El subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, está reconfigurando el equipo del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, lo que ha resultado en el despido de tres funcionarias clave, incluyendo a la jefa del programa y del Plan Nacional de Búsqueda (PNB), Paulina Zamorano, quien contaba con 14 años de servicio en la cartera.
Junto a Zamorano, fueron cesadas Magdalena Garcés, coordinadora del área de búsqueda y trayectorias creada específicamente para la implementación del PNB, y Tamara Lagos, coordinadora del archivo de la unidad del Programa de Derechos Humanos. La subsecretaría justificó estas destituciones argumentando que las funcionarias eran de exclusiva confianza de la administración anterior y no presentaron su renuncia el 10 de marzo, como sí lo hicieron otros funcionarios en la misma situación.
A pesar de estos cambios, tanto el ministro de Justicia, Fernando Rabat, como el propio subsecretario Mira han asegurado que el PNB continuará en funcionamiento. Rabat había anunciado la continuidad del plan en una entrevista con El Mercurio, mientras que Mira lo reafirmó en redes sociales y durante su presentación ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
La abogada Constanza Garrido ha sido seleccionada por Mira para liderar el programa y el PNB. Actualmente, Garrido se desempeña como abogada asesora jurídica en la Fiscalía Regional Centro Norte. Antes de incorporarse al Ministerio Público, su trabajo se centró en la asesoría legal a la Iglesia en casos de abuso sexual.
Garrido fue integrante de la mesa de gestión de casos del Consejo Nacional para la Prevención de Abusos y Acompañamiento de Víctimas de la Conferencia Episcopal de Chile, gracias a su estrecha relación con la abogada experta en derecho canónico Ana María Celis. Ambas colaboraron en el Centro UC Derecho y Religión, donde Garrido fue ayudante de Celis y coautora del libro El abuso sexual en contextos eclesiales: análisis del caso chileno, aprendizajes y desafíos .
Sin embargo, la trayectoria de Garrido también incluye experiencia en el ámbito de los derechos humanos. En 2019, trabajó como abogada colaboradora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) durante casi dos años. Posteriormente, regresó al INDH en 2024, desempeñándose como abogada especialista en la Unidad de Protección de Derechos, Legislación y Justicia por poco más de un año.
Garrido posee un máster en criminología de la Universidad de Cambridge, así como un diplomado en derechos humanos, políticas públicas y litigación estratégica de la Universidad Alberto Hurtado. Su nombramiento se espera sea oficializado mañana por el subsecretario Mira, marcando su transición del Ministerio Público al gobierno para asumir la dirección de una de las áreas más sensibles del Ministerio de Justicia, que adquirió especial relevancia durante la administración anterior.
La llegada de Garrido al frente del Programa de Derechos Humanos y el PNB representa un cambio significativo en la gestión de estas iniciativas, tras el fin del gobierno del expresidente Gabriel Boric. Si bien se ha confirmado la continuidad del PNB, la nueva administración buscará implementar su propia visión y enfoque a través de la dirección de Garrido y su equipo. La experiencia de Garrido en diversas áreas, incluyendo el derecho canónico, la asesoría a la Iglesia en casos de abuso sexual y su trabajo en el INDH, le otorga una perspectiva amplia y diversa para abordar los desafíos que implica la gestión de los derechos humanos en Chile.
La decisión de reemplazar a las funcionarias de confianza de la administración anterior es una práctica común en los cambios de gobierno, pero ha generado debate en algunos sectores, quienes cuestionan la estabilidad y continuidad de los proyectos en materia de derechos humanos. La subsecretaría ha defendido estas medidas argumentando que son necesarias para alinear el equipo con las prioridades y políticas del nuevo gobierno.
El futuro del PNB y del Programa de Derechos Humanos dependerá en gran medida de la capacidad de Garrido para liderar el equipo, implementar las políticas del gobierno y mantener el compromiso con la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de violaciones a los derechos humanos. La oficialización de su nombramiento mañana marcará el inicio de una nueva etapa para estas importantes iniciativas en Chile.
