El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva este martes que restringe el voto por correo en las elecciones federales, en un movimiento que se enmarca dentro de su continua campaña para resaltar preocupaciones sobre posibles fraudes electorales de cara a las elecciones de noviembre.
La orden ejecutiva instruye al recientemente nombrado secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, a desarrollar un registro de votantes elegibles. Este registro se creará en colaboración con la Administración del Seguro Social, con el objetivo de proporcionar a los funcionarios electorales estatales una base de datos completa de los votantes elegibles dentro de sus respectivas jurisdicciones.
Durante la firma del documento en la Casa Blanca, Trump declaró: "Vamos a tomar datos federales y asegurarnos de que los funcionarios electorales de cada estado tengan una visión completa de quiénes son los votantes elegibles en su jurisdicción".
Según la Casa Blanca, la lista resultante se utilizará para supervisar quiénes son elegibles para recibir papeletas enviadas por correo. Esta medida busca, según la administración, fortalecer la integridad del proceso electoral.
La acción del presidente se produce después de que Trump haya expresado repetidamente dudas sobre la validez del voto a distancia desde las elecciones presidenciales de 2020, en las que fue derrotado por el demócrata Joe Biden. Trump ha mantenido consistentemente, sin presentar evidencia verificable, que el voto por correo es susceptible de fraude generalizado.
Estas afirmaciones, que han sido ampliamente desacreditadas por expertos electorales y funcionarios de ambos partidos, jugaron un papel significativo en los eventos que llevaron al asalto al Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021. El asalto, que buscaba interrumpir la certificación de los resultados electorales, resultó en muertes, heridos y daños significativos a la propiedad.
Además de la orden ejecutiva, la administración Trump también está buscando la aprobación de una legislación que requeriría que los votantes presenten una identificación como prueba de ciudadanía en las elecciones. Este esfuerzo legislativo se produce a pesar del hecho de que actualmente 36 de los 50 estados ya exigen alguna forma de identificación para votar.
Los críticos de la medida argumentan que las leyes de identificación de votantes pueden suprimir el voto, particularmente entre las minorías, los ancianos y las personas de bajos ingresos, quienes pueden tener menos probabilidades de tener una identificación válida con foto. También señalan que el fraude electoral, incluyendo el fraude relacionado con la identificación de votantes, es extremadamente raro en los Estados Unidos.
La orden ejecutiva y la propuesta legislativa han generado una fuerte reacción de los demócratas y grupos de defensa de los derechos de voto, quienes las denuncian como intentos de suprimir el voto y socavar la democracia. Argumentan que estas medidas son innecesarias y están motivadas por el deseo de Trump de sembrar dudas sobre la integridad de las elecciones y potencialmente revertir los resultados de futuras elecciones.
La Liga de Mujeres Votantes emitió un comunicado condenando la orden ejecutiva, calificándola de "ataque a la democracia" y afirmando que "el voto por correo es un método seguro y confiable para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto".
El debate sobre el voto por correo y la integridad electoral continúa siendo un tema polarizador en la política estadounidense. La orden ejecutiva de Trump y la propuesta legislativa seguramente intensificarán este debate y podrían tener implicaciones significativas para las elecciones futuras.
La administración Trump defiende sus acciones argumentando que son necesarias para proteger la integridad del proceso electoral y garantizar que solo los ciudadanos elegibles puedan votar. Sin embargo, los críticos sostienen que estas medidas son un esfuerzo encubierto para restringir el acceso al voto y favorecer al Partido Republicano.
El impacto real de la orden ejecutiva y la propuesta legislativa en las elecciones de noviembre aún está por verse. Sin embargo, es claro que estas medidas han añadido una nueva capa de complejidad y controversia al panorama electoral estadounidense. La implementación de la orden ejecutiva y el resultado de la legislación propuesta serán observados de cerca por activistas, políticos y votantes por igual. La discusión sobre la seguridad y accesibilidad del voto en Estados Unidos, sin duda, continuará en el futuro previsible.
