un intento de señalar y amedrentar a los servidores públicos.
